Malestar entre los empresarios por el pacto alcanzado por el Gobierno con Junts respecto al Proyecto de Ley de Atención a la Clientela, que prevé que las compañías de más de 250 trabajadores o una facturación superior a 50 millones de euros tengan la obligación de ofrecer servicios de atención al cliente en catalán y el resto de las lenguas cooficiales de España.

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Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) muestran su "preocupación por el aumento de la carga burocrática que puede suponer". Algo que va en contra de la reducción que piden tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea. Según la patronal que dirige Antonio Garamendi, su temor responde al posible "incremento de los costes operativos y de adaptación y por la pérdida de competitividad que implicaría para las empresas españolas".

"Queremos mostrar nuestra inquietud por el impacto sobre la eficiencia y la calidad del servicio que implicaría la adopción de obligaciones respecto a las lenguas cooficiales en empresas sin implementación en sus respectivos territorios", añaden en un comunicado.

La norma está en tramitación parlamentaria en el Congreso y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy señaló que la posibilidad de reclamar en el servicio de atención al cliente en lenguas cooficiales sólo se contemplara en las grandes empresas que ofrezcan sus productos o servicios en esos territorios. Pero tanto PSOE como ERC han dejado la otra posibilidad abierta, por lo que habrá que esperar al resultado del debate parlamentario para saber si la obligación se hace extensible a todo el país.

Más duros se muestran desde CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. La organización que dirige Miguel Garrido dice rechazar "de manera contundente" la propuesta de Junts y acusan al Ejecutivo de aceptar "intervenir en la libertad de empresa solo por contentar a los nacionalistas y seguir en el poder".

"Es intolerable introducir obligaciones, burocracia, costes y disfunciones por razones meramente políticas", abundan los empresarios madrileños. En este sentido, exigen al Gobierno "respeto a la libertad de empresa, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad, y dejar de lado las imposiciones, que tanto dañan la competitividad empresarial".

Asimismo, consideran que "debe respetarse el margen de autonomía de dirección para el empresario, característica inherente a cualquier empresa privada", pues de lo contrario, "estaríamos hablando de una empresa pública".

Por otro lado, la patronal destaca que las empresas que operan o mantienen relaciones comerciales con Cataluña "ya ofrecen de forma mayoritaria esta posibilidad a sus clientes y proveedores, fruto de su propia estrategia empresarial y de negocio, sin necesidad de imposiciones".

Para la patronal madrileña que dirige Garrido, la medida no negociada con las empresas "obedece solamente a un acuerdo político ajeno al interés general. Además, reprochan que se introduzcan este tipo de medidas "en un contexto marcado por un incremento de la presión fiscal y de los costes sociales sobre las empresas".

Según los empresarios madrileños, "esta obligación supondría que las empresas de los sectores básicos de interés general tuvieran que implementar un servicio de atención al cliente en catalán, con el sobrecoste que ello implicaría y la merma, una vez más, de la productividad, que parece ser la última preocupación del Gobierno".

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