El pasado mes de marzo, el Gobierno aprobó los créditos ICO extraordinario por coronavirus. Estos buscaban aportar liquidez a las empresas que, bien por tener que cerrar de forma oblitatoria o bien por la bajada de ingresos, no estaban pudiendo hacer frente a sus pagos.
Ahora, medio año después, la situación parece no mejorar y, para muchos negocios, las condiciones de los préstamos no se ajustan a la realidad. Así lo denuncia PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) que ya ha solicitado al Ejecutivo que estudien soluciones.
Más de la mitad de las empresas no pagarán a tiempo o no saben si podrán hacerlo
Los periodos de carencia de estos créditos no finalizan hasta 2021 pero, aún así, el 28% de las pymes no van a poder hacer frente a estos pagos. Además, este porcentaje podría aumentar ya que hay un 26,5% de estas empresas que no saben si podrán pagar en los plazos indicados. Así lo reflejan los datos obtenidos en una de las últimas encuestas realizada por la patronal catalana y que no dan pie al positivismo.
Por ello, piden que se lleven a cabo medidas para hacer frente a este problema. De esta forma, proponen aumentar hasta los seis años, siendo los dos primeros de carencia, el plazo de devolución de estos créditos ICO y del ICF-Avalis. Este sería uno de los pasos para adaptar las condiciones y requisitos a la situación derivada de la pandemia, aunque no debería ser el único según PIMEC. También sugieren, por ejemplo, apostar por las soluciones de refuerzo de fondos propios.
La morosidad aún podría aumentar
La patronal catalana se basa, en especial, en las perspectivas de los analistas y del propio Banco de España. Si bien en un principio, cuando se aprobaron los créditos, se pensó en que la crisis duraría menos tiempo, el paso de los meses está demostrando que, de momento, las condiciones no son las óptimas para que se sigan manteniendo las mismas condiciones.
De hecho, el BdE ya ha advertido de que la morosidad podrá aumentar en los próximos meses, ya que es probable que sigan aumentando los impagos. De esta forma resultará imposible que las empresas, especialmente los autónomos y las pequeñas compañías, puedan hacer frente a los plazos y tiempos indicados.
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