El Equipo del Seprona de la Guardia Civil en León ha desmantelado una trama criminal involucrada en el tráfico internacional de desechos plásticos. Hasta el momento, se ha arrestado a 5 individuos y se investiga a otros 15 por la importación, almacenamiento y exportación no autorizada a otros países de más de 41.000 toneladas de desechos.

Los desechos se escondían en Almería, León y Valencia

Tras varias investigaciones, y según afirma Europa Press, los agentes de la Guardia Civil descubrieron que los residuos contaminados se transportaban desde Francia y Portugal a través de varias empresas de manejo de desechos ubicadas en Almería. Este material ilegal se escondía debajo de bloques de plástico limpio para evadir los controles aduaneros. Posteriormente, los desechos se trasladaban a vertederos ilegales en León y Valencia antes de ser enviados al extranjero.

La 'Operación Finoplast' se inició con la localización de un vertedero ilícito en León en 2022. A partir de este hallazgo, se descubrieron varias instalaciones que funcionaban sin los permisos ambientales necesarios en las comarcas del Bierzo, en la provincia de León, y en la localidad de Alberic, en Valencia.

Se trasladaron más de 18.000 toneladas

Posteriormente, los agentes descubrieron que se habían trasladado un total de 18.800 toneladas de residuos plásticos desde Francia y Portugal a España. Estos residuos se almacenaban en vertederos para luego ser transportados de manera no autorizada a países como India, Turquía, Marruecos, Malasia, Angola, Brasil o Emiratos Árabes Unidos, entre otros. A estos países se habían enviado ya otras 22.785 toneladas de desechos.

Entre los investigados, 4 empresas y 16 sociedades

Durante la investigación, la Guardia Civil registró cuatro empresas que albergaban las sedes sociales de 16 sociedades. Además, se inspeccionaron otras cuatro empresas y se registraron dos viviendas. En estos lugares se confiscó documentación e incautaron varios miles de toneladas de residuos almacenados en instalaciones clandestinas.

La investigación fue liderada por el Juzgado nº1 de instrucción de Ponferrada y la Fiscalía de Área de Medio Ambiente y Urbanismo de Ponferrada (León). Además, contó con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. A ellos se les sumó la ayuda del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta de Castilla y León.

Para la realización de esta acción, la autoridad judicial emitió un total de 21 órdenes europeas de investigación.