Seguridad Social recauda 250 millones adicionales por la regularización de las cuotas de los autónomos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este martes el Informe sobre la ejecución presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto de las AAPP 2026. En el documento, el organismo supervisor actualiza sus previsiones macroeconómicas y fiscales de acuerdo con los últimos datos de contabilidad nacional y de ejecución presupuestaria disponibles y las nuevas medidas adoptadas por los gobiernos.

Entre las medidas que recoge el informe se encuentra el proceso de regularización de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos correspondiente al ejercicio 2024 y que se ha llevado a cabo en el primer trimestre de 2026. Es decir, el ajuste de cuentas que realiza la Seguridad Social una vez cruzados los datos con la Agencia Tributaria, donde se devuelven o reclaman cuotas en función de si el tramo de rendimientos netos definitivo del autónomo estuvo por debajo o por encima de las previsiones declaradas durante el año 2024.

Pues bien, la AIReF calcula que la regularización de las cuotas de los autónomos en 2024 "ha generado unos ingresos adicionales cercanos a 250 millones de euros" al Ministerio de Seguridad Social.

El "sablazo" de las cuotas en 2026

En 2022, el Gobierno, los sindicatos y las principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) alcanzaron un acuerdo histórico para implantar un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales. Este modelo, aprobado en el Congreso con 260 votos a favor, se diseñó con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032, con el objetivo de aproximar las aportaciones a los rendimientos efectivos y mejorar la protección social del colectivo, reduciendo la brecha histórica de las pensiones de los autónomos frente a las de los asalariados.

En 2024 y 2025 no hubo problemas. Sin embargo, la propuesta de subida para 2026 presentada por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en octubre de 2025 generó un rechazo frontal y una intensa controversia.

La ministra planteaba una subida generalizada de las cuotas de los autónomos de entre 200 y 2.500 euros anuales y una senda ascendente hasta 2028. La propuesta fue tildada como un "sablazo" por el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor. Además, las organizaciones de autónomos reclamaban que las subidas debían ser progresivas según el nivel de ingresos, graduales y revisables cada tres años. Aspectos que no cumplía la primera propuesta.

Y a estas críticas se sumó un rechazo político casi unánime en el Congreso de los Diputados, donde formaciones como el PP, Vox, Junts, ERC e incluso Sumar —socio de coalición del Gobierno— se opusieron firmemente.

Ante la falta de apoyos parlamentarios y la presión del colectivo, el Ejecutivo se vio obligado a rectificar. Primero, propuso subidas más contenidas aunque, finalmente, el Gobierno dio carpetazo a sus planes de incremento y aprobó, mediante un Real Decreto-ley la prórroga para 2026 de las cuotas vigentes en 2025.

Autónomos societarios y colaboradores: 1.600 millones más al año

A pesar de esta prórroga, un sector numeroso del colectivo no ha podido esquivar el incremento de sus aportaciones. Se trata de los autónomos familiares colaboradores y los autónomos societarios.

Debido a una disposición de la reforma de 2022, a partir de 2026 la base mínima de cotización de estos trabajadores no puede ser inferior a la base mínima del régimen general. Esto se ha traducido en un incremento del 42% en su base de cotización, que pasa de 1.000 euros a 1.424 euros mensuales.

Las organizaciones de autónomos han denunciado que esta medida supone una subida encubierta que afecta a entre 500.000 y 600.000 trabajadores (unos 169.000 colaboradores y más de 350.000 societarios), que han visto como han aumentado sus cotizaciones en 135 euros más al mes (1.620 euros adicionales al año).

Y, aunque el Gobierno ha permitido provisionalmente que estos cotizantes mantengan la base de 1.000 euros durante 2026, esta medida no elimina la obligación prevista en la reforma. Es decir, cuando se regularicen las cotizaciones correspondientes a 2026, en 2027, estos autónomos deberán abonar la diferencia hasta la base mínima que les corresponde, de 1.424 euros.

De hecho, Fuentes de las organizaciones de autónomos consultadas por El Independiente señalan que, pese a las quejas, "hasta la fecha, no se ha corregido esta situación ni existe ninguna vía abierta por parte del Ministerio de Seguridad Social para solucionarlo". Y es que el importante impacto recaudatorio que supondría dar marcha atrás explica, en parte, que el Gobierno no haya movido ficha.

La propia AIReF estimó en un informe publicado en mayo que solo esta medida aplicada a los autónomos societarios y colaboradores tendría "un impacto fiscal de casi una décima de PIB, permanente en el tiempo". Es decir, alrededor de otros 1.600 millones adicionales cada año.