El auto del Juzgado Mercantil número 18 de Madrid, en el que se rechazan las medidas cautelares solicitadas por el accionista Global Alconaba para paralizar la refinanciación de la deuda de Prisa, incluye alguna información muy relevante que hasta ahora era confidencial. En este sentido, merece mención especial la que hace referencia a la posición de los acreedores de la propietaria de El Pais con respecto al proyecto de televisión que se gestó durante varios meses en el grupo.

El documento judicial cita la comparecencia de la directora financiera, Pilar Gil, en la reunión del Consejo de Administración de Prisa del pasado 25 de febrero, en el que los vocales deliberaron sobre este asunto. 

Gil afirmó que los prestamistas “no creían en el proyecto” y que, si Prisa lo aprobaba, “no seguirían adelante con el acuerdo de refinanciación". Este pacto implicará el aplazamiento de 2026 a 2029 del pago de cientos de millones de adeudos del grupo. Gil y Joseph Oughourlian lo negociaron durante varios meses, a sabiendas de que si no lo rubricaban, se verían en serios apuros. De hecho, su mera demora hubiera conducido a Prisa a una situación de preconcurso de acreedores.

Duro golpe

Los accionistas de Global Alconaba -cercanos a Moncloa- intentan frenarlo a través de una demanda judicial en la que, entre otras cosas, defienden que no existía la necesidad de rubricar este contrato con los acreedores con tanta celeridad. "Los adeudos no vencían hasta junio del 2026. Ello cual demuestra que no existía ninguna prisa en esa refinanciación negociada de manera interesada".

La juez, sin embargo, se apoya en el argumento contrario, que es el de los abogados de Prisa, para rechazar la medida cautelar. Lo expone de la siguiente forma: "Es cierto que las negociaciones se dificultan a medida que transcurre el plazo de vencimiento del préstamo actualmente en vigor - cuestión introducida por la demandada en todo caso. Lo cual es lógico ya que a mayor solidez financiera menor es el riesgo para el financiador, y mejores serán las condiciones económicas que se pacten. La decisión por tanto no es inocua, ya que el tiempo aboca a la mercantil a una situación pre-concursal que no beneficia los términos del acuerdo".

Pimco -tenedora de casi toda la deuda de Prisa- advirtió de que este contrato no se llevaría a cabo si el grupo montaba un canal de televisión, el cual habían liderado Carlos Núñez -anterior presidente ejecutivo de Prisa Media-, el empresario y catedrático de Comunicación José Miguel Contreras -asesor editorial- y Fran Llorente -director de Prisa TV-.

Reuniones decisivas

Oughourlian se opuso abiertamente al proyecto y la inmensa mayoría de los consejeros le secundó. A los pocos minutos de tomar la decisión, la compañía envió un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que informó de esta decisión.

Esta fue acogida de buen grado por los acreedores. De hecho, Pilar Gil, en la reunión del Consejo convocada al día siguiente -se reunió el 25 y el 26 de febrero-, afirmó: “Esta mañana ha hablado con los principales acreedores de la Compañía, quienes han expresado su apoyo a todas las decisiones que se están tomando".

A continuación, Núñez dimitió y Contreras fue despedido. Eso abrió una batalla entre Oughourlian y los accionistas más cercanos a Moncloa -Global Alconaba, Diego Prieto y Adolfo Utor- que todavía no se ha cerrado y que tiene una vertiente judicial. En esta última, los demandantes intentarán tumbar las cláusulas del contrato de refinanciación de la deuda que blindan al dueño de Amber Capital como presidente de Prisa.

La cláusula de la discordia

Esto es así porque Pimco exigió que se mantuviera en el puesto hasta 2029 o, en todo caso, aprobar cualquier operación que pudieran pactar los accionistas para sustituirle. En caso de que no estuviera de acuerdo con el cambio, podría solicitar el vencimiento anticipado de los adeudos.

Es sabido a estas alturas que la discrepancia con respecto al proyecto de televisión de Prisa no sólo es económica, sino también política. Básicamente, porque el Gobierno y sus empresarios afines querían que la propietaria de El País y la Cadena SER iniciara un proyecto audiovisual de clara línea editorial pro-socialista.

De ahí que la negativa de Oughourlian fuera tomada como una afrenta.