La Fiscalía solicita una pena individual de once meses de cárcel para un matrimonio de la localidad asturiana de Cangas del Narcea que se ha negado a llevar a clase desde el inicio del curso a sus dos hijos, de 15 y 11 años, por temor a que contrajesen el coronavirus.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público trasladado al juzgado de instrucción que asumirá la causa, los padres se negaron a que sus dos hijos asistieran a sus respectivos centros escolares, donde iban a cursar segundo de la ESO y quinto de Primaria y donde únicamente el mayor llegó a acudir un día a clase para realizar un examen.

La Fiscalía incide en que los centros escolares informaron a los padres en sucesivos requerimientos, sin que cambiaran su actitud, de las consecuencias de su persistente absentismo escolar y de la activación del correspondiente protocolo a instancias de la Consejería de Educación.

La acusación mantiene que el matrimonio alegó “motivos incoherentes”, entre los que cita que las limitaciones al contacto y movimiento impuestas por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia impedían, según los padres, “un desarrollo motriz y neurológico necesario para el despliegue de las capacidades cognitivas vitales para el aprendizaje”.

Los padres también consideraban que la distancia social impuesta genera "sentimientos de desconfianza ante los demás, desvitaliza las relaciones, dificulta la empatía y el desarrollo de las habilidades sociales, tales como la generosidad, el altruismo, la cooperación y la ayuda al prójimo, entre otras".

Además, también advertía el matrimonio de que la visión continuada de personas con mascarillas, a las que no se les puede ver la expresión de gestos y emociones "fundamentales para una correcta comunicación verbal y no verbal", obstaculiza la misma entre compañeros y profesorado, además de impedir que se potencie la individualidad frente a la colectividad.

La Fiscalía asegura en su escrito que los acusados incumplieron de manera grave los deberes inherentes a la patria potestad al inscribir a sus hijos en una escuela a distancia de otro país pese a saber que no está homologada en España y conociendo la obligación ineludible de escolarizar a sus hijos en un centro normalizado para procurarles una formación integral.

El 14 de diciembre de 2020, la Fiscalía de Menores les requirió de nuevo para la escolarización de sus hijos y les advirtió de que su incumplimiento podría ser constitutivo de un delito de abandono de familia, así como de otro de desobediencia grave en caso de desoír el mandato de reincorporar a los niños a sus centros escolares para continuar con su formación. Sin embargo, los acusados no modificaron su postura lo que ha llevado a la Fiscalía a imputarles su presunta autoría en un delito de abandono de familia y otro de desobediencia grave.