La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real celebrará el próximo 12 de junio de 2025 el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en Alcázar de San Juan.

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El Ministerio Fiscal solicita ocho años de prisión para el procesado, identificado como P.I.G., por un delito de agresión sexual cometido en julio de 2021, según informó Europa Press.

Según el escrito de acusación, el acusado trasladó a la víctima en su vehículo a una zona aislada de la localidad, donde la sacó por la fuerza y intentó violarla. La Fiscalía detalla que el hombre advirtió a la mujer: «No podrá hablar ni gritar porque nadie la va a oír», antes de desnudarla y someterla a actos sexuales no consentidos.

Aunque no logró la penetración debido a «causas médicas ajenas a su voluntad», persistió en la agresión mediante tocamientos y otras acciones vejatorias.

La violencia se interrumpió únicamente cuando la víctima logró resistirse físicamente. El informe médico posterior confirmó lesiones compatibles con la denuncia, así como secuelas psicológicas que justifican una indemnización de 4.000 euros por daños morales.

La Fiscalía enfatiza el carácter premeditado del acto, al elegir un lugar despoblado para asegurar la impunidad, y reclama medidas cautelares adicionales: prohibición de comunicación con la afectada durante seis años, libertad vigilada y participación obligatoria en programas de reeducación sexual e igualdad.

Este caso se enmarca en un patrón recurrente en la provincia, donde en los últimos cuatro años se han registrado al menos cinco condenas similares por delitos sexuales, con penas que oscilan entre cuatro y once años de cárcel.

Expertos jurídicos subrayan que la agravante de alevosía —utilizada aquí por el aislamiento de la víctima— incrementa sistemáticamente las penas en este tipo de delitos, aunque critican la demora procesal: el hecho ocurrió hace casi cuatro años.

Organizaciones feministas de Castilla-La Mancha han exigido medidas preventivas más estrictas, como ampliar la vigilancia en zonas de ocio nocturno y agilizar los protocolos de atención a víctimas.

Mientras tanto, el juicio del 12 de junio constituirá un precedente relevante para casos futuros en la región.

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