El Ministerio de Sanidad ha respondido a la petición que le hizo la Comunidad de Madrid para hacer test rápidos de antígenos en las farmacias que autorizarlo es competencia de las comunidades, pero le recuerda que solo deberían hacerse en casos de cribados selectivos y nunca a demanda de los ciudadanos.

Así consta en la misiva que ha remitido este mismo jueves Salvador Illa al consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero y a la que ha tenido acceso Efe, en la que el ministro le expone las principales conclusiones a las que ha llegado su departamento sobre el plan que le presentó esta comunidad para hacer antígenos en su red de oficinas de farmacia.

Según recuerda, la sensibilidad y especificidad de este tipo de pruebas «solo son esperables» si se siguen las instrucciones de uso establecidas por el fabricante, que contemplan su realización a personas sintomáticas, contactos estrechos de casos confirmados asintomáticos y personas sin síntomas en zonas de alta transmisión y riesgo epidemiológico.

De esta forma, la propuesta madrileña de usar las farmacias «seleccionando exclusivamente a la población en función de criterios» establecidos por su Dirección General de Salud Pública «podría ser considerada, en este sentido, como una medida extraordinaria, siempre que esta participación de las oficinas forme parte de una actuación de cribado poblacional selectivo en el contexto de un programa de Salud Pública de la Comunidad».

En este sentido, Illa reconoce «el trabajo realizado por la CAM en el desarrollo de procedimientos y protocolos» para practicar este tipo de pruebas en las farmacias.

Pero apunta que, de acuerdo con esta estrategia, los estudios de cribado solo deberían considerarse en situaciones de alta transmisión en un área determinada o en la población diana del mismo, y que solo se utilizarían antígenos «si los recursos de PCR estuvieran limitados».

Con lo que otros supuestos como la «participación a demanda para cualquier ciudadano» que le planteó Madrid «no estarían recogidos» en la última actualización de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de la Covid-19, del pasado 18 de diciembre.

No obstante, «en la medida en que la competencia en relación con la organización de las oficinas de farmacia corresponde a las comunidades autónomas (…), la autorización para la realización de pruebas diagnósticas de infección activa de SARS-Cov-2 en las oficinas de farmacia recaería en las comunidades autónomas», precisa la carta que finaliza agradeciendo el trabajo que está haciendo la región en la respuesta contra la pandemia.