El proceso para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado comenzará en los próximos días. Así lo ha anunciado este jueves el ministro de Justicia, Félix Bolaños, después de conocerse la condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz. El Gobierno ha manifestado que el candidato o candidata que pase a ostentar el puesto más elevado del Ministerio Público será "una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho".

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Además de cumplir con unos elevados requisitos de prestigio y trayectoria profesional, se espera que la persona que pase a ser el máximo jefe de la Fiscalía sea de plena confianza para el Ejecutivo. Fuentes del alto tribunal consultadas por El Independiente, apuestan por un perfil cercano a Álvaro García Ortiz. Entre los nombres señalados destacan el de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe.

Ambos han tenido un papel destacado en la causa contra García Ortiz. Sánchez Conde ha ejercido como fiscal de un caso que ha acabado provocando una profunda grieta en el seno de la institución. Como representante del Ministerio Público ha defendido la absolución de su superior por no apreciar delito alguno. Desde el inicio de la instrucción, ha solicitado el sobreseimiento de la causa por falta de pruebas.

Entre otras cosas, Sánchez Conde se ha opuesto al registro de los dispositivos de los investigados y ha defendido, al igual que la Abogacía del Estado, que el registro de despacho del fiscal general fue una medida desproporcionada. Su papel en la causa ha generado múltiples críticas, al considerar que ha actuado como un muro institucional para con su superior.

Respecto a su trayectoria profesional, Sánchez Conde ha sido la primera mujer en ostentar el cargo de teniente fiscal del Tribunal Supremo. Anteriormente, ejerció como fiscal ante el Tribunal Supremo, donde su nombramiento levantó ciertas ampollas entre el sector conservador por su cercanía a Cándido Conde-Pumpido y a la exministra de Justicia, Dolores Delgado.

Por su parte, Diego Villafañe también ha jugado un papel crucial en la causa contra el fiscal general. Mano derecha de García Ortiz, llegó a estar imputado por el Tribunal Supremo; finalmente, el instructor Ángel Hurtado consideró que no existían indicios suficientes y archivó la causa contra él.

En el juicio, declaró como testigo y protagonizó una de las comparecencias más criticadas. Acusó directamente a la fiscal superior de Madrid, Adriana Lastra, de sentir "animadversión" hacia García Ortiz, después de que esta testificase contra él ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Un perfil cercano a García Ortiz

Su papel dentro de la Secretaría Técnica ha sido clave para decisiones estratégicas de la Fiscalía. Es considerado uno de los perfiles más cercanos a García Ortiz, algo que ha demostrado durante el desarrollo de la causa dirigida por el magistrado Ángel Hurtado.

Las voces consultadas apuestan por estos dos nombres, sin descartar que el Gobierno pueda proponer a otros nombres que no hayan salido a la palestra en torno a la causa contra el fiscal general, por su cercanía a García Ortiz. Las mismas fuentes explican, que al igual que ocurrió en el caso de Dolores Delgado, el Ejecutivo puede optar por consultar con el fiscal salmantino para que ponga sobre la mesa nombres de su plena confianza.

El nombramiento de García Ortiz como fiscal general fue muy criticado desde el inicio, precisamente, por su política de nombramientos que favoreció -entre otros- a la que fue su predecesora en el cargo, Dolores Delgado. Su mandato ha estado marcado por las críticas, y su imputación supuso un argumento más a favor de aquellos que rechazaron desde el principio su nombramiento.

El pasado 31 de enero, tras su declaración ante el juez, un tercio de los fiscales que componen la máxima categoría de la carrera pidieron la dimisión de García Ortiz. Los trece fiscales firmantes pidieron al máximo representante del Ministerio Público su marcha "por el bien de la institución y de los miembros que la integran".

Once meses después, García Ortiz tendrá que dejar la Fiscalía General del Estado por la fuerza. El Tribunal Supremo le ha condenado a dos años de inhabilitación para el cargo y a pagar una indemnización al novio de Ayuso de 10.000 euros por un delito de revelación de secretos por cinco votos a favor y dos en contra. Aún queda por conocer la sentencia del tribunal, un fallo inédito que marcará para siempre la historia de la Fiscalía.

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