El presidente del Gobierno sabe que la batalla no ha hecho más que comenzar. Que tras el apagón que dejó a oscuras al país llegará no sólo una cascada de reclamaciones millonarias sino también una exigencia de asunción de responsabilidades. Y Pedro Sánchez ha comenzado a intentar virar el foco de las responsabilidades en un intento por proteger su ya malherido Ejecutivo. Durante la comparecencia que protagonizó ayer evidenció su estrategia: descargar responsabilidades en otros… incluso dependientes de su propio Gobierno.  

Uno de los términos clave lo repitió hasta la saciedad, responsables “privados” de lo ocurrido. Entre ellos incluyó no sólo a las operadores energéticos “privados” sino también a Red Eléctrica de España, entidad de la que un organismo público como la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) es socia mayoritaria y cuya presidenta, Beatriz Corredor, fue ministra de Vivienda con Zapatero entre 2008 y 2010, y en 2020 fue designada por Sánchez para presidir REE.

Han bastado 24 horas para que la distancia entre el Gobierno y REE, entre Sánchez y Corredor, afloren. La secuencia se completó en apenas unos minutos. Por la mañana, el director de operaciones de REE, Eduardo Prieto, compareció para dar la última hora de la recuperación del servicio energético en nuestro país. En su intervención dio por descartado, tras una investigación preliminar, que el apagón hubiera estado provocado por un ciberataque.

Llegar "hasta el fondo"

Poco después, el presidente del Gobierno, ya en Moncloa, aseguraba ante los medios de comunicación que él no lo daba por descartado, que seguía siendo una hipótesis que debía ser investigada. Más aún, afirmó que esa conclusión de REE la había conocido por los medios de comunicación. La desautorización pública a la labor de investigación llevada a cabo por el equipo que preside Corredor incluye la creación de una comisión que abrirá una investigación independiente.

Sánchez aseguró que en estas indagaciones irá “hasta el fondo” para conocer quién es el responsable de lo sucedido, quién está detrás de los cinco segundos que dejaron en la oscuridad al país. Lo que dejó claro es que entre los ‘sospechosos’ sólo sitúa a operadores “privados” y agentes “privados”, tal y como se refirió a Red Eléctrica.

El descargo de responsabilidades se escenificó horas después en Moncloa con una reunión en la que citó no sólo a responsables de REE sino también de las principales compañías energéticas como Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona y Naturgy. A todas ellas les instó a colaborar para aclarar lo sucedido y les recordó que exigirá responsabilidades a los culpables. Sánchez inicia así otro pulso con el sector energético tras el abierto por la fallida prórroga del impuesto a las energéticas que decayó en el Congreso.

Investigación judicial

Por ahora, la investigación no sólo se abrirá en el Gobierno sino también en los tribunales. El juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación para averiguar si detrás del apagón existe un ciberataque o un "delito de terrorismo". Para ello, el juez José Luis Calama ha solicitado al Centro Criptológico Nacional -dependiente del Centro Nacional de Inteligencia- a a Red Eléctrica la elaboración de dos informes para que en un plazo de diez días indiquen las causas que provocaron el apagón.

El desmarque de Red Eléctrica que ayer escenificó el presidente de Gobierno supone una clara ruptura con este organismo cuya presidenta en 2021 aseguró que “ni a corto ni a largo plazo” había riesgo de apagón en España. Así lo aseguró durante una entrevista en Antena 3. Corredor no ha llevado a cabo ninguna aparición pública desde que se inició la crisis energética el mediodía del pasado lunes. Sin formación en el ámbito energético, la designación de Corredor para presidir REE no pasó desapercibida, ya que se trata de uno de los cargos de confianza del Gobierno con un sueldo más elevado: 546.000 euros anuales.  

Red Eléctrica cuenta con una plantilla de 2.577 trabajadores y entre sus accionistas destaca Pontegadea Inversiones, vinculada a Amancio Ortega y con un 5% del capital, seguida de BlackRock, un fondo de inversión norteamericano con un 3.14% del accionariado. La sociedad cotiza en bolsa.