El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que regula el procedimiento para determinar los criterios que permitan a los trabajadores de actividades penosas o peligrosas anticipar su edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores. De esta forma, la aplicación de estos coeficientes reductores llevarán ligados un incremento en la cotización a la Seguridad Social que se fijará anualmente en la Ley de los Presupuestos Generales.

Este incremento consistirá en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como de la persona trabajadora. Para ello, el Gobierno ha tenido que definir la naturaleza de las actividades profesionales a las que pueden acceder a estos coeficientes.

Definición de actividad penosa

Dentro de los criterios para determinar la penosidad de una profesión se encuentran criterios como: la exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones, el uso permanente de la fuerza física o la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos agresivos o nocivos.

La peligrosidad contempla actividades susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador, con un mayor grado de incidencia o frecuencia que otros trabajos. Por último, la insalubridad se refiere a actividades con exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador.

No obstante, el Ejecutivo ha explicado que con la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores, la edad de jubilación no podrá ser inferior a los 52 años y la pensión de jubilación anticipada por la aplicación de coeficientes reductores reconocidos a la actividad no se podrá compatibilizar con el desempeño de la misma actividad que originó la anticipación.

Indicadores

Para acreditar si un trabajo puede considerarse peligroso como para poder aplicar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, el Gobierno ha establecido una fórmula basada en tres indicadores.

  1. Cuántas bajas laborales hay (por enfermedad común o accidente laboral) en proporción al número total de trabajadores de esa profesión y diferenciado por sexo y edad. Es decir, si en un tipo de trabajo hay muchas personas que cogen la baja, el Gobierno lo toma de referencia para determinar que un empleo es peligroso.
  2. Cuántos casos graves ocurren, como fallecimientos o personas que quedan con una incapacidad permanente. Así, si en un colectivo se producen situaciones graves es otro signo que justificaría la jubilación anticipada.
  3. Cuánto duran las bajas. El indicador mide cuántos días de baja suman en total, dividido entre el número total de bajas. Así, si las bajas suelen ser largas, indicarán que ese tipo de empleo puede afectar más a la salud.

Procedimiento

Asimismo, el procedimiento previo para el reconocimiento de la jubilación anticipada en este tipo de profesiones se inciará con una solicitud conjunta de sindicatos, patronales, asociaciones de autónomos o Administraciones Públicas. Ésta se presentará ante la Seguridad Social, que elaborará un informe de salud laboral y pedirá opinión a otros organismos como la Inspección de Trabajo y el Instituto de Seguridad y Salud. Luego, una comisión con participación de los agentes sociales evaluará si existen motivos para aplicar los coeficientes reductores.

Una vez resuelto dicho procedimiento previo se podrá, en su caso, iniciar los trámites, mediante la aprobación del correspondiente real decreto, para que la edad ordinaria de jubilación exigida en cada caso pueda ser rebajaba mediante la aplicación de coeficientes reductores en aquellas ocupaciones o actividades profesionales que resultan afectadas.

Según ha destacado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en un comunicado, la medida "enlaza con las últimas reformas aprobadas en materia de Seguridad Social, que tratan de favorecer que la jubilación se adapte a las diferentes condiciones y perfiles de los trabajadores". Además, el contenido cuenta con el consenso entre CCOO, UGT, CEOE y Cepyme; que acordaron la norma durante una mesa de diálogo social el pasado 31 de julio de 2024 con el Gobierno.