PP y Vox sellan un pacto de presupuestos en Baleares para este 2025

Tras llegar a un acuerdo presupuestario en la Comunidad Valenciana y sellarlo esta semana definitivamente para responder a las necesidades económicas para la reconstrucción después de la DANA, PP y Vox llegaron igualmente a un consenso en las Islas Baleares tras meses de tiranteces. Al igual que ocurrió en otras cuatro regiones, diciembre confirmaba una ruptura total entre ambos partidos y obligaba a los barones populares a prorrogar las cuentas anteriores sí consensuadas con los ultraconservadores durante la etapa de gobierno previa a la ruptura de julio de 2024.

La excepción a esos pactos de coalición, pero sí de apoyo externo, fue precisamente el PP de Baleares, que también perdió el respaldo de Vox y entró en la misma dinámica de 'negociación punto a punto' por la que abogaban desde Madrid los de Santiago Abascal. Después de semanas de negociación en diciembre, la incompatibilidad en temas como el lingüístico, al pedir por ejemplo Vox la supresión del catalán como lengua vehicular en la educación o su uso en la administración, imposibilitó ese acuerdo y obligó a prorrogar las cuentas de 2024, también acordadas con Vox.

Todo pese a un consenso previo para aprobar el techo de gasto tras la negativa popular para negarse a acoger más inmigración ilegal así como menores extranjeros no acompañados. Incluso en materia de Memoria Histórica, con el compromiso de suprimir la ley autonómica. Ante la ruptura, el PP balear abortó la segunda idea y rechazó una medida ya elevada a pleno junto al PSOE.

Desde febrero, al menos, ambas fuerzas han intentado volver a acercar posturas. De hecho, las peculiaridades de Vox en Baleares, en quiebra y dividido internamente en el Parlament desde hace dos años, hacía más plausible el escenario de pacto. Hace dos semanas, de hecho, medios locales, como Última Hora, anticipaba el acuerdo, pero el PP lo desmentía minutos más tarde, asegurando que aún había obstáculos para él y que Vox se mantenía en la negativa. Sin embargo en las últimas horas de ha conseguido llegar a un consenso. Para ese camino ha sido esencial la intervención de la ahora secretaria general adjunta de Vox en Madrid, Montserrat Lluís. Se avistaba incluso que la negociación se alargase a julio.

A principios de esta semana se dio el último paso para cerrar el acuerdo. Tanto PP como Vox se centraron en acordar distintas medidas en materia de vivienda y algunos flecos. En lo presentado, se contempla la liberalización de suelo para la construcción en todas las poblaciones y no solo para Palma, algo que llevó al choque en marzo a los dos partidos. También se ha acordado la modificación de la normativa de Turismo. Hay compromiso para derogar la ley de Memoria regional, el rechazo a la inmigración irregular, con el compromiso de no acoger a menores extranjeros no acompañados, y al Pacto Verde.

La lengua, asunto clave

En cuanto a la materia educativa, destaca un punto que habla de modificar la ley balear de Educación para incluir que las dos lenguas cooficiales de la región sean vehiculares y se promocionen las modalidades lingüísticas propias de cada isla "para garantizar el conocimiento del español en el sistema educativo". Se comprometen ambos partidos en avanzar en el plan piloto voluntario de elección de lengua garantizando los recursos suficientes para su aplicación en educación primaria y su extensión a secundaria para el próximo curso.

Más allá de las cuestiones concretas, ambos grupos parlamentarios se han abierto a estudiar legislativos y otras medidas "que garanticen los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y reflejen la realidad bilingüe de nuestra comunidad", siempre dentro del marco de la ley de normalización lingüística y del Estatuto de Autonomía. El pacto contempla una batería de medidas para tratar de garantizar que todos los trámites de la administración pública estén disponibles en la lengua que prefieran y que el desconocimiento del catalán no penalice para puestos públicos.

El acuerdo incluye la ampliación del periodo de sesiones hasta el mes de julio para poder abordar la aprobación parlamentaria de estas cuentas. A diferencia de Baleares, otras regiones en situación de prórroga lideradas por el PP, caso de Aragón, descartaban ya cualquier acuerdo propio si se entraba en junio, para lo que queda poco menos de 48 horas.

"Cumplimos el mandato de las urnas"

Poco antes de las diez de la mañana, el Govern balear convocaba de urgencia una reunión. A los pocos minutos, la presidenta regional, Marga Prohens, trasladaba públicamente ese acuerdo para unos presupuestos cuyo contenido será similar al borrador presentado en noviembre y que quedó en papel mojado. Los detalles económicos los trasladó posteriormente el vicepresidente del Govern, Antoni Costa. Se destaca un incremento de 148,4 millones (un 2%) respecto a los presupuestos anteriores, hasta alcanzar los 7.469,1 millones. Además, el gasto social, dirigido a educación, salud y servicios sociales y vivienda será el más alto de la historia. Un 5,1% más que en las cuentas de 2024 para llegar a 4.438,7 millones.

Prohens afirmó que con este desbloqueo de cuentas el Govern da "cumplimiento al mandato de las urnas" y se "avanza pese al ruido". "Hemos abordado muchos temas y la negociación ha sido compleja", alcanzando definitivamente el rechazo al reparto de menores migrantes acordado entre el Gobierno central y Junts a mediados de marzo. En esto ha centrado buena parte de la intervención. Hay que recordar que dos de los requisitos mínimos de Vox para hablar a nivel general con todos los PP era el rechazo a la inmigración irregular y al Pacto Verde europeo. También romper relaciones con el PSOE en Europa, algo que no ha llegado.

"No es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad. El Govern ya manifestó su disconformidad con el reparto tal y como se planteó", dijo Prohens, que reclamó a Moncloa medidas "rotundas" para finiquitar la "ruta consolidada" de cayucos que van desde Argelia a las islas. Afirmó la presidenta que los presupuestos contendrán medidas específicas para combatir el fenómeno migratorio irregular. En ese alineamiento contra el Pacto Verde, Prohens anunció que habrá medidas de respaldo al sector primerio "para contrarrestar y compensar las políticas europeas".