RTVE continúa siendo un coladero de gastos sin que nadie pueda hacer algo por evitarlo. Ni siquiera la Ley de Transparencia, esa que nació para que los ciudadanos pudieran preguntar a las instituciones públicas cualquier información que consideraran relevante, ni siquiera la ley ha podido con la Corporación. De RTVE sólo sabemos que para 2017 contempla unos ingresos de 975,1 millones de euros (-0,2% menos que en 2016), de los cuales 920,14 son subvenciones de explotación. Esta partida incluye los 343,60 millones de euros que el Estado aporta de manera directa, la recaudación de la tasa radioléctrica (unos 380 millones) y las tasas de los operadores de telecomunicaciones y  televisiones (alrededor de 197 millones).

Ya está. No podemos saber más. Como ciudadanos de a pie, como responsables últimos de ese presupuesto, no tenemos derecho a descubrir qué partidas tienen estipuladas para cada una de sus cadenas. Vamos, no es posible saber algo tan sencillo como qué nos cuesta La 1, La 2, Teledeporte, el Canal 24 horas o Clan. Por supuesto, tampoco podemos conocer el gasto que supone cualquier programa al azar. Eurovisión, por ejemplo. Un programa que siempre está en la picota y que trae por la calle de la amargura a los gestores, a los directores  y a los eurofans, sobre todo a aquellos que no están satisfechos con la elección del representante.  De hecho todavía colea por los Juzgados el tema del presupuesto de Eurovisión 2015, la Audiencia Nacional le dio la razón al ciudadano que quería saber los costes de la participación de España en el festival.  RTVE se ha enrocado y espera fallo del Supremo.

Respecto al tema del desglose de gastos de RTVE,  la Audiencia Nacional ha confirmado el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid que dio la razón a RTVE cuando recurrió el dictamen del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que obligaba a la Corporación a que facilitase el coste de cada uno de sus canales de televisión.

Según la sentencia, queda claro en autos que la contabilidad de RTVE, conforme al art.37.5 de la Ley 17/2006 o del art.43 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo, “no exige que se realice por canales de televisión, pudiendo existir costes comunes a los mismos, y costes de difícil concreción en la contabilidad de RTVE».

Una respuesta que resulta increíble puesto que los gestores de la Corporación deberían saber qué les cuesta cada canal y que partidas del presupuesto asignan a cada uno, aunque compartan gastos. Hay dos opciones: o no saben o no quieren desvelar las cifras. Cada uno que se aferre a la que considere oportuna.

¿Qué hacen las cadenas privadas?

Si sirve de ejemplo, fuentes de Mediaset , empresa que cuenta con siete canales diferentes que en muchos casos comparten costes, confirman que saben perfectamente “qué cuesta cada canal y la partida que cada uno tiene asignada”. La misma situación confiesan desde Atresmedia. En el fondo, nada que un buen gestor no esté obligado a tener controlado.

En Mediaset y Atresmedia confirman que saben perfectamente qué cuesta cada canal

En el caso de RTVE, siempre según el fallo, parece que no tienen esos datos y no tienen por qué ponerse a echar cuentas. «La Corporación de Radio Televisión Española no está dividida en canales y los distintos contenidos audiovisuales que produce o adquiere, se pueden emitir simultáneamente en varios (canal 24 h y TVE 1), o varias veces en el mismo canal o en otros, o a través de otros medios de difusión (internet, RTVE a la carta). RTVE destina sus medios personales y materiales bien para adquirir contenidos, bien para producirlos y los distribuye entre sus distintos canales de televisión, radio o internet, por lo que los costes de actividad que contabiliza no están distribuidos por canales. Además, la Corporación incurre en otros costes que podrían calificarse de generales y que afectan a su actividad en conjunto como son costes de administración, cargos directivos, mantenimiento, seguridad… que tampoco se desglosan por canales. En definitiva, que para determinar el coste de cada canal no bastaría con buscar entre las cifras contenidas en la contabilidad, pues no aparecen desglosadas por canal, sino que habría que realizar una tarea no fácil para obtener unas cifras que a día de hoy no se tienen. Habría que reelaborar la contabilidad, pero esta vez no unitariamente sino por canales, con la enorme dificultad que ello supondría».

La de RTVE es una de tantas denuncias de ciudadanos recibida en el Consejo de Transparencia que ha terminado ante los tribunales desde su nacimiento en 2015. Denuncias que si se presentan contra un ministerio o contra empresas u otras entidades del sector público, obligan a contratar abogados privados, puesto que la Abogacía del Estado representaría a los demandantes y se producía un conflicto de intereses. En resumen más gasto público en una época de recortes.