La compra del Archivo Vicente Aleixandre para su custodia y conservación en alguna de las instituciones culturales españolas continúa siendo de interés para el Gobierno, que ha «estado y sigue estando interesado», si bien reconoce que por el momento es «inviable manifestarse en cualquier sentido» respecto a esta compra debido al desconocimiento «a ciencia cierta» del contenido del legado.

El Ejecutivo, en una respuesta escrita recogida por Europa Press a la pregunta de varios diputados de Vox respecto a la actual situación y posible adquisición de este archivo, ha afirmado que podría contar con 1.500 documentos y más de 1.000 cartas pertenecientes al poeta Premio Nobel de Literatura.

Según ha apuntado el Gobierno, explica el Estado ha realizado un seguimiento desde 2008 «por diversas vías» para intentar conocer el contenido y la situación del fondo documental del Nobel español, una vez que se hizo pública la demanda de Amaya Aleixandre (sobrina del autor) ante el Juzgado de Primera Instancia de Majadahonda (Madrid) para recuperar ese legado.

También se produjo la ruptura del acuerdo de compraventa al que había llegado el matrimonio Bousoño-Crespo, los poseedores del archivo personal del poeta, con la Diputación Provincial de Málaga y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por una cantidad próxima a los cinco millones de euros.

En octubre del año 2021, su propietaria (Ruth Crespo, viuda de Carlos Bousoño) incluso sugirió la posibilidad de que el Archivo pudiese ser adquirido por el empresario Amancio Ortega.

«A pesar de la innegable importancia del legado del poeta, muy poco es lo que se conoce a ciencia cierta de su contenido, salvo lo publicado por Carlos Bousoño en un artículo en La Nueva España, en el que realizaba una especie de inventario sucinto del mismo», ha lamentado el Gobierno.

Biblioteca con más de 3.000 títulos

En ese artículo se hablaban de datos como el de la biblioteca – con más de 3.000 títulos -, la correspondencia con literatos de la Generación del 98, con los compañeros de la Generación del 27 y con destacados poetas y escritores de las generaciones de postguerra, además de una serie de cuadros y obras de arte.

«Varias han sido las instituciones que han pretendido en vano la adquisición del archivo de Aleixandre, entre otras la propia Biblioteca Nacional de España (BNE), y conocer el contenido del mismo, el cual no ha podido ser conocido ni tan siquiera por la Comunidad de Madrid», ha señalado.

De hecho, ha recordado que se produjeron varias reuniones entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y representantes del por entonces Ministerio de Educación Cultura y Deporte, interesados en la adquisición del inmueble ‘Velintonia’ y de su legado bibliográfico y documental.

Posteriores reuniones, en fechas más recientes, han confirmado «la inexistencia de novedades en lo relativo al conocimiento del contenido del legado, condición ‘sine qua non’ para manifestarse en cualquier sentido respecto a la posible adquisición del mismo».

Una valoración que no es «razonable»

El Ejecutivo entiende que la valoración realizada en su día por las instituciones culturales andaluzas para su adquisición para el Centro Cultural de la Generación del 27 «no se considera en principio razonable» y, en consecuencia, requiere de una nueva y «rigurosa» evaluación de su contenido.

El reciente fallecimiento del profesor e investigador malagueño don Julio Neira Jiménez, el pasado 7 de mayo – uno de los pocos conocedores del contenido del legado, al haber participado en la negociación para su adquisición por las instituciones malagueñas -, «hace más necesario todavía el conocimiento detallado» de su contenido y su peritación por técnicos de instituciones culturales públicas.

«El Gobierno ha estado y sigue estando interesado en la adquisición del Archivo Vicente Aleixandre para su custodia y conservación, una vez que se produzca el análisis de su contenido y su posterior tasación, así como el ofrecimiento formal de su venta al Estado, a la Comunidad de Madrid o a algunas de las otras Administraciones culturales del Estado español que permitan su adecuada conservación, la difusión de su contenido y su acceso y utilización por los investigadores», ha concluido.