La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ordenado al promotor de la acción disciplinaria abrir un expediente disciplinario al magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) Eloy Velasco por una posible falta grave de desconsideración tras sus palabras en un foro de debate sobre la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero.

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Así lo ha comunicado este martes el órgano de gobierno de los jueces en una nota de prensa, en la que recuerda que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, propuso antes archivar las diligencias informativas que había abierto a raíz de las quejas de un particular sobre las declaraciones del magistrado.

En concreto, se trata de las palabras que enunció Velasco el 13 de noviembre de 2024, en alusión a la conocida como ley del 'solo sí es sí': "De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar que es consentir, a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es consentimiento. Y el expreso y el consentimiento tácito y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás".

La exministra Montero respondió en redes sociales al juez Velasco tras darse a conocer su intervención en dicha conferencia. "De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar", dijo a través de un mensaje en 'X', para agregar que esa formación específica para magistrados lo mandatan las leyes y lo dice la ONU. "Los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa", añadió.

El pasado mayo, Conde propuso archivar las diligencias al considerar que las manifestaciones de Velasco no tuvieron lugar en el marco de su acción como magistrado y que están amparadas por su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, la Comisión Permanente del CGPJ rechazó la propuesta del promotor y acordó por unanimidad devolverle las diligencias informativas abiertas según EFE.

Ahora, al revisar una nueva propuesta de archivo del promotor, la Comisión Permanente ha acordado por mayoría, y con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, que se abra un expediente disciplinario a Velasco, ya que "no comparte" los argumentos de Conde.

Cabe destacar que esta vez Perelló se ha alineado con el sector progresista, mientras que los vocales conservadores Pilar Jiménez, José Eduardo Martínez, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal han anunciado voto particular.

Descarta las quejas contra el magistrado del caso del fiscal general

Al margen, este mismo martes la Comisión Permanente ha informado de su decisión de archivar, tal y como propuso el promotor, las diligencias informativas que se abrieron por varias quejas presentadas por particulares contra el magistrado del Tribunal Supremo que estuvo a cargo de la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Las quejas se hacían eco de publicaciones en diferentes medios de comunicación relativas a la práctica de diligencias de investigación y acusaban al instructor de no cumplir sus deberes judiciales por, a su juicio, difundir datos personales innecesarios y alargando el procedimiento más de lo necesario con mala fe.

Según el CGPJ, en su resolución de archivo el promotor sostiene que "tales afirmaciones no tienen relación con hechos de naturaleza disciplinaria, sino que constituyen aspectos propios de la instrucción a determinar en el seno del procedimiento, por lo que corresponde valorarlos a los órganos judiciales predeterminados por la ley".

Además, Conde recuerda que "cualquier desacuerdo o crítica que se pretenda realizar contra las decisiones contenidas en las resoluciones judiciales debe encauzarse a través de los recursos que las normas de procedimiento establecen para que, en sede judicial, se confirme tal pronunciamiento o quede sin efecto en todo o en parte".

Avala el interrogatorio a Mouliaá en el 'Caso Errejón'

Este martes, la Comisión Permanente también ha recibido el archivo de la diligencia informativa abierta el pasado enero por el promotor a raíz de las quejas recibidas tras la difusión en medios de comunicación y redes sociales de fragmentos de la grabación de la declaración que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, tomó a la actriz Elisa Mouliaá en la causa en la que investiga al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito contra la libertad sexual.

En la nota difundida por el órgano, se explica que el promotor propuso el archivo al considerar que "la visión descontextualizada de tan solo una parte de la grabación ofrece una realidad inexacta o distorsionada, que no se corresponde con la que se constata una vez visionada en su integridad".

Así las cosas, Conde concluye que el juez Carretero "dirigió la declaración sin cometer ninguna infracción disciplinaria, aun cuando empleara términos o expresiones que resultan incómodos o formulara preguntas dirigidas a contrastar la veracidad de la versión mantenida por la declarante".

El promotor entiende que el instructor dirigió la declaración de forma cronológica sobre la base de la denuncia presentada, formulando preguntas en torno a los hechos relatados y, al objeto de contrastar elementos tales como la ausencia de causa de incredibilidad subjetiva o la verosimilitud del testimonio prestado, valiéndose de determinados términos literales recogidos en el escrito de denuncia, lo que explica el uso de determinado vocabulario.

Conde apunta a su vez que consta en la grabación que, al inicio de la misma, el magistrado advirtió a la declarante de que algunas de las preguntas que se le iban a formular podían resultarle inconvenientes o molestas. Asimismo, recalca que durante su declaración Mouliaá estuvo asistida por su letrado y que se encontraba también presente un representante del Ministerio Fiscal, sin que conste que ninguno de ellos formulara quejas o reproches de ningún tipo por la actuación del instructor.

Además, recalca que no consta que la denunciante haya presentado denuncia contra el magistrado, y subraya que su abogado realizó declaraciones a los medios de comunicación en las que, si bien reconoce la dureza del interrogatorio, manifestó que tal rigurosidad puede ser positiva al permitir evaluar la solidez de la denuncia y asegurar que la presunción de inocencia del acusado se respete en todo momento.

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