Hubo un mensaje esclarecedor desde la tribuna del Congreso de los Diputados este miércoles que apuntala la faceta que Junts viene ejerciendo desde hace tiempo, pero con especial asiduidad desde que la estabilidad del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar depende de sus siete votos en esta legislatura. La portavoz parlamentaria de los posconvergentes, Miriam Nogueras, sentó las bases de negociación a los socialistas de ahora en adelante durante la comparecencia de Pedro Sánchez sobre el apagón y el plan de defensa.

Para cada acuerdo de una medida nacional, Junts pedirá su parte. "Ahora estamos hablando de defensa. Pero lo podemos hacer extensible a otros ámbitos. Si el 20% [de inversión] no se queda en Cataluña, que es lo que le corresponde, no tiene el apoyo de Junts". Nogueras dejó clara la posición utilitarista que viene teniendo Junts desde años atrás tras el desafío del procés. Sin embargo, ha sido el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral la que ha dejado fuera de esa lógica al partido de Carles Puigdemont, exaltando, en cambio, su componente más ideológico, de un conservadurismo que le sitúa más allá del PP.

La medida estrella de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, topa de bruces con los intereses de la patronal española, la OCDE, y la catalana, caso de, entre otras Foment del Treball. Y si bien ha habido intermediación por parte del sector, la de Josep Sánchez Llibre, vicepresidente de la primera y presidente de la segunda, ha sido clave para reforzar las posiciones de los de Puigdemont, ya muy críticos con el borrador del Ministerio del Trabajo y las pretensiones iniciales durante la negociación con los agentes sociales antes de que la patronal se levantase de la mesa.

Sánchez Llibre ve la propuesta como uno de "los errores más graves de la democracia". Por su parte, la CEOE calcula que el impacto será de 23.000 millones de euros en costes a las empresas. Cepyme estima un 6% de incremento de gastos. Desde la patronal se considera que ese ascenso de costes provocará destrucción de empleos en las pequeñas y medianas empresas. A ello se agarra Junts en su discurso para rechazar no solo votar el proyecto de ley tal y como está, sino también abrirse un intercambio de concesiones para apoyar la medida. Están dispuestos, con todo, a sentarse. Pero renuncian a ese principio de contraprestaciones para Cataluña por ese compromiso ideológico con las pymes y los autónomos catalanes, del que se nutre electoralmente.

Desde Junts se reprocha el intervencionismo del Gobierno y se pide dejar a los empresarios y trabajadores de pequeñas y medianas empresas acordar los convenios

Pese a que desde Trabajo reducen el impacto en la pequeña y mediana empresa, y se abren a recuperar en la negociación medidas de acompañamiento hasta que se efectúen los cambios, desde Junts se arremete contra Díaz, al asegurar que las grandes empresas ya vienen modificados sus convenios colectivos, por lo que el impacto ya solo se reduce precisamente a esos pequeños empresarios. Desde el partido, al igual que hizo Sánchez Llibre en un desayuno reciente de Nueva Economía Fórum, cargan contra las formas de Díaz frente a "otros ministros" como Carlos Cuerpo, al que agradecen su "tono" en negociaciones recientes como la del real decreto de medidas de protección contra la amenaza arancelaria de EEUU. Se entra en competencia directa con los postulados de izquierdas.

El proyecto suscita lo ideológico a Junts

Se pone en valor el perfil que el Ministerio de Economía tuvo al principio de las negociaciones con Trabajo, las diferencias entre PSOE y Sumar en definitiva. Hay que recordar que Cuerpo, a diferencia de Díaz, insistía en un principio por llevar a cambo una adaptación gradual de las 37,5 horas semanales, para reducir el impacto en las empresas.

Frente al modelo de Díaz, impuesto, de implementar los cambios antes de final de este año, fuentes de Junts aseguran que su problema es "con el modelo" y que no hay nada que "canjear" con el Gobierno a cambio. Por eso, incluso creen que el PSOE estaría cómodo si la ley decae. Para los posconvergentes lo ideal sería desechar el proyecto y centrarse en cuestiones "relevantes" —para ellos— como el "absentismo laboral". No se plantean retirar la enmienda a la totalidad que está por debatir y votar a falta de conocerse la fecha.

