Ha sido negociado en secreto con Marruecos durante apenas cinco días y tiene como objetivo último sortear la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que hace un año declaró nulos los acuerdos pesquero y agrícola entre Bruselas y Rabat por incluirse el territorio ocupado del Sáhara Occidental, la ex colonia española. Los Estado miembros de la UE votarán este próximo miércoles un nuevo acuerdo comercial con Marruecos que protege el comercio de bienes del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, vulnerado las sucesivas sentencias de la justicia comunitaria.

Así se desprende de un documento interno de la Comisión Europea filtrado por Western Sahara Resource Watch y remitido a El Independiente. El borrador del acuerdo de la Comisión con Marruecos reconoce que “las negociaciones se celebraron del 10 al 15 de septiembre, tras la autorización del Consejo”. “Los negociadores principales rubricaron el proyecto de Acuerdo el 15 de septiembre de 2025”, apunta. El resultado es un proyecto de acuerdo que, según la Comisión, “proporciona una base jurídica para conceder preferencias arancelarias a los productos originarios del Sáhara Occidental”. Los documentos han permanecido hasta ahora vetados al público en la página web de la Comisión, entre denuncias “sorprendente falta de transparencia”.

Una violación de la sentencia del TJUE

Según Western Sahara Resource Watch (WSRW), un observatorio con sede en Bruselas, el documento “revela un enfoque totalmente cínico: proclama 'respetar el derecho internacional'  mientras lo socava estructuralmente en la práctica”. El texto es una muestra de “los esfuerzos de la UE por adoptar una prórroga del mismo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos que se consideró inaplicable al Sáhara Occidental”. “El documento revela cómo la Comisión está tratando de que se apruebe un nuevo acuerdo comercial para los productos procedentes del territorio ocupado, en violación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hace un año”, desliza tras recordar que se ignoran diez sentencias consecutivas del TJUE que confirman el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

La Comisión ha optado por negociar con Marruecos en secreto, excluir a los saharauis e imponer un acuerdo que pisotea la autodeterminación

“Este documento es absolutamente inquietante. La Comisión ha optado por negociar con Marruecos en secreto, excluir a los saharauis e imponer un acuerdo que pisotea la autodeterminación”, afirma Sara Eyckmans, de Western Sahara Resource Watch. “Eso no es Estado de derecho, es complicidad en su negación. Exigimos que las instituciones de la UE defiendan los principios más básicos del derecho internacional y los derechos humanos, en lugar de transgredirlos impunemente. Los Estados miembros de la UE deben disponer de tiempo suficiente para oponerse cuando la Comisión intente eludir estas obligaciones”, agrega.

Este nuevo acuerdo sometido esta semana a votación se produce en el tiempo de descuento del plazo de un año —hasta el 4 de octubre de 2025— que el tribunal proporcionó para cumplir con el derecho internacional en el caso del acuerdo agrícola. Fraguado a contrarreloj, el 19 de septiembre la Comisión propuso aplicar provisionalmente el texto para evitar una interrupción de la actividad comercial. “Esto ignora por completo al Parlamento Europeo, ya que el acuerdo entraría en vigor de inmediato, sin pasar por el proceso habitual para su aprobación que normalmente llevaría semanas o incluso meses”, advierten desde  WSRW.

Denuncia de los agricultores

Además de vulnerar el fallo del tribunal comunitario y los derechos reconocidos al pueblo saharaui, el acuerdo cuenta con la oposición de los agricultores europeos. Precisamente el pasado viernes ASAJA denunció “la modificación de protocolos del acuerdo entre Europa y Marruecos, con la que se permitirá la entrada de productos del Sáhara Occidental como si fueran provenientes de Marruecos”.

“La organización agraria lamenta la propuesta deshonesta de la Comisión Europea que, lejos de defender a los productores europeos, da manga ancha a Marruecos para exportar productos del Sáhara Occidental contraviniendo el consentimiento de los agricultores saharauis y sin respetar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE”, señaló la organización agraria. Esta decisión, subrayó, contraviene la sentencia del 4 de octubre de 2024 que establecía que el territorio saharaui es diferente al de Marruecos y que cualquier acuerdo que afecte a sus recursos naturales debe contar con el consentimiento de su pueblo, representado por el Frente Polisario.

