Un tema menor ha sentado al fiscal general del Estado en el banquillo. El auto del juez instructor de la causa contra Álvaro García Ortiz hace hincapié en ese aspecto: "una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había partido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal" fue la clave para la comisión de un posible delito de revelación de secreto.

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¿Fue el fiscal el que ofreció la conformidad penal o fue el abogado del novio de Díaz Ayuso quien dio ese paso?

Si estuviéramos ante un procedimiento normal, esa cuestión sería insignificante. Pero la clave en este proceso es que el infractor es precisamente el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Era importante saber quién había ofrecido el acuerdo porque "había que ganar el relato" de que Alberto González Amador era un defraudador fiscal "confeso". Lo que, en la mentalidad retorcida de quien impulsara la batalla por "ganar el relato", dejaba manchada a Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid lleva años enfrentada al presidente del Gobierno, quien la considera como la enemiga número uno dentro del PP.

Si no hubiera existido esa contaminación política, a García Ortiz el asunto no le hubiera importado un bledo. Menos aún ganar el relato.

Por eso, aunque en el auto se omite aquella afirmación que sí figuraba en su escrito de junio, como es que la carrera por "ganar el relato" se puso en marcha "a raíz de indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno", parece lógico pensar que el fiscal general no se metió en este berenjenal sólo por el sano impulso de que brillara la verdad. Como bien recuerda el Tribunal de Apelación en su auto del 29 de julio: "Para realizar la réplica informativa -a una información publicada por El Mundo- no era preciso revelar información reservada. No se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto".

La composición de la Sala que juzgará al fiscal general augura un intenso debate. El caso está en buenas manos

Para "ganar el relato", en "una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado", se filtró a un medio de comunicación (la Cadena Ser) el texto de un correo enviado por el abogado del novio de Ayuso al fiscal que llevaba su caso. Eso es un delito de revelación de secreto como la copa de un pino, como saben muy bien García Ortiz y Juan Lobato. Incluso aunque la causa -esa es la tesis del gobierno- fuese justa.

No se ha podido demostrar que fuera García Ortiz el que dio la orden directa de filtrar ese correo, pero juega en su contra el hecho muy significativo de que borrase todos los mails de su teléfono móvil. Como apuntó la Sala de Apelación en su escrito: el borrado de los correos electrónicos "es un potente contra indicio" de la inocencia del fiscal general.

La causa, politizada desde el primer día, continuará siendo política cuando la Sala del Supremo abra el juicio oral y, finalmente, dicte sentencia. En una actuación preventiva, el gobierno ya ha dicho a varios periodistas of the record que la elevada fianza impuesta a García Ortiz es la prueba de que este es un juicio político. Algunos medios no han dudado en situar a Ángel Hurtado en el seno de la "fachosfera".

Pero las cosas no son tan simples. La sala de siete magistrados que tendrá que decidir si declara a García Ortiz inocente o culpable (la pena máxima sería de seis años de prisión) augura un intenso debate. Hay jueces claramente progresistas (como Ana Ferrer o Susana Polo), con gran capacidad y experiencia, que expondrán sus dudas, si es que las tienen, sobre la posible condena al fiscal general. Para Andrés Martínez Arrieta -un hombre que no tiene un marcado perfil ideológico- será una prueba de fuego como recién nombrado presidente de la Sala Segunda. Por su parte, Manuel Marchena, su antecesor en el cargo, tendrá que poner a prueba su auctoritas para intentar una sentencia respaldada, si no por todos, sí por una mayoría clara de magistrados. En fin, que pese a que habrá una valoración política de la sentencia, el caso está en buenas manos.

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