A qué penas se enfrentan Jordi Pujol y sus hijos

La Audiencia Nacional de Madrid ha comenzado este lunes 24 de noviembre el juicio contra Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat catalana sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

El 'expresident', ha comparecido desde su casa en Barcelona por videoconferencia a puerta cerrada, después de estar hospitalizado desde mediados de noviembre y hasta el pasado viernes por una neumonía. También han testificado los médicos que realizaron un informe forense sobre su salud a petición de su defensa y cuyo diagnóstico establecía que Pujol "no está en condiciones" de continuar con el proceso judicial.

Según la pericial, a sus 95 años el exmandatario presenta "un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)". Así lo ha reiterado este lunes el médico personal del expresidente de la Generalitat, el doctor Jaume Padrós, para quien Pujol "no está en condiciones" de participar en el juicio contra él y parte de su familia por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra.

29 años para Jordi Pujol Ferrusola

La Fiscalía Anticorrupción reclama para el 'expresident' 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus siete hijos pide penas de entre 8 y 29 años de prisión, según su escrito de acusación. Anticorrupción pide la pena más alta, 29 años, para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y una multa de más de 6,5 millones. Para su exmujer Mercé Gironés, quien la fiscal señala que compartió el patrimonio con el que fue su marido, pide 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa.

Al margen de las multas, el Ministerio Público reclama también que la familia Pujol devuelva el dinero del que presuntamente dispuso, más de 45 millones de euros.

Para el resto de acusados, que son empresarios, la Fiscalía pide penas de dos y tres años de prisión por delitos de falsedad de documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales. Y, además, solicita se les imponga multas que van desde los 200.000 euros hasta los 8 millones.

El juez José de la Mata determinó que el resto de los hermanos (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia) tan solo "seguían las instrucciones" del mayor "abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran distribuidos" por el primogénito y "tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito".

"El rol más preeminente" era el de Pujol Ferrusola, ya que ostentaba un "carácter de responsable principal de la recepción y distribución de dinero entre los miembros de la familia", en alguna ocasión fueron Josep, Oleguer o Pere los que realizaron las transferencias a sus hermanos, precisó el juez.

Sobre los procesados fuera del clan Pujol, De la Mata concluyó que "colaboraron estrechamente con la organización, con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios".

Asimismo, explicó que se cumplen los requisitos doctrinales del delito de organización criminal con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.

La 'madre superiora' y 'el capellán de la parroquia'

De la Mata concretó el papel que cada miembro de la familia habría desempeñado en este entramado. El liderazgo estaba "encarnado" en Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola, su mujer, que también estuvo imputada pero falleció en 2024 y que se autodenominaba, según recordó el juez, 'la madre superiora de la congregación'.

En el siguiente escalón estaba su hijo mayor, 'el capellán de la parroquia', que siguiendo las instrucciones de sus padres "asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas" dentro del grupo familiar, indicó.

Según el magistrado, Pujol Ferrusola "ha admitido que todas las operaciones que se llevaron a cabo en las cuentas de Andorra, todos los movimientos que se realizaron en las mismas y buena parte de los negocios en los que invirtió durante años estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia".

Aprovechaban su posición "privilegiada"

Esta causa llega a juicio después de que el magistrado José de la Mata culminara su investigación en julio de 2020, después de ocho años de pesquisas.

El juez propuso juzgar a la familia al completo por formar una presunta organización criminal que, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumuló un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas", según el auto de imputación, al que tuvo acceso Europa Press.

En dicho auto, el magistrado señaló que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles "cantidades millonarias".

El instructor situó el origen del dinero en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas a distintas empresas, que realizaban entregas millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias. Y ello, según De la Mata, a cambio de una "contraprestación" que pasaba por que los Pujol ejercieran "concretas influencias" para adjudicaciones y concesiones "a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán".

El expresidente de la Generalitat admitió en 2014 tener dinero en el extranjero, pero lo achacó a una herencia de su padre, Florenci Pujol. En un comunicado, explicó que éste quiso dejarle ese dinero fuera de España porque, habiendo vivido de cerca los años 30 y 40, "tenía miedo de lo que podía pasar, y más de lo que le podía pasar a un político muy comprometido".