“¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. Esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien, queda 'guay' hoy a la mañana que tenía un desayuno y lo suelto. ¿Dónde está el informe económico?”. Con estas palabras, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado la falta de análisis previo sobre el coste que tendría ampliar el permiso retribuido por fallecimiento de dos a diez días, anunciado por sorpresa en la mañana de este jueves por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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Una advertencia que pone el foco en un vacío que el propio Ejecutivo reconoce. Este periódico ha contactado con las principales organizaciones sindicales y empresariales, así como con el Ministerio de Trabajo, para comprobar si existe algún seguimiento de estos permisos en las bases administrativas o en las encuestas laborales oficiales. La respuesta, textual, de fuentes del departamento de Trabajo ha sido: “no hay registro”. Ni el Instituto Nacional de Estadística (INE) ni la Seguridad Social desglosan en sus estadísticas de empleo o ausencias los permisos por fallecimiento, un vacío que impide saber el alcance real de una medida que afectaría tanto a trabajadores como a empresas.

Ante la falta de datos específicos, la única referencia disponible es la evolución del absentismo laboral, que incluye todo tipo de ausencias retribuidas. Según los datos de la Encuesta del Coste Laboral que publica el INE trimestralmente, la última disponible correspondiente al segundo trimestre de 2025 indica que el absentismo general provocó la pérdida del 7,0% de las horas pactadas, el equivalente a 1.558.809 personas que no acudieron a su puesto de trabajo cada día.

De ellas, 1.224.778 se encontraban de baja médica por incidencias temporales (5,5%), mientras que el 1,5% restante —unos 334.031 trabajadores diarios— engloba el resto de causas justificadas: desde permisos por fallecimiento hasta bodas, mudanzas, ausencias injustificadas, deberes públicos, huelgas o formaciones internas. Sin embargo, este porcentaje es la única pista estadística que permite intuir la dimensión economíca que supondría ampliar el permiso.

Choque de ministerios

Yolanda Díaz había anunciado en la mañana de este jueves la ampliación de los permisos por fallecimiento desde los dos días que recoge actualmente el Estatuto de los Trabajadores hasta los diez. De acuerdo con las declaraciones de la vicepresidenta: "Nadie, ni un empleado o pequeño empresario, puede ir bien a trabajar dos días después del fallecimiento de un padre, una madre o un hijo".

El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 37.3. recoge que los trabajadores españoles pueden acogerse a este derecho durante "dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad". Y en caso de que requiera un desplazamiento, "el plazo se ampliará en dos días". En este sentido, para modificar el Estatuto se tendría que implementar un instrumento con rango de ley (como un Proyecto de Ley o un Real Decreto-Ley) que tuviese que pasar por el Congreso de los Diputados. Una reforma que, según la ministra, estaba redactada y pactada con el PSOE.

Sin embargo, a las pocas horas del anuncio de la titular de Trabajo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, enfriaba la posibilidad de ampliar el permiso. Antes de entrar en la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo respondía a los medios que "estamos continuamente trabajando, como he dicho, por conseguir conquistar esos derechos para los trabajadores. La ambición es máxima y tenemos que encontrar una forma equilibrada de seguir hacia adelante, que tenga en cuenta también por supuesto a las empresas".

Los agentes sociales reclaman más diálogo social

Y es que tras el anuncio de Díaz, los agentes sociales se han quedado sorprendidos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado haberse enterado por la prensa de anuncios de este tipo "sin consultar", lo cual es "un menosprecio total al diálogo social". Y ha añadido que para implementar este tipo de iniciativas se requiere previamente un informe económico, un informe que no se ha hecho.

En esta misma línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reconocido que le habría gustado que esta medida se "hubiera abordado y fuera producto de un acuerdo" en el marco del Diálogo Social. No obstante, también ha calificado la propuesta como una "buena noticia", ya que Sordo ha asegurado que España "estaba a la cola" de la protección del fallecimiento de familiares y de permisos "excesivamente cortos" que hacían que muchos trabajadores tuvieran que cogerse la baja porque no estaban en condiciones psicológicas de ir a trabajar con la cercanía del fallecimiento de un familiar cercano.

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