Desde 2007, cuando el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó «el secuestro» del último número de la revista satírica El Jueves por injurias al entones sucesor de la Corona, no se había producido en España ningún secuestro literario. Más de una década después, Fariña se suma a esa lista. El secuestro cautelar del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero sobre la historia del narcotráfico gallego, por orden de una jueza de Collado Villalba (Madrid), se une así a la lista de publicaciones que han sido secuestradas o de las que se ha prohibido su impresión.

Revistas, periódicos y semanarios son los más numerosos en la lista de secuestros judiciales, una medida que, desde la Transición, solo ha afectado a seis libros, incluido Fariña. Así, en plena Transición, tras la muerte del general Franco, varias publicaciones fueron objeto de secuestro por órdenes judiciales como el semanario «Cambio 16», secuestrado judicialmente al menos en cinco ocasiones y objeto de censura en otras tantas.

El semanario Interviú fue secuestrado en al menos ocho ocasiones

En 1979 dos ediciones del diario madrileño El Alcázar fueron secuestrados por orden judicial. El semanario satírico El Cocodrilo también fue secuestrado en otras dos. La publicación de un reportaje sobre la planificación del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 motivó la detención de unas horas por parte de la policía de la edición del día 30 de abril de 1981 del periódico Diario 16.

Este rotativo ya había sido secuestrado con anterioridad en junio de 1977 a raíz de una denuncia de Manuel Fraga Iribarne por un artículo sobre su persona, que consideró injurioso. El semanario Interviú fue secuestrado en al menos ocho ocasiones. La primera en diciembre de 1976 por un artículo escrito por José Luis de Vilallonga sobre las finanzas de la familia Franco.

En mayo de 1980 el número 696 de la revista ultraderechista «Fuerza Nueva» fue secuestrado por un presunto delito de injurias al rey. El semanario humorístico El Papus fue secuestrado en dos ocasiones, en 1975 y en 1976. El diario Egin, que más tarde fue clausurado por orden judicial, sufrió frecuentes cierres y secuestros, justificados en su mayoría por apología del terrorismo.

Asimismo, la revista Punto y hora de Euskalerría, perteneciente a la misma empresa del diario Egin, fue parcialmente secuestrada en varias ocasiones, en los ochenta. El semanario «Sábado Gráfico» fue secuestrado varias veces. Y «El Correo de Andalucía» lo fue en octubre de 1978 por la publicación de unas declaraciones del abogado Salazar Murillo, procesado bajo la acusación de facilitar herramientas para abrir celdas a su defendido.

En noviembre de 2000, un juez de Alcobendas secuestró un número de la revista Dígame editada por el abogado, Emilio Rodríguez Menéndez, por un presunto delito contra la intimidad y el honor de Malena Gracia. Y el último tuvo lugar el 20 de julio de 2007 cuando, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó «el secuestro» del último número de la revista satírica «El Jueves» por injurias al sucesor de la Corona, ya que publica una caricatura «denigrante» de los Príncipes de Asturias manteniendo relaciones sexuales.

Libros secuestrados

En cuanto a los libros, la lista de secuestrados es menor. Así, el 23 de diciembre de 1991, el Ayuntamiento de Luque (Córdoba) cumplimentó la orden de secuestro de ejemplares no distribuidos de un libro en el que aparecía un trabajo sobre la Guerra Civil española, entregando en el Juzgado de Instrucción de Baena los cinco ejemplares que quedaban en el depósito municipal. El libro, editado por el Ayuntamiento como «Luque Estudios Históricos», fue distribuido casa por casa de manera gratuita. La medida adoptada fue consecuencia de las diligencias previas abiertas por la denuncia de un particular, Alfonso López Ontiveros, hijo de una persona a la que se le imputa supuestamente la muerte a sangre fría de un vecino.

En mayo de 1993 el titular del juzgado de instrucción número 3 de Murcia, Hilario Saez, ordenó el secuestro del libro Aquellos años, del ex-secretario general de la Presidencia del Gobierno Julio Feo, a raíz de la querella presentada por María José Alemán, ex-esposa del entonces alcalde de Murcia, que se consideraba injuriada por el contenido del libro.

La Audiencia Provincial de Murcia levantó el secuestro cuatro meses después. A finales del 2000, un juez dicto una sentencia que condenaba al periodista Juan Ignacio Blanco, a indemnizar a Rosa Folch y a «retirar de la circulación» el libro ¿Qué pasó en Alcácer?. Blanco fue el periodista que propagó junto a Fernando García -padre de una de las tres víctimas del crimen de Alcàsser- extravagantes teorías sobre los asesinatos de las adolescentes Míriam García, Antonia Gómez y Desirée Hernández, y publicó un libro sobre el tema. Rosa Folch, madre de Desirée Hernández, inició acciones legales contra Blanco por considerar que había vulnerado el derecho a la intimidad de ella y de su hija. No obstante, el libro no se podía encontrar en las tiendas, pero sí en internet.

En julio de 2005 un juzgado de primera instancia de Barcelona ordenó secuestrar los 8.000 ejemplares que habían salido de la imprenta del libro del periodista Wayne Jamison, a petición de la productora de «Operación Triunfo», Gestmusic, que alegó que la publicación lesionaba el honor y la buena fama del concurso.

El 18 de octubre de 2006, el Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona dictó un auto de suspensión cautelar de la venta de la biografía de Joaquín Sabina, escrita por el propio cantante y por Javier Fernández Flores, por entender que podía haber «una supuesta colisión sobre la titularidad de los derechos de este libro».

La suspensión del libro, Yo también sé jugarme la boca. Sabina en carne viva, se producía tras la denuncia presentada por Random House-Mondadori, ya que este grupo considera que es el titular de los derechos de la obra sobre Joaquín Sabina.