Durante los primeros cuatro meses de 2025, Euskadi registró 1.880 denuncias por agresiones contra mujeres, lo que representa un descenso del 5% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 1.975 casos. 

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Según informa Europa Press, este dato, proporcionado por el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, refleja una leve mejora en un contexto marcado por esfuerzos institucionales para combatir la violencia de género, aunque persisten desafíos estructurales en materia de seguridad y prevención.

Los delitos contra la libertad sexual experimentaron una reducción marginal del 0,4%, con 219 denuncias entre enero y abril. 

No obstante, este descenso no fue uniforme en los tres territorios históricos: Bizkaia registró un aumento del 29% en este tipo de agresiones (de 100 a 129 casos), mientras que Álava reportó un incremento del 8% (de 25 a 27). Por el contrario, Gipuzkoa observó una caída del 34% (de 95 a 63 casos). 

En cuanto a la violencia ejercida por parejas o exparejas, se documentaron 1.322 denuncias, un 5,3% menos que en 2024, con reducciones significativas en Bizkaia (-9,5%) y Gipuzkoa (-2%), pero un leve repunte en Álava (+0,8%).

La violencia intrafamiliar (ejercida por familiares no parejas) también disminuyó un 6,3%, con 339 víctimas frente a las 362 del año anterior. 

Estas cifras se enmarcan en un escenario de políticas activas, como las subvenciones de 300.000 euros destinadas en 2025 a programas de sensibilización y prevención, y la implementación de protocolos locales contra la violencia machista en municipios vascos. 

Además, el sistema sanitario ha reforzado la formación de más de 20.000 profesionales en detección temprana, un factor clave para reducir riesgos de feminicidios.

Aunque el descenso es alentador, la tasa de victimización sigue siendo elevada: 57,9 casos por cada 10.000 mujeres en 2023. 

Estudios recientes destacan que el 20,3% de las víctimas sufren agresiones recurrentes, un fenómeno que requiere intervenciones personalizadas. 

La coordinación entre instituciones, la mejora en la recopilación de datos y la atención a colectivos vulnerables —como mujeres migrantes o con discapacidad— se perfilan como ejes prioritarios para consolidar esta tendencia a la baja.

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