“Una trampa legal que abrirá las puertas a producciones del Sáhara Occidental con condiciones de producción más laxas que las que afrontan los agricultores europeos (costes laborales más bajos, normativa fitosanitaria más permisiva, ventajas fiscales, etc.), incrementando la competencia desleal que ya sufren las producciones europeas”, arguyó al pedir “la supresión inmediata del acuerdo y que se revisen las condiciones de importación para proteger las producciones europeas frente a prácticas injustas”.

Una trampa legal que abrirá las puertas a producciones del Sáhara Occidental con condiciones de producción más laxas que las que afrontan los agricultores europeos

En la elaboración de la propuesta de acuerdo, “el Parlamento Europeo y el pueblo saharaui han sido completamente marginados”. “En lugar de acatar las instrucciones del Tribunal, la Comisión ha redoblado esfuerzos, renegociando el mismo tipo de acuerdo con Marruecos y excluyendo nuevamente al pueblo saharaui”, apuntan desde el observatorio. “Diez sentencias del TJUE no dejan lugar a dudas: el Sáhara Occidental es un territorio 'separado y distinto' de Marruecos, y solo el pueblo saharaui puede consentir acuerdos que afecten a su tierra y sus recursos”, aseveran. Y explican: “las sentencias más recientes, del 4 de octubre de 2024, reconocen que el consentimiento puede, en casos limitados, 'presumirse', pero solo bajo condiciones muy estrictas: primero, el acuerdo no debe imponer obligaciones al pueblo del territorio; y segundo, el pueblo —incluidos los desplazados fuera del territorio— debe recibir 'beneficios específicos, tangibles, sustanciales y comprobables' proporcionales a la escala de la explotación de sus recursos”.

La UE se compromete a invertir más en el Sáhara ocupado

En lugar de atenerse a lo dictado por la corte y abrir negociaciones con el Polisario, “la Comisión propone ahora seguir como si estas sentencias no existieran, tratando a Marruecos como si tuviera autoridad legal sobre el Sáhara Occidental y excluyendo por completo al pueblo saharaui”, señalan el observatorio. “En cuanto a los 'beneficios', el borrador sugiere canalizar el dinero de los contribuyentes de la UE hacia proyectos de infraestructura en el territorio ocupado que están en la lista de intereses económicos prioritarios de Marruecos, junto con la promesa de un aumento de la ayuda humanitaria de la UE a los campamentos de refugiados saharauis”.

Una promesa que contempla “financiar infraestructuras marroquíes de energía, riego y desalinización en el territorio ocupado”. Desde WSRW alertan de que el compromiso abre la puerta “a nuevos escándalos”. “Un solo proyecto de este tipo, cuya finalización está prevista para el próximo año y que es en parte propiedad del rey de Marruecos, provocará un aumento de las exportaciones de hortalizas a la UE, multiplicando por seis la superficie agrícola del Sáhara Occidental. En otras palabras, al tratar de remediar la ilegalidad del acuerdo anterior, la Comisión, irónicamente, planea ampliar masivamente las mismas prácticas que el Tribunal ya ha considerado que violan el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación”, detalla.

Negociación y votación exprés

Sobre el calendario de su rápida negociación, WSRW tilda de “poco creíble que un acuerdo tan cargado políticamente (especialmente tras una década de derrotas en los tribunales de la UE) pueda negociarse, finalizarse y firmarse en solo cinco días”. “La pregunta obvia es si la Comisión ya había comenzado las negociaciones con Marruecos antes de recibir el mandato legal. Negociaciones similares han tardado meses en concluir. El resultado de esta apresurada negociación de cinco días es un documento lleno de argumentos legales del todo incompatibles con las diez sentencias del TJUE”, replican.

En una vertiginosa sucesión de los hechos, el 26 de septiembre se anunció la votación del Consejo para este miércoles 1 de octubre, “dejando a los Estados miembros de la UE un margen de tiempo mínimo para revisar el acuerdo”, alerta el observatorio. “Este enfoque apresurado elude la debida supervisión democrática e impide por completo una discusión exhaustiva sobre legalidad, consentimiento y derechos humanos antes de que el acuerdo entre en vigor”, denuncian. “Para la votación sobre la aplicación provisional, al igual que para la votación sobre el mandato, la Comisión ha elegido un procedimiento escrito, normalmente reservado para asuntos urgentes. Sumada a la ventana de negociación de cinco días, esta acción subraya la prisa por aprobar el acuerdo en el Consejo en lugar de garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal”, agregan.