El que fuera el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, se convirtió en un eslabón fundamental para que Víctor de Aldama y sus socios lograran colocar sus productos sanitarios en Canarias. El alto cargo del Gobierno de Ángel Víctor Torres facilitó que la trama lograse sortear los controles para más de medio millón de mascarillas que en un inicio fueron consideradas no aptas para uso sanitario.
Conrado Domínguez, investigado por la Fiscalía Europea, jugó un papel fundamental para que se diera el visto bueno al material distribuido por la empresa vinculada a Víctor de Aldama antes de pasar por un mínimo control médico. Según el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el ex alto cargo canario guió a los empresarios investigados en el marco del 'caso Koldo' en el proceso de elaboración documental para soslayar las trabas impuestas por la Dirección General de Recursos Económicos.
El Servicio de Prevención de Riesgos de un hospital en Canarias detectó que no todas las mascarillas suministradas por la empresa de la trama cumplían con los requisitos para ser consideradas FFP2. Ante ese problema, al que se sumaba la presión de Aldama y los suyos, después de que la administración canaria paralizara los pagos, el director del Servicio Canario de salud se comprometió a "pelear" porque el trámite fuese aprobado.
La solución fue eliminar del etiquetado la denominación "Non medical" para que el trámite administrativo siguiera adelante. Uno de los empresarios de la trama informó al funcionario canario de que este término se usaba por efectos de exportación en China y que "se podía quitar de la caja". Esta solución fue aceptada sin más comprobación por Domínguez que, además, le sugirió "contéstale eso y listo". Al día siguiente, la empresa Soluciones de Gestión S.L. envió de nuevo el anexo técnico en el que ya no aparecía el término "Non medical".
Cambio de clasificación de las mascarillas
Pese a las advertencias de varios funcionarios, el responsable del Servicio Canario de Salud aprobó una resolución final en la que se aceptaron un total de 837.300 unidades reclasificadas y con un precio más bajo. Las mismas fueron consideradas como "mascarillas quirúrgicas" y "mascarillas FFP2 NR modelo SBL902", ambas de uso médico frente a las advertencias iniciales.
Finalmente, se aceptó rebajar el precio de 837.300 mascarillas de 2,5 euros a 0,845 euros, las cuales habían sido las que, en principio, se habían sido rechazadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla. Además, se completó el pedido con 555.000 mascarillas más para completar la factura de 2.095.018, 50 euros, las cuáles fueron ofertadas en un momento de las negociaciones a coste cero. No obstante, su coste acabó incluyéndose en la factura, ya que si no, se "tendría que haber reducido la factura hasta el importe que corresponda con el nuevo precio dado a las mascarillas rechazadas por su idoneidad".
Las comunicaciones halladas por la Guardia Civil vinculan también al entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, con esta operación. Tras varios días de silencio administrativo y con los socios de Aldama cada vez más nerviosos, el 3 de noviembre de 2021, el ministro socialista se puso en contacto con Koldo: "Informe favorable definitivo de las mascarillas. En mi poder... Asunto resuelto por ambas partes. Abre el vino". "Me voy de pedo. Te juro que me emborracho", respondió el exasesor ministerial.
La intervención de Conrado Domínguez fue esencial para que la 'trama Koldo' pudiera recibir el pago completo por el suministro de varios lotes de mascarillas que no pasaron los controles habituales. Cabe recordar que el nombre del exdirector del Servicio Canario de Salud ya salió a la palestra en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía Europea en torno al 'caso Koldo'.
El ex alto cargo canario permanece imputado por el ente europeo en relación al 'caso Koldo' por la adjudicación de un contrato por 4 millones de euros a la empresa. El material adquirido a la empresa RR7 United SL nunca llegó a las islas, puesto que fue rechazado por su calidad y destruido en Aduanas, las mismas fueron adquiridas con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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