Hay una posición claramente ideológica frente a lo que consideran intervencionismo por parte del Gobierno en las decisiones de la esfera privada de la economía y las relaciones profesionales. Se insiste en que los ciudadanos —lo enmarcan a Cataluña— deben poder trabajar "las horas que quieran" y hacer tantas "extras" como deseen para ganar su sueldo o más. "Que nos dejen trabajar, que dejen a la gente y a las empresas en paz. Ninguna de las que han hablado con nosotros quiere esta reducción porque el riesgo de cierre es descomunal", afirman desde Junts. Fuentes del partido amplían el argumento: "Un Gobierno no tiene nada que decir de esto. Que dejen a los empresarios y los trabajadores entenderse. No nos corresponde a los políticos intervenir".

Bajo parámetros similares se pronunció Nogueras en una entrevista en Radio Nacional a mediados de semana. "No puede ser una buena ley para Cataluña" porque lo que hace es "dificultar trabajar". "En los términos en los que está escrita, es una ley de seguir presionando y acribillando a impuestos", afirmó la portavoz. Para Nogueras, además, la "sensación" es que a Trabajo, al hacer una ley que determina de muy ideológica y no negociada, le "interesa más tener un titular que no una ley de reducción de jornada laboral". Hay cuestiones como que la reducción de horas no repercuta en los salarios que no gusta a Junts. También el incremento de sanciones si no se cumple la legislación, con cuantías superiores.

Aunque comparten la necesidad de descanso, ven incompatible la "desconexión digital" en determinadas empresas pequeñas que operen en distintos países con diferentes franjas horarias. Creen que una empresa modesta con poco personal no se puede permitir reducir las horas o permitirse no atender una llamada ante cualquier petición o incidencia en el extranjero. Por eso insisten en la necesidad de que los propios trabajadores lleguen a pactos con los empresarios según las circunstancias. Por otro lado, se rechaza que el Gobierno central merme la libertad económica del tejido empresarial catalán, en más de un 90% pymes. 1 de cada 10 votantes de Junts, según el Centre d'Estudis d'Opinió son empresarios con asalariados a su cargo.

Junts renuncia a contraprestaciones a cambio de votar a favor frente a concesiones anteriores como mayor control migratorio o bajadas en el IVA de productos como el aceite de oliva

Aunque en el partido hay personalidades que provienen del mundo de la educación o la abogacía, de medios o grandes despachos, o la de comunicación, la propia líder parlamentaria de Junts, que encabeza el equipo de diálogo con Trabajo tiene un vinculo directo con ese tejido empresarial pequeño y mediano. Nogueras, también vicepresidenta de Junts, es copropietaria de la pequeña empresa textil y de hilaturas de sus padres, Bonclasfil SL. De ahí un rechazo más férreo de cara a abrir negociaciones con la vicepresidenta segunda y ministra, Díaz.

El anuncio de voto en contra también ha llevado a Junts a rivalizar con los sindicatos españoles, en este caso con Unai Sordo, el secretario general de CC.OO. Éste señaló que por su posición contraria, Junts pasaba a ser "más inútil que la última rebanada del pan Bimbo". Nogueras reaccionó a esas palabras asegurando que lo "inútil" es "el trabajo que hacen" desde CC.OO. Uno que, a su juicio, es una forma "muy extraña de defender a los trabajadores". Para la de Junts, los líderes sindicales españoles "lanzan mensajes desde estructuras y formas de trabajar del siglo pasado".

Ir contra la ley, para ella y su partido, es "defender a la pequeña y mediana empresa, y a los autónomos". Eso "también es defender a los trabajadores", algo que cree que no hace esta ley, más allá de enviar un mensaje ideológico a los votantes del Gobierno: un 'lo hemos intentado, pero Junts no nos ha dejado'. Lo cierto es que los independentistas creen que "esta ley pone en riesgo muchos puestos de trabajo, por lo que no participaremos". Además alertan que de entrar en vigor, las horas que se descarguen a los empleados las asumirán los autónomos. Creen que Díaz ya tiene el titular que quería y que o bien con ello se conforma —denuncian que no han querido negociar en profundidad sobre cuestiones más viables— o confía en un acuerdo con el PP que parece muy complicado igualmente.