El empresario Luis Medina ha puesto a disposición del juzgado que investiga el caso de las mascarillas la herencia de su abuela, la fallecida María Eugenia Fernández de Córdoba, para hacer frente a la fianza de casi 900.000 euros que le impuso el magistrado.

El escrito fue presentado ante el juzgado de instrucción número 47 de Madrid ayer lunes, antes de que Medina y el otro imputado, Alberto Luceño, declararan ante el magistrado del caso por primera vez, por presuntamente embolsarse una comisión de 6,6 millones en tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid para suministrar material sanitario en las primeras semanas de la pandemia.

La defensa del aristócrata, hijo de Naty Abascal y del duque de Feria, expone que para cubrir los 891.427 euros de fianza fijados "ofrece los derechos hereditarios que el señor Medina tiene en la herencia de su difunta abuela Doña Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa".

Estos derechos están fijados por la sentencia dictada en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla, unas diligencias en las que Medina es "heredero y parte demandante y al que el Juzgado Instructor ya ha oficiado", detalla el escrito.

El magistrado Adolfo Carretero dictó un auto el pasado 20 de abril en el que imputó a Medina un delito de alzamiento de bienes y le dio un plazo de tres días para depositar una fianza de casi 900.000 euros. De lo contrario embargaría todos sus bienes, muebles e inmuebles.

El juez se pronunció así tras descubrir que en las cuentas de Medina solo hay 247,26 euros, una cantidad insuficiente para afrontar la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, que en su caso asciende a 1.216.984,33 euros.

Previamente el juzgado solo pudo embargar a este empresario un velero matriculado en Gibraltar de 325.515 euros. Durante su declaración de ayer ante el magistrado, la primera en la fase de instrucción del caso, el juez preguntó a Medina si había presentado un escrito poniendo a disposición del juzgado su herencia y él respondió que si.

En el transcurso de esa declaración el empresario argumentó, al ser preguntado sobre en qué había gastado el dinero que cobró de las comisiones presuntamente ilegales, que hace un año el fiscal de Anticorrupción "no dijo expresamente que tuviera prohibido disponer" de sus bienes, algo que hizo porque no pensó "que hubiera nada irregular", y que nunca intentó "defraudar nada".

Tras la declaración el magistrado ordenó retirar el pasaporte a los dos empresarios investigados, ante la gravedad de los delitos supuestamente cometidos.