La decisión de trasladar la Autoridad Nacional que vela por los secretos oficiales del Ministerio de Defensa al de Presidencia ha causado un profundo malestar entre altos mandos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que depende del primero de ellos. Las fuentes consultadas creen que la nueva norma puede generar "caos" e "inoperatividad" a la hora de controlar la información más sensible del país.

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El pasado martes, el ministro Félix Bolaños presentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la nueva ley de información clasificada. Además de los cambios respecto a los tiempos para la publicación automática de los informes con distintos rangos de seguridad y las multas para quien se atreva a publicarlos antes, la nueva norma recoge un punto fundamental. La competencia estará ahora en manos de Presidencia, que dirige Bolaños.

El departamento del vicepresidente político hará un trabajo "transversal" entre todos los ministerios que clasifiquen información, aunque en la práctica son principalmente los de Defensa, Interior y Exteriores. La única excepción será todo lo relacionado con la OTAN, que lo seguirá custodiando Margarita Robles.

Investigación más que burocracia

Ese es uno de los principales puntos que molestan a los responsables del CNI. En la actualidad, algo menos de 200 funcionarios de carrera de la inteligencia española se dedican a tareas relacionadas con los secretos oficiales. Las fuentes consultadas consideran que depender de Moncloa puede ser una traba en sus carreras profesionales, a la hora de conseguir ascensos por ejemplo, y en sus vidas personales, ya que podría frenarles los cambios de destino.

La segunda cuestión tiene que ver con las labores propias de La Casa. La custodia de los secretos de Estado no se ciñen a procesos burocráticos. Los agentes no sólo dan acuse de recibo y archivan los documentos. El CNI tiene una labor de investigación y análisis sobre empresas o personas físicas.

El cambio en la legislación es un compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el PNV, partido que ha servido de apoyo durante la legislatura. Los jeltzales tienen el punto de mira puesto, especialmente, en todo lo relativo a el franquismo, la transición y el 23-F. Pero los archivos clasificados son mucho más.

Entre los documentos que se fichan como secreto, hay empresas de seguridad y Defensa, cables diplomáticos, datos sobre personas extranjeras y sociedades, operacioens que se pueden estar desarrollando en nuestro país de dudosa legalidad... Todo eso, los trabajadores del CNI dedican una ingente cantidad de tiempo a comprobar, rastrear y verificar para poder dar la información más precisa al presidente del Gobierno.

"Del todo inoperativo"

El tralado a dependencias de Moncloa conllevaría, además, que los agentes se tuviesen que dividir, ya que lo referente a la OTAN seguiría siendo competencia de Defensa. La cuestión es que en el actual panorama internacional y geopolítico es que "casi todo" es OTAN. "¿Cómo se va a separar eso? Va a ser del todo inoperativo", se queja una de las fuentes consultadas.

"A nosotros nos da igual dónde nos pongan, pero que sea el mismo", resumen un mando de inteligencia, que desliza que quizás la solución es adscribir el CNI a Presidencia directamente en lugar de a Defensa. Esto es compartido por sectores políticos, que consideran que si los espías reportan al presidente del Gobierno no hay motivo para que haya un nivel intermedio como es el Ministerio de, en este caso, Margarita Robles. Tampoco sería una novedad, ya que el PP, con Mariano Rajoy en Moncloa, puso a Soraya Sáenz de Santamaría como responsable política de La Casa.

Excepciones

La nueva ley tendrá cuatro niveles de secreto, cada uno con un tiempo determinado para su desclasificación automática. Así, el 'Alto Secreto' se estipula su desclasificación automática transcurridos 45 años, que solo se podrán prorrogar una vez y de forma motivada por 15 años más. En el caso de la información clasificada como 'Secreto' se desclasificará pasados 35 años y solo será prorrogable 10 años más de forma excepcional y motivada. Para la información 'Confidencial' se establece un plazo de desclasificación automática de entre 7 y 9 años no prorrogables. La información clasificada como 'Restringido' se desclasificará en un plazo de 4 y 5 años, que tampoco se podrá prorrogar.

El fin del secreto afectaría a áreas tan sensibles, tanto desde un punto de vista de seguridad como político, como la lucha contra ETA, las distintas negociaciones con la banda terrorista o lo relativo a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Pero también se conocerán asuntos relacionados con la exportación e importación de armas o las relaciones de España con Marruecos en los momentos más tensos de la dictadura franquista. De todas formas, según explicó Bolaños, todo aquello que pueda afectar a la seguridad nacional seguirá en la sombra, lejos del conocimiento de los ciudadanos, periodistas o historiadores.

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