Los abogados de la exconsejera de Interior y Emergencias de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas han recurrido la decisión de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la DANA, de pedirles que concreten los fragmentos de la transcripción de su declaración como imputada del pasado 11 abril que consideran que son incorrectos o incompletos. En un escrito, sus letrados denunciaron la semana pasada la "inexactitud" del documento que había sido entregado a las partes y pidieron su anulación. Ahora, subrayan que no les corresponde a ellos poner los medios para transcribir la declaración haciendo "una propuesta de transcripción" al juzgado.

El recurso contra la diligencia de la magistrada, al que ha tenido acceso El Independiente, detalla que lo que Pradas solicitó no es que se corrija o amplíe el contenido de su declaración, sino que pide su transcripción literal. Recuerda que ya lo había requerido como garantía del derecho de defensa, y reprocha que se les imponga ahora la carga de hacer ellos mismos el cotejo entre el acta resumida y la grabación completa.

"No se trata por tanto de que tengamos que señalar en qué puntos concretos la
'transcripción' que obra en autos es incompleta, sino que estamos hablando de diez folios que se pretende, sean el reflejo de una declaración de casi tres horas de duración, por lo que la falta de integridad, esto es, de su ausencia de literalidad, es más que evidente", indican en su escrito remitido al juzgado.

También recuerdan que existen herramientas de transcripción utilizadas ya por órganos judiciales y advierte de que no puede sacrificarse un derecho fundamental por motivos de carga de trabajo. Por ello, solicitan de nuevo que se deje sin efecto la transcripción actual y se practique una nueva, completa y literal, con base en la grabación.

Pradas es, junto al exnúmero 2 de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso, la única persona que está investigado en esta causa. Hasta el momento, la jueza se ha negado a imputar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ambos presentes en la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) en la tarde del 29 de octubre, el día que se produjo la tragedia que acabó con la vida de 219 personas en la Comunidad Valenciana.