La Fiscalía ha pedido la absolución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el juicio que tendrá lugar contra él en el Tribunal Supremo por, presuntamente, filtrar una información de carácter reservado sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el empresario Alberto González Amador. Se le acusa de haber cometido un delito de revelación de secretos.

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Así consta en el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso El Independiente. "Al no ser los hechos constitutivos de delito, procede la libre absolución con todos los pronunciamientos a ella inherentes", ha precisado la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez. También solicita que en el juicio declare el propio González Amador, entre otros.

Asimismo, recalca que no puede atribuirse ninguna intervención al fiscal general en la divulgación de los correos electrónicos entre el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, y el abogado de González Amador, y subraya que la nota informativa remitida a los medios el 14 de marzo de 2024 contenía únicamente hechos ciertos y acreditados, "que desmentían informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos".

La fiscal también pide que declaren como testigos, además del novio de Isabel Díaz Ayuso, y el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, así como varios fiscales, periodistas de distintos medios y dos miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, autores de informes incorporados a la causa.

También recuerda que la polémica se originó después de que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña transmitiera a periodistas que se había ofrecido un acuerdo a González Amador. La teniente fiscal del Supremo recalca que la nota emitida por la Fiscalía de Madrid al día siguiente tuvo precisamente por objeto "desmentir informaciones inveraces" que habían generado un "evidente perjuicio institucional".

La acusación popular, ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), es la que sostiene la imputación contra García Ortiz y reclama para él una condena de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación en concurso con revelación de secretos. La Sala Segunda del Supremo debe ahora señalar fecha para la vista oral en la que García Ortiz se sentará en el banquillo.

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