El mediodía del 28 de abril se fue algo más que la luz. El colapso de la red, la sobretensión que desencadenó el apagón, dinamitó también la relación y confianza entre las principales compañías eléctricas del país y el operador del sistema, Red Eléctrica. Hoy, tras meses de acusaciones cruzadas, informes acusatorios y exculpatorios y un horizonte de posibles reclamaciones millonarias por el ‘cero energético’ que inquieta a ambas partes, el pulso se libra en los tribunales. Y lo hace casi de modo personal. El último episodio de estos más de cinco meses de enfrentamientos lo protagoniza el gigante de la energía en Europa, Iberdrola, y la presidenta de Red Eléctrica, la entidad participada por el Estado y que preside la exministra Beatriz Corredor. En juego, la defensa del honor de la compañía que lidera Ignacio Sánchez Galán.

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Sólo un mes después del apagón, la energética ya advirtió de que no permitiría que se insinuase que Iberdrola actuó de modo erróneo. Ser señalada como posible responsable del apagón no sólo supone un impacto reputacional para una de las compañías energéticas más importantes del mundo, sino el riesgo de tener que enfrentarse a las demandas millonarias que puedan derivarse de lo sucedido el 28 de abril de este año. “No vamos a permitir que se ponga en cuestión a una empresa de 125 años de historia en España y que tiene una reputación que dijimos que íbamos a cuidar”, aseguró el CEO en España, Mario Ruiz Tagle. Desde entonces el vaso ha seguido colmándose con las insinuaciones lanzadas desde Red Eléctrica asegurando que las energías convencionales no actuaron bien, que no respondieron a la sobretensión que debían absorber.

Ahora, Iberdrola ha decidido no esperar más y ha optado por llevar a los tribunales a Beatriz Corredor por considera que ha vulnerado “el derecho al honor de la compañía”. El último señalamiento, el que terminó por agotar la paciencia de Iberdrola, fue el ocurrido durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado. En su intervención situó el posible origen del apagón en una incidencia ocurrida en la central fotovoltaica de Núñez de Balboa, en Badajoz, gestionada por Iberdrola. Aquel 11 de septiembre Corredor no la citó expresamente pero sí señaló que la “mala gestión” se produjo en una planta fotovoltaica de Badajoz que se comportó “de forma indebida”.

El señalamiento a esta planta ya figuraba en el informe de Redeia sobre el apagón. No así en ninguno de los informes conocidos sobre el apagón del 28 de abril, donde no se concluía la responsabilidad en las energéticas. El último, el informe, el europeo, lo ha vuelto a descartar.

"Temeraria y negligente"

En todo este tiempo Iberdrola ha defendido que fue una mala planificación y programación de Red Eléctrica la que favoreció las alteraciones de tensión que precipitaron el colapso. Un día después del apagón ya cuestionó que se pudiera poner en duda su proceder. El 29 de abril emitió un comunicado en el que apuntaba a Red Eléctrica al afirmar que todas las centrales determinadas por el operador del sistema en la víspera “estaban acopladas”. Al día siguiente, el propio Ignacio Sánchez Galán afirmó que la responsable de lo ocurrido era Red Eléctrica, “son los responsables”, dijo. Posteriormente, ante las críticas del Corredor, Iberdrola incluso ha acusado a la entidad de actuar con una gestión “temeraria y negligente”.  

Corredor no se ha quedado de brazos cruzados. En sus comparecencias se ha reafirmado en las críticas contra las eléctricas. Ha llegado incluso a asegurar que fue el “incumplimiento por parte de grupos convencionales” de su obligación de “controlar la tensión” la que precipitó todo: “No se tomaron las pastillas de la tensión”, ironizó para acusarles de no haber sabido afrontar la sobrecarga de tensión.   

La reputación de la compañía ante este tipo de acusaciones ha sido una cuestión que Iberdrola se ha precipitado a intentar blindar. El gigante europeo de la energía incluso llegó a cuantificar en 135 millones el perjuicio económico que le generó el apagón del que culpa a la mala programación de Red Eléctrica.    

La eléctrica siempre ha denunciado que se ha sentido señalada “desde el primer minuto” por Red Eléctrica. Lo ha hecho molesta al no conocer en qué datos se basaba el organismo que lidera Corredor y de la que el Gobierno posee el 20% para poner siempre el foco sobre ella.

Capítulos de enfrentamiento

La última semana de septiembre los episodios de sobretensión en la red volvieron a sobrevolar el fantasma del apagón en Red Eléctrica. Las “bruscas” alteraciones en la red han forzado que Corredor ponga en marcha un plan de medidas de refuerzo por la vía urgente. Una de ellas pasa por cambiar algunos procedimientos de programación, como el que obligará a todas las centrales convenciones –nucleares, centrales hidráulicas y ciclos combinados de gas- con capacidad de amortiguación de tensión a estar siempre disponibles. Un cambio que tampoco ha gustado en el sector y en particular en las que gestionan las cerca de 200 instalaciones que ahora deberán estar siempre a disposición de Red Eléctrica.

La tensión entre la eléctrica de Galán y el Gobierno acumula otros frentes. El nuclear también les ha llevado recientemente a los tribunales. Iberdrola, junto a Endesa, encabezó una demanda contra el incremento de la llamada ‘Tasa Enresa’ que deben pagar las centrales al organismo público. Una tasa que las energéticas consideran que se incrementó un 30% pese a que se había acordado en 2019 no hacerlo y que ahora pone en riesgo la viabilidad de la producción nuclear, según las compañías. En el caso de Iberdrola la reclamación en los tribunales es de 324 millones de euros.

Todo en un contexto de tiras y aflojas en torno al futuro nuclear que también ha intensificado la tensión con el Gobierno. Las eléctricas han mostrado su disposición a continuar con la actividad nuclear siempre y cuando se reconsidere su carga fiscal y tributaria. Esta exigencia por ahora ha sido desoída por el Ejecutivo y no hay encuentro previsto. Mientras tanto el calendario avanza y el futuro de la primera de las centrales nucleares que debería cerrar se oscurece cada vez más. A finales de este mes, Almaraz ya tendrá que presentar su plan de cierre para el primero de sus reactores y en marzo está previsto que solicite oficialmente su cese de actividad para finales de 2027.

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