El congresista peruano Luis Cordero, del partido conservador Somos Perú, ha presentado un proyecto de ley para permitir que las empresas puedan deducir del impuesto a la renta los pagos realizados a extorsionadores, en un intento, según su justificación, de "proteger la vida y seguridad" de las víctimas.

PUBLICIDAD

La propuesta, difundida este jueves por medios locales, plantea modificar la Ley del Impuesto a la Renta para que los contribuyentes que acrediten haber sido víctimas del delito de extorsión puedan declarar esas pérdidas mediante una declaración jurada. La deducción solo se aplicaría cuando el hecho delictivo esté probado judicialmente o cuando sea "inútil ejercitar la acción judicial".

El texto también prevé sanciones penales para quienes proporcionen información falsa y faculta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a dictar las normas necesarias para su aplicación.

Creciente inseguridad

Cordero, elegido en 2021 y expulsado en 2023 de la bancada fujimorista Fuerza Popular por sus vínculos con Jorge Hernández Fernández, alias El Español, investigado por corrupción y crimen organizado, ha presentado la iniciativa en un contexto de creciente inseguridad y extorsiones en el país.

En los últimos meses, sectores como el transporte urbano, la construcción y el comercio han denunciado ataques y amenazas de bandas criminales, que han provocado paros y protestas regionales. El Ejecutivo ha declarado en emergencia varias zonas del norte, aunque los asesinatos y atentados siguen registrándose con frecuencia.

Estado de emergencia en Lima

Ante esta situación, el primer ministro, Ernesto Álvarez, adelantó este jueves que el Gobierno prepara una declaración de estado de emergencia en Lima. "No puede ser simplemente una declaración etérea, sino que tiene que venir acompañada de un paquete de medidas", señaló tras la reunión del Consejo de Ministros.

El presidente interino, José Jerí, ha ordenado acelerar la elaboración de esas medidas, que incluirán el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y la suspensión temporal de derechos como la libertad de reunión y tránsito.

El anuncio se produjo tras una jornada de protestas en la capital por la crisis política abierta tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte, en la que un manifestante murió por un disparo policial y se registraron una treintena de heridos civiles y 80 agentes lesionados.

PUBLICIDAD