El director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, declara este martes en un juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid. Es la segunda vez que el alto cargo del Ministerio que dirige Félix Bolaños acude ante la magistrada que instruye un caso sobre el borrado de un audio de un menor. Pero ahora investiga más delitos, tal y como ha podido saber El Independiente.

La causa versa sobre la eliminación de un chico de 12 años en un tema de custodia de menores. El tema empezó en Valladolid, donde residían los hermanos. Pero el delito, según un informe pericial, se habría producido en Madrid, en las dependencias que son responsabilidad de Aitor Cubo. Ese lugar se llama Centro de Atención al Usuario (CAU), y es donde se graban la mayoría de las vistas judiciales de España.

El menor, que entonces tenía 12 años, tenía que decir si prefería vivir con su padre o con su madre. La jornada entera en el juzgado de Valladolid está perfectamente grabada, menos su declaración. Unos peritos forenses, al ver la grabación, dictaminaron que se había introducido un "ruido rosa", una presunta manipulación voluntaria para hacer inaudible su testimonio. El juez se basó en lo que dijo el chico, y que nadie más pudo oír, para darle la custodia a la madre.

El padre, abogado de profesión, denunció en Madrid los hechos, al entender que era el lugar donde se habría producido el presunto delito. Un juzgado de Valladolid maniobró para quedarse la causa, pero finalmente la instruye el Juzgado número 7 de Madrid.

El año pasado, el padre presentó una ampliación de denuncia para que se investigase la presunta manipulación de las firmas electrónicas de un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y de un fiscal en dos documentos judiciales. La jueza de Madrid lo rechazó, esgrimiendo que el delito se habría producido en Castilla y León. Pero un recurso ante la Audiencia Provincial de la capital le ha dado la razón al progenitor de los menores. Cabe resaltar que la Fiscalía se adhirió a los planteamientos de la acusación.

Otro informe pericial

Según el informe pericial informático en el que se basa la ampliación de la denuncia, se han detectado discrepancias entre el nombre del LAJ que encabeza un documento del juzgado de violencia sobre la mujer de Valladolid y el del que lo firma, al igual que ocurre en un decreto de la Fiscalía de Valladolid.

Ante esta circunstancia, la Audiencia entiende que "en principio", no existe "base alguna para excluir de dicho proceso a las firmas emitidas por el Ministerio Fiscal, que, al igual que las restantes, para validar la firma deben hacerlo a través de la solución Portafirmas electrónica y el servicio Validación de firmas esto es, a través de servidores sitos en el Ministerio de Justicia".

Según el recurso, ahora admitido, estos hechos "tienen una especial trascendencia para la Administración de Justicia y para la seguridad jurídica, y corresponde al Ministerio de Justicia y a su Director General, como investigado, que conteste, con todas las garantías procesales que le corresponden, cómo es posible que estos hechos puedan producirse en los sistemas y en los servidores del Ministerio de Justicia".

"Recordemos que estamos hablando de un software, no estamos ante firmas físicas o manuscritas, y recordemos que los Juzgados no pueden tener acceso al software (...) que está instalado en los servidores ubicados en Madrid pertenecientes al Ministerio de Justicia", añadía.

Segunda declaración

Este martes será la segunda vez que Aitor Cubo se presente ante la jueza defendido por la Abogacía del Estado. La primera vez fue en octubre del año pasado. La instructora suspendió su declaración porque, aseguró el alto cargo de Bolaños, no había podido acceder a la prueba principal, el audio manipulado. Y aquí empezó uno de los sucesos más extraños de este caso.

Aitor Cubo no pudo acceder a la grabación porque el pendrive en el que estaba había desaparecido. El Decanato de Madrid había perdido la prueba clave del caso, y la jueza pidió explicaciones. La Fiscalía pidió que la acusación la aportase, pero la abogada del padre entendió que así se ponía en duda la cadena de custodia del audio. La jueza desoyó al Ministerio Fiscal y pidió a la Guardia Civil que la entregase.

Este martes, además de Cubo, declararán los dos peritos que certificaron que el audio había sido manipulado.