El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, hizo una matización respecto a la Ley de servicios a la clientela que está en tramitación en el Congreso de los Diputados. Ello después de que Junts anunciara este martes una reforma legal para que el catalán fuese obligatorio para los trabajadores de servicios de atención al cliente en las grandes empresas de más de 250 trabajadores, aquellas que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general. Independientemente de si están o no ubicadas en Cataluña.

En esa línea se ha expresado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, este miércoles por los pasillos del Congreso. Aseguró que la enmienda pactada presuntamente por el Gobierno y Junts también se ha puesto sobre la mesa y acordado con ERC y EH Bildu. "Queremos fomentar las lenguas cooficiales de este país en todos lados", apostó el republicano.

En concreto, el ministro de Sumar limitó ese uso de las lenguas cooficiales no al conjunto del territorio español, sino a aquellas llamadas que se produzcan desde los enclaves en los que se cuenta con lenguas cooficiales. Matizó: "Se hablan en Galicia, Navarra, Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares". "Defendemos el derecho de que las grandes empresas, que dan servicio en todo el país, ofrezcan a los clientes de esos lugares la posibilidad de expresarse en la lengua con la que hablan habitualmente. No estamos hablando de pequeños negocios", dijo Bustinduy.

El ministro apeló a que es "un derecho recogido en la Constitución y en los estatutos de autonomía", ese uso de la cooficialidad. "Es razonable y de sentido común. Creo que es un paso en la buena dirección", consideró a su salida del pleno de este miércoles, en el que se ha celebrado el segundo control al Gobierno del ciclo de sesiones.

Según Bustinduy este intento de "garantizar el derecho de los consumidores no es nuevo", sino que viene de la legislatura anterior y es algo que "apoyó el PP". "El PP tradicionalmente ha defendido el uso de las lenguas cooficiales, pero estamos en una legislatura en la que la derecha aprovecha cualquier asunto para generar confrontación", apreció el titular de Consumo. Puso de ejemplo el episodio de Isabel Díaz Ayuso en la última conferencia de presidentes en junio, en Cataluña, donde abandonó el encuentro hasta que Imanol Pradales y el anfitrión Salvador Illa cesasen sus intervenciones en lengua cooficial. También hicieron uso de ella algunos presidentes autonómicos del PP como Alfonso Rueda.

El ministro instó en recalcar que todo aún está en negociaciones pero vino a señalar que lo manifestado por Junts solo tiene sentido si se hace una consulta desde Cataluña a una gran empresa que preste servicio allí independientemente de su ubicación principal. "Es un avance en derechos" y estamos trabajando con todos los grupos, viendo sus sugerencias, afirmó a la espera de que se de el debate de ponencia y comisión.

Bustinduy, además de este asunto, recalcó que esta ley va a "suponer un antes y un después para el consumidor", asegurando que hay una enorme "insatisfacción de los consumidores". Va a "prohibir las llamadas spam", que te llamen a cualquier hora del día y de la noche, que se garantice "la atención en tres minutos" cuando se llame al servicio al cliente de las grandes empresas y que esa ayuda la proporcionen "personas y no máquinas".

Esta matización de lo expresado por Junts tensa las relaciones entre el partido de Carles Puigdemont y el Gobierno. Sobre todo, con el ala magenta del mismo. Pese a apoyar el decreto ley de cuidados de Sumar, impulsado por Bustinduy, 24 horas después, el miércoles pasado, Junts tumbó la ley estrella de Yolanda Díaz. Impidió que el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral comenzase su camino en el Congreso. Este martes, dio la segunda derrota del curso a Sumar, haciendo que no se tomase en consideración junto a PP y Vox su propuesta para la creación de una Oficina contra la corrupción.