El día 1 de abril se ponía en marcha la medida estrella del Gobierno para abaratar los precios de los carburantes. Días antes, Pedro Sánchez anunciaba a bombo y platillo que el Estado pagaría 15 céntimos a cada consumidor por cada litro de gasolina o diésel que pusiera en su vehículo. Los otros 5 céntimos deberían salir del bolsillo de las estaciones de servicio. Además, el líder del Ejecutivo dijo que se extenderían las exenciones fiscales en la factura de la luz, así como ayudas a empresas electrointensivas, en plena crisis energética provocada por la guerra de Ucrania.

Pero a pocos días de que se cumpla un mes desde que se aprobara el real decreto en consejo de ministros, dichas medidas pueden caer si el Gobierno no encuentra los suficientes apoyos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

Este jueves, se someterá a votación el real decreto-ley 06/2022, en el que se incluyen los descuentos de carburantes y el resto de medidas 'Plan de Respuesta' al impacto económico de la guerra en Ucrania. Y a escasas horas de que los diputados pulsen el ‘sí’, el ‘no’, o la abstención, Moncloa no tiene asegurada la mayoría simple para que se apruebe dicho plan por culpa del espionaje a políticos independentistas.

Y es que, los socios de investidura de Sánchez aún se están pensando si van a apoyar al Gobierno dada la escasa información que el PSOE ha brindado por el supuesto espionaje con el sistema informático Pegasus. Así, Esquerra Republicana y EH Bildu no han aclarado cuál será el sentido del voto. “El único idioma que entiende el PSOE es tocarle o tumbarle la agenda legislativa”, dijo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

ERC avisa

“A estas alturas, seguir chantajeando a grupos diciendo que sí, te pegan, te encarcelan, te difaman, te espían, pero esto que te presento es muy guay y la gente no te va a entender si no lo apoyas", prosiguió. Además, el líder del partido independentista dio “un máximo de 48 horas (jueves) para ofrecer “explicaciones convincentes” que lleven a Esquerra Republicana a votar a favor de convalidar el decreto. "Esto no se trata de lo que haga ERC, sino de lo que haga el PSOE", zanjó.

Para intentar frenar las amenazas de Esquerra Republicana y de los otros partidos en los que el gobierno de coalición se apoya para sacar adelante los reales decretos, el portavoz socialista Héctor Gómez dijo que los 16.000 millones que movilizará servirán “para ayudar al tejido productivo y población vulnerable”, por lo que es un “motivo suficiente para apoyarlo”.

Esquerra Republicana, por su parte, en pleno cruce dialéctico invitó a Pedro Sánchez a que intente pactar con la bancada popular para sacar adelante el real decreto-ley. Pero el Ejecutivo sabe que el ‘sí’ del Partido Popular es prácticamente imposible. El principal grupo de la oposición solamente apoyará el plan energético de Moncloa si el PSOE tiene en consideración el programa fiscal que presentó recientemente Feijóo, algo que el Gobierno no contempla en estos momentos.

Con este panorama, las negociaciones han de intensificarse a pocas horas de que el Congreso de los Diputados vaya a votar en plena incertidumbre. Situación, que por otra parte, no pilla de sorpresa al Gobierno, puesto que es un episodio similar al vivido hace pocas semanas cuando se votó la derogación de la reforma laboral. Tan solo un fallo histórico del diputado Alberto Casero en el envío telemático del sentido de sus votaciones sirvió para que el Gobierno aprobara el real decreto ley aprobado anteriormente en consejo de ministros.

El Gobierno arranca un año de tope en el precio del gas

Las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno con las diferentes formaciones políticas coinciden con el acuerdo firmado entre España, Portugal y la Comisión Europea para frenar el precio de la luz en los dos países.

Los dos países ibéricos convencieron a la Comisión Europea para limitar el precio del gas en la formación de precios del mercado eléctrico. El acuerdo alcanzado con el Ejecutivo comunitario contempla que el precio de referencia del gas se fijará en torno a 40 euros/MWh y marcará un precio medio de 50 euros/MWh a lo largo de los 12 meses que esté en vigor este acuerdo.

No obstante, esta propuesta no es la presentada inicialmente por España ya que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió a Bruselas un top máximo de 30 euros el megavatio. A pesar de ello, la alianza Ibérica ha conseguido que el período de tiempo de intervención en los precios del gas se extiendan durante un año.