La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas investiga a 20 personas en Lanzarote por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, relacionados con la construcción ilegal de viviendas y complejos recreativos en suelos protegidos. Las actuaciones, lideradas por el Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA), se centran en los municipios de Haría y Tías, donde se han realizado 42 inspecciones en edificaciones irregulares. 

Según informa Europa Press, los investigados se enfrentan a penas de prisión de uno a tres años, multas de hasta 24 meses y la obligación de demoler las estructuras y restaurar el terreno.

El operativo se activó tras detectarse la proliferación de construcciones en zonas ambientalmente sensibles, donde este tipo de usos está expresamente prohibido. Estas prácticas no solo violan la normativa urbanística, sino que generan daños irreparables en ecosistemas frágiles, como la pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos agrícolas y la alteración del paisaje natural, característico de Lanzarote. La colaboración de la Agencia Canaria del Medio Natural y del Área de Urbanismo de Haría ha sido clave para documentar los casos y avanzar en las pesquisas.

Este fenómeno no es aislado. Lanzarote arrastra una historia de conflictos urbanísticos, ejemplificada por casos como la "Operación Yate", que en 2015 reveló una trama de corrupción con licencias ilegales para hoteles y viviendas. La actual investigación forma parte de una estrategia más amplia para frenar la especulación y proteger el 30% del territorio insular catalogado como espacio natural protegido. El SEPRONA ha anunciado una segunda fase de inspecciones, lo que podría incrementar el número de imputados.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar la legalidad de los proyectos antes de construir, acudiendo a los servicios de urbanismo municipales. Mientras, la presión sobre el frágil ecosistema canario sigue siendo un desafío, con más de 12.000 camas turísticas ilegales documentadas en la última década. La resolución de estos casos marcará un precedente en la lucha por equilibrar el desarrollo y la conservación en la isla.