Giro de guion de calado en el conflicto urbanístico más longevo de Barcelona. La Junta Constructora de la Sagrada Familia ha dado este martes un paso atrás en sus pretensiones históricas de abrir un gran paseo peatonal hasta la avenida Diagonal y ha planteado una solución de mínimos para poder edificar la monumental escalinata de la fachada de la Gloria, el acceso principal diseñado por Antoni Gaudí. Según ha anunciado el patronato en la rueda de prensa previa a las fiestas de La Mercè, ya no será necesario derribar dos manzanas completas ni derruir unas 200 viviendas como se contemplaba en las negociaciones previas: bastará con demoler un único bloque residencial, el construido por Núñez y Navarro en la acera opuesta de la calle Mallorca.
Para amortiguar el impacto social de la medida y desbloquear una pugna que se prolonga desde hace más de medio siglo, el templo propone reubicar a las familias afectadas, alrededor de 90 viviendas repartidas en dos portales, en un solar propiedad de la propia Junta Constructora situado en la manzana contigua.
"Tenemos un espacio en la manzana de al lado donde se puede trasladar este mismo bloque", ha afirmado el director general del patronato, Xavier Martínez, quien ha calificado ese edificio como "el impedimento para poder acabar la Sagrada Familia". Martínez ha aseverado que las conversaciones con el Ayuntamiento y los vecinos registran "principios de acuerdo", aunque ha trasladado la presión al gobierno municipal de Jaume Collboni: "Estamos esperando que el Ayuntamiento mueva ficha".
La pelota, en el tejado de Collboni
La propuesta de la Sagrada Familia supone un movimiento estratégico que pasa la pelota al consistorio. Al limitar las demoliciones imprescindibles al edificio de Núñez y Navarro para encajar la escalinata sobre la calle Mallorca, el patronato deja en manos del Ayuntamiento la decisión de si conviene expropiar o no edificios adyacentes adicionales para dar más visibilidad y perspectiva al templo.
El movimiento ha tomado por sorpresa a los colectivos vecinales. Hace apenas unos meses, la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, trabajaba sobre la base de un plan para remodelar el Plan General Metropolitano (PGM) de 1976 y recortar el impacto original (que afectaba teóricamente a más de un millar de inmuebles) hasta fijarlo en cerca de 200 viviendas.
En declaraciones recogidas por Clara Blanchar en el diario El País, el presidente de la Asociación de Afectados por la Sagrada Familia, Salvador Barroso, ha calificado la propuesta del patronato de "contradictoria respecto a lo pactado en verano con el Ayuntamiento" y considera que el anuncio "no es creíble", alertando de que se vuelve "a la casilla de salida". Por su parte, Gabriel Mercadal, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio, ha valorado positivamente que las afectaciones se reduzcan a 90 familias, si bien ha recordado que la última palabra es municipal: "La Sagrada Familia tiene el espacio, pero no tiene la licencia para hacer nada".
Un conflicto heredado del franquismo
El nudo gordiano del templo se remonta a la época del alcalde franquista Joaquín Viola, cuando el consistorio autorizó a la promotora Núñez y Navarro la edificación de 99 viviendas, locales y aparcamientos justo enfrente de donde debía ir la entrada principal de la basílica, otorgándoles entonces un derecho de suelo a 50 años. Transcurrido ese plazo y aceleradas las obras por el boom turístico tras los Juegos Olímpicos de 1992, la coexistencia entre vecinos y las pretensiones de la Junta se volvió insostenible.
Los sucesivos alcaldes de la ciudad han intentado encauzar el problema con éxito desigual. Jordi Hereu tanteó las primeras expropiaciones con una aportación inicial del patronato de 30 millones de euros, considerada insuficiente por el municipio. Xavier Trias puso sobre la mesa hasta ocho alternativas urbanísticas sin llegar a un consenso. Por su parte, Ada Colau regularizó las licencias de la obra en 2018 mediante un pacto por el que la basílica aportó 36 millones de euros para la movilidad del entorno, aunque postergó la resolución de la fachada de la Gloria.
Con la llegada de Jaume Collboni a la alcaldía, el Ayuntamiento asumió el compromiso de alcanzar un "acuerdo definitivo" durante este mandato bajo el principio de que la Junta Constructora sufrague íntegramente las expropiaciones y traslados, garantizando el derecho a la vivienda.
Mando en plaza para completar la basílica en diez años
Pese a que la escalinata y la plaza volada sobre la calle Mallorca continúan pendientes del planeamiento urbanístico municipal, la Junta Constructora no ha detenido los trabajos. El templo dispone de licencia de obras para acometer la "verticalidad" del acceso principal, es decir, todo lo que no sobresalga del perímetro del solar actual.
El presidente del patronato, Esteve Camps, ha confirmado que ya se trabaja en el alzado de los cuatro campanarios de la fachada de la Gloria. Según las previsiones del arquitecto director, Jordi Faulí, y del propio Martínez, un horizonte de diez años "sería más que suficiente" para culminar definitivamente la totalidad de la Sagrada Familia.
Mientras tanto, los esfuerzos del taller de arquitectura se centran en el interior de la recién completada Torre de Jesús –consagrada por el papa León XIV el pasado 10 de junio en el acto central del centenario de la muerte de Antoni Gaudí–, donde se instala un mural de más de 50.000 piezas para representar el firmamento. Asimismo, avanzan las obras de la capilla de la Assumpta, ornamentada con nuevas esculturas de San José, San Roque y los ángeles que sostendrán el manto de la Virgen.
El tirón del año Gaudí ha disparado el interés ciudadano: para las jornadas de puertas abiertas con motivo de las fiestas de La Mercè de este mes de septiembre se han inscrito 133.000 personas en el sorteo de entradas, un 36% más que el año anterior. Además, en lo que va de 2026, los visitantes nacionales (400.000) han superado por primera vez en años a los turistas estadounidenses al frente del flujo de visitas del templo.
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