El anuncio de que Orange ha alcanzado un acuerdo para comprar el 50% restante de MasOrange, que hasta ahora estaba en manos de Lorca (el vehículo de inversión creado por los fondos KKR, Cinven y Providence), ha vuelto a agitar el mercado de las telecomunicaciones de nuestro país. Entre otras cosas, porque el movimiento, de 4.250 millones de euros, implica que la empresa líder del sector en España por número de clientes pasará a ser 100% francesa, siempre que se obtengan los permisos regulatorios necesarios.

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Algunas fuentes muestran perplejidad por lo que consideran una "paradoja". "Hay mucha regulación y mucho control, pero la realidad es que hay fugas, porque una de las principales empresas de España pasará a estar controlada directa o indirectamente por un país extranjero", sostienen.

Cabe recordar que el máximo accionista de Orange es el Estado francés, que posee aproximadamente un 13,39 % del capital social. En España, MasOrange cuenta con unos 41 millones de líneas entre banda ancha y móvil, y opera con ocho marcas principales nacionales (Orange, Yoigo, Jazztel, MASMOVIL, simyo, Pepephone, Lebara, y Lyca) y cinco regionales (Euskaltel, R, Telecable, Guuk y Embou).

Por ello, las fuentes consideran "preocupante" que una empresa participada por el Gobierno francés gestione los datos de millones de clientes españoles y compita por contratos clave de comunicaciones relacionados con la ciberseguridad nacional. De hecho, recientemente MasOrange impugnó uno de los lotes del megacontrato centralizado de telecomunicaciones de la Administración Central (CORA III), valorado en total en más de 500 millones de euros. Este lote había sido inicialmente adjudicado a la compañía, pero posteriormente fue anulado y otorgado a Telefónica e Indra, porque uno de los socios de MasOrange no contaba con un plan de igualdad vigente, requisito obligatorio.

Sobre esto, las fuentes rememoran la llamada "acción de oro", un mecanismo que permite a los países tener capacidad de decisión sobre determinados asuntos de compañías estratégicas, aunque no posean la mayoría del capital, con la idea de "proteger los intereses del país". Y comparan la situación de MasOrange con el desembarco por sorpresa de la compañía árabe STC en Telefónica, aunque en aquella ocasión Moncloa sí maniobró para convertirse en el mayor accionista de la operadora para proteger sus "capacidades estratégicas".

Otras fuentes, en cambio, no visualizan ninguna problemática en que la compañía pase a ser totalmente francesa. "Es irrelevante", opina José Ignacio Cubero, catedrático de la Universidad del País Vasco, que recuerda que dentro del accionariado de la compañía también hay fondos de inversión y entidades bancarias no necesariamente francesas.

"El personal seguirá siendo español, y aunque puede que las decisiones empresariales y estratégicas se adopten desde fuera, hay muchos jugadores a nivel mundial que condicionan cualquier tipo de maniobra. La única cuestión relevante sobre el cambio de dirección es que, como en todas las fusiones, en caso de quiebra o malos resultados, los más perjudicados serán los trabajadores del país al que no pertenece la dirección, pese a ser una filial", resume Cubero.

Con todo, hay expertos como Ángel Melguizo, socio de Argia, Green, Tech & Economics, o Claudio Feijóo, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid que consideran que la operación debe entenderse con visión europea. Se trataría, argumentan, de un paso que nos acercaría a las necesidades expuestas en el informe Draghi, que defendía la necesidad de crear 'telecos' con mayor tamaño y más capacidad de inversión para ser realmente competitivos y no quedarnos atrás.

Qué podría cambiar para los clientes

Desde el punto de vista del consumidor, en Roams consideran que no habrá cambios inmediatos. Los clientes, afirman, seguirán disfrutando de los mismos servicios y condiciones, ya que la operación no implica una fusión nueva ni un cambio en las marcas que operan bajo el grupo.

Sin embargo, Ana de la Torre, experta en telefonía del comparador, visualiza que la operación tendría dos lecturas para el consumidor. Por un lado, mayor capacidad inversora en red y tecnología, con posibles mejoras en cobertura, velocidad y calidad del servicio. Y por otro, una menor presión competitiva en el mercado, lo que obliga a los reguladores a vigilar que esta concentración no se traduzca en subidas de precios o menor variedad de ofertas.

"Creemos que esta nueva etapa podría impulsar la competencia en valor añadido —servicios convergentes, innovación y atención al cliente— más que en precio, por lo que será clave comparar y revisar tarifas con frecuencia para asegurarse de seguir pagando lo justo", desliza De la Torre.

En la práctica, la experta asegura que el control francés se traduce en una dirección más alineada con la estrategia del grupo Orange a nivel internacional, orientada a la rentabilidad, la inversión en infraestructuras y la innovación en servicios digitales. "Para los usuarios españoles, este movimiento significa que España seguirá siendo un mercado prioritario dentro del grupo, con previsión de nuevas inversiones en red y tecnología, pero sin alteraciones directas en su día a día como clientes", zanja.

Sin cambios en la dirección

En el comunicado remitido por Orange para anunciar la compra, la compañía francesa aseguró que la operación acelerará su plan estratégico y reforzará aún más su posición en España, que consideran "el segundo mercado más importante del grupo en Europa". Pero además, los franceses quisieron lanzar un guiño a la actual cúpula directiva de MasOrange: "Con la propiedad total, Orange confirma su compromiso industrial a largo plazo en España y su confianza en MasOrange y su equipo directivo para crear valor para todas las partes interesadas".

A los empleados de la compañía se les ha trasladado que "todo seguirá igual", pero algunas voces no descartaban que pudiera haber cambios en el consejo de administración, liderado a día de hoy por Meinrad Spenger como CEO. No obstante, la propia compañía, cuestionada por este tema por El Independiente, aclara que han confirmado su "pleno compromiso con el equipo directivo de MasOrange, como se mencionaba en el comunicado".

Los cálculos de MasOrange pasan porque la firma del acuerdo vinculante se produzca antes de finales de 2025, estando condicionada al acuerdo sobre los términos y condiciones definitivos. "La transacción se presentará a los órganos de representación de los trabajadores pertinentes. A continuación, deberá ser autorizada por las autoridades reguladoras competentes. La fecha de finalización está prevista para el
primer semestre de 2026", se recogía en el comunicado del pasado viernes.

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