El Gobierno ha remitido a Bruselas su Informe de Progreso Anual Fiscal correspondiente al año 2025 a finales de abril. En el documento, el Ejecutivo ha explicado que el gasto en remuneración de asalariados públicos "aumentó un 5,6% por los aumentos de las retribuciones contempladas en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado entre Gobierno y sindicatos".

Este informe ha actualizado los compromisos del Plan Fiscal y Estructural de medio plazo (2025-2028), en línea con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. Del documento se desprende una reducción del gasto público en la partida de remuneración de asalariados, desde el 10,9% del PIB en 2023 al 10,8% en 2024 y el 10,7% en 2025. No obstante, esta moderación no implicará un recorte, sino un incremento del gasto debido al crecimiento económico.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ejecutivo en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo, en 2023 la remuneración de los funcionarios ascendía a 163.373 millones de euros, lo que representaba el 10,9% del PIB. Sin embargo, en 2024 pese a que el Gobierno fijó una reducción hasta el 10,8%, la realidad fue que se produjo un aumento de 9.556 millones.

Esto se ha debido a que la economía ha crecido un 3,2% en 2024 y en consonancia, también lo han hecho los gastos presupuestados. Al calcular este indicador, hay que tener en cuenta que el porcentaje se mide sobre el PIB total, que actúa como el denominador de la fórmula.

Los funcionarios exigen la subida salarial del 0,5%

El acuerdo Marco regulaba el sueldo de los funcionarios para el período entre 2022 y 2024. Durante este período se elevaron los salarios un 3,5% en 2022, un 2,5% en 2023, un 2% para 2024 y hubo otras dos subidas del 0,5% para compensar la inflación. Sin embargo, los funcionarios, a través del sindicato mayoritario CSIF, siguen reclamando la subida salarial del 0,5% fijada para 2024, que a mediados de mayo de 2025 todavía no se ha hecho efectiva.

Más de 3,5 millones de empleados públicos siguen a la espera de cobrar ese 0,5% y de sentarse a negociar un nuevo acuerdo Marco, ya que el anterior ha dejado de estar vigente desde el pasado 31 de diciembre de 2024. Ante la falta de iniciativa del ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, CSIF empieza a impacientarse.

El ministerio de Función Pública ha explicado al sindicato que la subida salarial no podrá producirse hasta que se aprueben unos Presupuestos Generales. Sin embargo, desde CSIF niegan que esto sea verdad. De hecho, reclaman que en el pasado no ha sido necesario, en 2020 y 2024 se aprobaron las subidas salariales por decreto.

No obstante, en 2024 los funcionarios tuvieron que esperar más de un año para que se actualizara su salario conforme a la inflación. Concretamente, fueron abonados en marzo de 2024, con los correspondientes atrasos desde el 1 de enero de 2023 hasta finales de febrero de 2024, correspondientes a la subida salarial del 0,5% vinculada al crecimiento nominal del PIB de 2023.

En este sentido, Miguel Borra, presidente de CSIF advirtió del "completo sentimiento de abandono de los empleados públicos" por parte del Gobierno el pasado jueves. Además del 0,5% salarial pendiente de aprobación, los sueldos de los funcionarios siguen congelados, la temporalidad del sector público supera el 30%, la jubilación anticipada se ha retrasado y las plantillas cada vez están más envejecidas (más del 60% de los empleados públicos tiene más de 50 años). Ante estos problemas, Borra ha criticado que el Gobierno no hace "nada" y está llamando a una "gran movilización" sindical, de la mano de CC.OO. y UGT.