En plena polémica abierta por el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, acusando a Isabel Díaz Ayuso de dumping fiscal y de "acumulación insolidaria" a pesar de ser Madrid el territorio que más aporta a la solidaridad interterritorial, el responsable económico del PP, Juan Bravo, le ha acusado de "intentar tapar su mala gestión" atacando a otro territorio. En este sentido, le ha recordado al mandatario catalán que tiene competencias autonómicas para "bajar los impuestos a los catalanes. Que lo haga porque va a ganar en actividad, dinamismo, inversión...". Y más allá de Madrid ha puesto el ejemplo de su tierra, Andalucía.

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Además, ha defendido que el coste de esa rebaja "sólo le afecta a Madrid, no al conjunto" y recordado que es la que hace la mayor aportación al fondo común. Otra cosa es que en Cataluña se suban los impuestos "para abrir embajadas en China en lugar de destinarlo a sanidad, educación o políticas sociales". Hasta 2017, año del desafío independentista ilegal, Cataluña lideraba España "desde el punto de vista económico, ahora lo hace Madrid".

Antecedentes de rebajas de impuestos por presidentes socialistas

Interrogado en este punto sobre si esa bajada de impuestos genera competencia desleal ha insistido en que "no perjudica a otras comunidades y la competencia siempre es buena para trabajar de manera más eficiente". Ha recordado que en la anterior legislatura autonómica territorios como Valencia, presidido por el socialista Ximo Puig, apostaron también por la bajada de impuestos, en su caso a las rentas de menos de 60.000 euros. "Dejemos libertad para que establezcan su criterio. Hay que dejar a las comunidades su competencia tributaria. Andalucía recauda más que antes, ha ganado empleo, actividad, empresas, contribuyentes". También ha intentado desactivar el reproche del Gobierno central respecto a que bajar impuestos es incompatible con pedir recursos del Estado. "Eso no es pedir dinero, es lo que pagan los ciudadanos con sus impuestos", ha recplicado.

Por otro lado, interrogado sobre las palabras del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en La Razón, sobre la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo reciba los votos de Junts para una hipotética investidura, ha explicado que la intención declarada de su jefe de filas es conseguir 10 millones de votos. Eso no impide tampoco que muchas de las propuestas económicas, "en beneficio de los españoles y de España", que han llevado a la Cámara Baja hayan recibido el apoyo de grupos como Junts, pero, en todo caso, "no somos dudosos".

Alerta sobre los riesgos de Huawei

Bravo ha convocado rueda de prensa en plena canícula para informar sobre la petición de su Grupo Parlamentario al objeto de que los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, den cuenta del contrato con la empresa china Huawei, para, entre otras cosas, el almacenamiento de escuchas policiales. Un contrato que ha encendido olas luces de alarma a nuestros socios europeos y estadounidenses en materia de seguridad y defensa.

En este sentido ha denunciado, que en el informe anual de Seguridad Nacional de 2023, se alertaba del riesgo que suponía el gigante asiático por su estrategia híbrida; el uso de información política, militar, científica y tecnológica, o la creación de redes de altas esferas para ejercer presión. Referencias que en el informe de 2024 desaparecen por completo. Sánchez "tendrá que explicar porqué pone en peligro al seguridad del Estado".

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