La Policía Nacional desarticuló una asociación cannábica en Murcia tras recibir múltiples denuncias vecinales por el constante trasiego de personas y la inseguridad generada en la zona. El local, ubicado en la calle Ricardo Gil, operaba como punto de venta ilícito de cannabis y alimentos enriquecidos con tetrahidrocannabinol (THC), según confirmaron las investigaciones. Según informa Europa Press, durante el registro, se incautaron casi 600 gramos de cogollos de marihuana, 230 gramos de hachís y una variedad de productos alimentarios adulterados, como caramelos, gominolas, sirope, mantequilla y aperitivos. Estos artículos carecían de los controles sanitarios y regulatorios necesarios, lo que aumentaba los riesgos para los consumidores.

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La ubicación del establecimiento, próxima a un colegio y un centro de actividades educativas, exacerbó la alarma social. Los agentes destacaron que el perfil de los clientes incluía a personas ajenas a la asociación, lo que evidencia su uso como centro de distribución masiva. Los detenidos —una mujer de 31 años y un hombre de 41— fueron acusados de tráfico de drogas y puestos a disposición judicial para la adopción de medidas cautelares.

Este caso refleja un patrón recurrente en la región: en marzo de 2024, otra asociación similar en Cartagena fue clausurada por cuarta vez tras vender estupefacientes cerca de zonas escolares. La estrategia de camuflar la venta de drogas bajo entidades legales preocupa a las autoridades, ya que dificulta la detección y normaliza el acceso a sustancias psicoactivas, especialmente entre jóvenes.

La calle Ricardo Gil, donde se ubicaba el local intervenido, alberga también organizaciones legítimas como Accem —dedicada a apoyo migratorio— y FUNDOWN —centrada en discapacidades—, lo que ha generado preocupación entre estas entidades por posibles afectaciones a su reputación. Los vecinos, por su parte, celebraron el operativo pero exigieron mayor vigilancia para evitar la reapertura de establecimientos ilegales.

Este incidente subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre las asociaciones cannábicas y regular la comercialización de productos con THC, cuya proliferación sin supervisión representa un desafío para la salud pública y la seguridad ciudadana.

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