Las jubilaciones anticipadas voluntarias siguen en niveles previos a la reforma de Escrivá

Dos de cada cinco trabajadores decidían anticipar su jubilación en 2021, justo un año antes de que entrase en vigor la reforma de las pensiones implementada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Entonces representaban el 39,1% del total; sin embargo, estas decisiones individuales suponían un coste adicional a las cuentas de la Seguridad Social. Por ello, Escrivá introdujo penalizaciones de hasta el 21% en la cuantía de la pensión para hacer menos atractiva la opción de adelantar la salida del mercado laboral antes de la edad legal ordinaria (65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización).

Desde entonces, las jubilaciones anticipadas han perdido peso sobre el total. En 2021 fueron 123.698 trabajadores los que optaron por adelantar su retiro, mientras que en 2024 la cifra cayó hasta los 108.968. En términos relativos, han pasado de representar el 39,1% de las altas de jubilación anuales totales al 29,6%.

Este descenso se explica fundamentalmente por las jubilaciones no voluntarias y la desaparición de la modalidad especial de retiro a los 64 años. En cambio, las jubilaciones voluntarias —que eran el principal objetivo de los coeficientes reductores introducidos por la reforma— apenas han retrocedido, lo que apunta a un impacto más limitado de lo esperado.

Las jubilaciones voluntarias, el gran objetivo de la reforma, solo suponen el 9% del descenso

Para calcular qué ha motivado la reducción de las jubilaciones anticipadas, se ha tomado la caída registrada en cada modalidad entre 2021 y 2024. En ese periodo, las jubilaciones no voluntarias —aquellas derivadas de un despido o reestructuración, que permiten adelantar la jubilación hasta cuatro años— pasaron de 22.829 a 13.192 (–9.637). La modalidad especial a los 64 años, un régimen ya en extinción que permitía retirarse a esa edad si la empresa contrataba a un desempleado en su lugar, se ha desplomado de 6.598 a 273 (–6.325). En esta línea, aunque con mayor moderación, las jubilaciones voluntarias —que el trabajador solicita por decisión propia hasta dos años antes de la edad legal— pasaron de 62.927 a 61.269 (–1.658).

Por el contrario, aumentaron ligeramente las jubilaciones con bonificación, reservadas a colectivos con trabajos penosos o de riesgo, que pasaron de 8.726 a 9.263 (+537). Por último, las jubilaciones parciales, que permiten compatibilizar parte de la pensión con un trabajo a tiempo parcial mediante un contrato de relevo, subieron de 22.618 a 24.971 (+2.353). Estas dos modalidades, al haber registrado incrementos y no descensos, no se incluyen en el cálculo de las aportaciones a la caída.

Así, el reparto de la reducción total se concentra en las modalidades que efectivamente han descendido. De esta forma, el siguiente paso consiste en sumar todas las modalidades de jubilación donde ha habido caídas —9.637 en las no voluntarias, 6.325 en la especial de 64 años y 1.658 en las voluntarias— y, a partir de ese total, se calcula qué parte corresponde a cada una. El resultado muestra que las no voluntarias explican el 54,7% del ajuste y la especial a los 64 años, otro 35,9%. Por su parte, las voluntarias, que eran el principal objetivo de la reforma de Escrivá, apenas representan el 9,4% de la caída.

Impacto en la Seguridad Social

La reforma de pensiones de Escrivá no se limitó a endurecer las jubilaciones anticipadas; también buscaba retrasar la salida del mercado laboral para aliviar la presión de un sistema cada vez más tensionado por el envejecimiento demográfico. De esta forma, la edad media de jubilación se ha ido incrementando gradualmente desde 2021, cuando se situaba en los 64,7 años, hasta los 65,3 en 2025.

En paralelo, se ha producido un aumento de otras modalidades que permiten alargar la vida laboral. La jubilación demorada, que ya existía pero que fue reforzada con nuevos incentivos a partir de 2022, premia económicamente a los trabajadores que prolongan su carrera más allá de la edad legal. O la jubilación parcial, que permite compatibilizar parte de la pensión con un empleo mediante contrato de relevo, también ha crecido en los últimos años, favorecida por ajustes normativos que han ampliado su alcance.

Así, con estas fórmulas no solo se retrasa la salida del mercado laboral, sino que se suman dos efectos positivos para las cuentas de la Seguridad Social: aumentan los ingresos por cotizaciones sociales y se reduce el tiempo de cobro de la pensión. No obstante, aunque estas medidas han contribuido a contener el gasto a corto plazo, las proyecciones son claras.

De no introducirse nuevas reformas, según la Comisión Europea, el gasto en pensiones en España pasará del 13,1% del PIB en 2022 al 17,3% en 2050. Lo que evidencia que, con la jubilación masiva del baby boom, el gasto seguirá desbordando a la Seguridad Social pese a las nuevas fórmulas y al refuerzo de ingresos vía cotizaciones. De hecho, en 2018 las cotizaciones cubrían el 84,5% de los gastos del sistema y actualmente se han reducido hasta representar el 72,6%.