El Museo del Prado ha reunido por primera vez el retrato original de La marquesa de Santa Cruz, pintado por Francisco de Goya en 1805, con una de las copias encargadas durante el franquismo, cuando el régimen se planteó regalar la obra a Adolf Hitler. La instalación coincide con el 40 aniversario de su regreso a España, culminación de una operación jurídica y diplomática que marcó un precedente en la defensa del patrimonio.

El cuadro muestra a Joaquina Téllez Girón (1784-1851), aristócrata ilustrada, recostada con una lira, en una actitud parecida a las majas para las que posó la XIII duquesa de Alba. La escena, concebida como alegoría de la música, quedó atrapada en 1941 en una negociación política. Según la documentación conservada, el régimen de Francisco Franco estudió entregarlo a Hitler en un contexto de simpatía mutua e intercambios simbólicos entre ambos gobiernos en plena Segunda Guerra Mundial. Una carta del 26 de mayo de ese año lo dejaba por escrito: “S.E. el Generalísimo desea hacer un regalo de importancia a Hitler y que la atención del enviado del führer se fijó en la Marquesa de Santa Cruz”.

El interés nazi se había activado un año antes, durante la visita a Madrid de Heinrich Himmler. El jefe de las SS recorrió el Prado y se detuvo en el retrato, no tanto por su composición como por el adorno de la lira. Fue interpretado como una cruz gamada, aunque los conservadores precisan que se trata de un motivo de origen etrusco –o, según otras lecturas, un lauburu– vinculado a símbolos solares.

Un destino azaroso

El regalo no llegó a materializarse. El museo sitúa esa decisión en el cambio de rumbo de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto internacional posterior a 1942. Para entonces, el régimen ya había pagado 1,5 millones de pesetas a los propietarios y había encargado por 9.000 pesetas tres copias al pintor Francisco Núñez Losada como compensación. De esas versiones, solo una se conserva con certeza y es la que ahora se expone junto al original.

La trayectoria posterior del lienzo se desplaza del terreno político al mercado clandestino. En 1983, los propietarios lo vendieron por 25 millones de pesetas con la condición de que no saliera de España. La cláusula no se cumplió. El cuadro salió del país con documentación falsificada, pasó por Zúrich y fue ofrecido al Museo Getty de Los Ángeles por 12 millones de dólares. La institución rechazó la compra al conocer el origen ilícito.

La obra reapareció en Londres, consignada para subasta en Christie’s en abril de 1986. El Ministerio de Cultura inició entonces una acción judicial en la High Court. El equipo jurídico argumentó que los permisos de exportación eran falsos y que su uso causaba un perjuicio económico al Estado español. El juez británico aceptó ese razonamiento basándose en un precedente de 1861, lo que debilitó la posición de los vendedores y abrió la vía a una negociación.

La copia que envejeció peor que el original

El 9 de abril de 1986 se firmó la adquisición por seis millones de dólares, la mitad del valor estimado. La operación se hizo por medio de financiación pública y aportaciones privadas, coordinadas por la Fundación de Apoyo a la Cultura. Días después, el cuadro regresó a Madrid. El Gobierno lo declaró Bien de Interés Cultural e inexportable mediante real decreto.

El caso evidenció las limitaciones de la legislación de la época y motivó el reforzamiento de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que establece que los bienes exportados sin autorización pertenecen al Estado. Desde entonces, el Prado ha mantenido la obra en exhibición permanente.

La instalación actual coloca frente a frente el original y una de sus copias. La comparación es material: el primero conserva la luminosidad y la precisión del trazo; la segunda acusa el amarilleo del tiempo. Ambas reproducen la misma figura –serena, reclinada– ajena a la secuencia de decisiones políticas, ventas irregulares y litigios internacionales que han determinado su recorrido durante dos siglos.