La vicepresidenta segunda del Gobierno no desaprovecha ocasión para colocar un titular. Esta vez ha sido durante la manifestación, deslucida, del 1º de Mayo en Madrid. Calificó de "malísima noticia" la aprobación, con condiciones, por parte de la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. En tono trascendente Yolanda Díaz miró a cámara y afirmó que, con esa operación, "pierde la democracia económica".

¿Qué es la democracia económica para Yolanda Díaz? Lo que a ella le interese en cada momento.

Se supone que en un estado de derecho los organismos regulatorios, como la CNMC, están precisamente para garantizar que se respeta la competencia, que en una economía de mercado es la verdadera "democracia económica". La CNMC ha tenido un año para estudiar la OPA de BBVA sobre Sabadell. La ha mirado por arriba y por abajo, y, al final, ha llevado al banco con sede en Bilbao a comprometerse a no alterar los equilibrios de mercado y a garantizar que la entidad resultante de la fusión no va a reducir el crédito a las pymes, que era el gran argumento del Sabadell para oponerse a la OPA.

El pasado miércoles, la reunión del consejo de la CNMC en el que se aprobó por unanimidad el informe que daba luz verde -con esos compromisos- a la OPA se prolongó durante nueve horas. Cani Fernández, la presidenta de la CNMC, quería que la decisión se hiciera por consenso, sin votos particulares. Y costó que el consejero afín a Junts, Pere Soler (que en su día fue director de los Mossos d'Escuadra), diera su visto bueno tras exigir unas condiciones específicas más exigentes para Cataluña, que luego fueron ampliadas a Baleares.

Ahora le toca hablar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Tiene quince días hábiles para exponer su opinión y elevarla, posteriormente, al Consejo de Ministros. ¿Puede endurecer las exigencias? Sí. Pero si su postura dificulta en exceso la operación, los inversores extranjeros tomarán buena nota. También la Comisión Europea, y, desde luego, el Banco Central Europeo, que ya en septiembre dio su nihil obstat a la OPA. "La única garantía que tenemos de que no se produzca una decisión demasiado arbitraria es que hay demasiados testigos y que el coste de reputación para el gobierno español sería demasiado elevado", apuntan fuentes financieras.

"Hay demasiados ojos puestos en la OPA para que el gobierno actúe con arbitrariedad"

Es una visión un tanto optimista, conociendo a este gobierno. Porque, al final, Yolanda Díaz sólo hace de comparsa. Es Pedro Sánchez quien tomará la decisión final, y ella dependerá de su interés en el momento en el que tenga que pronunciarse.

La credibilidad de Salvador Illa de cara a las élites catalanas depende en gran medida de que se aborte la operación de fusión. Illa ha comprado la mercancía de que Cataluña no se puede quedar sin un gran banco (el Sabadell es el cuarto del ranking español), algo en lo que coinciden desde Foment (la poderosa patronal catalana), hasta ERC pasando por Junts. El partido de Puigdemont salió ayer al paso del malentendido que pudo crear en algunos círculos el voto afirmativo de Soler en la CNMC y, por boca de su secretario general, Jordi Turull, reclamó al gobierno "que no autorice la OPA". "Es el momento de la política", sentenció. Ese fue el titular que abrió hace unas semanas La Vanguardia, el periódico de las élites catalanas.

Nadie puso pegas a que CaixaBank se quedara con Bankia para crear la primera entidad española, por delante del Santander y del BBVA. Se ve que la "normalización" que abandera Sánchez requiere que el poder financiero se concentre en Barcelona.

Ver las cosas desde ese punto de vista, Barcelona, Bilbao o Madrid, resulta un tanto provinciano y poco realista. CaixaBank es un gran banco español tenga su sede en Barcelona o en Valencia. Si el BBVA y el Sabadell se fusionan la resultante se convertirá en la cuarta entidad europea con unos activos de un billón de euros y más de 100 millones de clientes. Más que mirar a la autonomía, a la provincia o a la comarca hay que mirar a Europa, donde el tamaño sí que importa.

En una democracia económica la decisión final deberían tomarla los accionistas. Más de un 40% del capital del Sabadell está en manos de pequeños accionistas, un total de 120.000 personas. La OPA, que se hizo con una prima inicial del 30%, ahora estaría muy equilibrada en cuanto al precio. Los títulos del Sabadell se han revalorizado precisamente por la expectativa de la OPA. En una democracia económica es a esos accionistas a los que habría que convencer para que dijeran lo que quieren con su voto, su decisión de vender sus acciones o no al BBVA.

La oposición cerrada a que se autorizase la OPA no demuestra sino una inseguridad absoluta sobre lo que harán los accionistas, la mayoría de ellos tan catalanes como la dirección del Sabadell. Basta con convencerles de que teniendo como dueño al BBVA estarán peor para que la OPA fracase.

Sin embargo, aquí las cosas no funcionan así. En toda operación importante, entra en juego la política. ¿Recuerdan lo que pasó con Telefónica?

El gobierno no sólo hace y deshace en las empresas públicas (como colocar al frente a presidentes o presidentas sin más credencial que su afinidad con Sánchez), sino que actúa como si tuviera legitimidad para intervenir en las empresas privadas. A eso es a lo que se refiere Yolanda Díaz cuando habla de "democracia económica".

El presidente del gobierno no puede dejar en mal lugar a Illa. El granero de votos socialistas ahora está al otro lado del Ebro. Pero sería demasiado arriesgado poner unas trabas tan grandes que hicieran desistir de la OPA al BBVA. Por tanto, Sánchez esperará al momento de la fusión para impedirla por el "interés general". Eso, al menos, es lo que dice la lógica y lo que piensan en el BBVA que hará el presidente del gobierno. Esa opción -OPA sin fusión- llevaría al mantenimiento de la marca Sabadell, que no desaparecería, al mismo tiempo que colmaría los deseos del BBVA de hacerse con la mayoría de sus acciones (insisto, siempre y cuando más del 50% de los accionistas del banco catalán decidan vender).

¿Será eso suficiente como para que Illa no quede mal, después de haber convencido a Josep Oliu para que la sede del Sabadell volviera desde Alicante a Barcelona? ¿Pondrá en peligro la OPA los siete votos de Junts? ¿Se enfadará tanto Yolanda Díaz como para dimitir? Esto último es lo menos probable.

Lo que sí tenemos que asumir es que, a partir de ahora, lo que ocurra con la operación económica más importante llevada a cabo en España desde 2021 tendrá que ver con una decisión política. Aunque esa decisión vaya en sentido contrario de lo que sería una auténtica "democracia económica".