Las empresas encaran un 2026 exigente en materia de costes. Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA), con los que encadena 17 trimestres consecutivos de incrementos, reflejando una dinámica de aumentos constantes en el coste del empleo desde el segundo trimestre de 2021. Y a este escenario se añaden los planes del Gobierno para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 y la futura implantación de Verifactu, que introducirá un nuevo coste regulatorio para las compañías sujetas al Impuesto sobre Sociedades a partir del 1 de enero de 2027 y para el resto de pymes y autónomos desde el 1 de julio de ese mismo año.

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El nuevo sistema de verificación de facturas impulsado por la Agencia Tributaria forma parte del proceso de modernización fiscal que le permitirá reducir el fraude en la facturación y avanzar en la adaptación del sistema español al proyecto europeo ViDA (VAT in the Digital Age). Un plan que exigirá a los estados miembro de la Unión Europea a que, a partir del 1 de enero de 2035, todos los sistemas de facturación electrónica existentes antes de 2024 deberán estar armonizados con los estándares comunitarios.

Pero esta transición tendrá un coste. Aunque Hacienda ofrece una herramienta gratuita con funciones limitadas, la mayoría de compañías necesitará soluciones completas ofrecidas por proveedores privados. En este marco, el country manager de TeamSystem España, Emilio Martínez de la Fuente, ha advertido de que la adaptación al sistema de facturación verificable supondrá "entre 100 y 120 euros anuales de media" por empresa, según destacó este miércoles durante la presentación del Observatorio TeamSystem.

Riesgo de cuello de botella en 2026

El retraso también ha generado malestar entre las empresas que ya habían acometido la adaptación a Verifactu y que, con el nuevo calendario, podrían haber pospuesto el desembolso. Sin embargo, Martínez de la Fuente defiende que estas compañías no han perdido la inversión, sino que "llegarán mejor preparadas" al arranque del sistema verificable. Según detalló, disponer de un software plenamente adaptado con antelación permitirá evitar las prisas de última hora y reducir el riesgo de saturación en los meses previos a 2027, tal y como sucedió en Italia el 1 de enero de 2019 cuando se introdujo el Sistema di Interscambio (SdI).

Una situación que podría haberse reproducido en España si la obligatoriedad de Verifactu se hubiese mantenido con el calendario original: de acuerdo con el estudio de la empresa de software Sage, el 79% de las pymes no estaban preparadas. Además, Martínez de la Fuente recordó que Hacienda había pasado "de tres millones a más de veinte millones" de registros entre septiembre y octubre durante la fase de pruebas, lo que evidenciaba que la adaptación se estaba concentrando en el tramo final del año.

Y las encuestas del Observatorio TeamSystem muestran un patrón similar para 2026: solo un 24% de las empresas mantendrán su calendario inicial y la mayoría prevé adaptarse a lo largo de 2026, con un fuerte desplazamiento hacia el segundo semestre —un 12% lo hará en el primer trimestre, un 22% en el segundo, un 21% en el tercero y un 16% en el cuarto—. Esta concentración de implementaciones en los meses previos a la entrada en vigor elevará el riesgo de un nuevo escenario de saturación, dada la limitada disponibilidad de técnicos y desarrolladores en un periodo de tiempo tan corto. Un retraso que podría dejar expuestas a las compañías que esperasen hasta el último momento a un marco sancionador que contempla multas de hasta 50.000 euros para quienes utilicen programas no conformes con la normativa.

Sindicatos y empresarios enfrentados por la subida del SMI

Por otro lado, las empresas también tendrán que hacer frente a la subida del Salario Mínimo Interprofesional en 2026. Este martes, la CEOE y Cepyme formularon su propuesta: una subida del 1,5%, "lo que supone alcanzar los 16.824 euros brutos anuales y no exentos de tributación al IRPF (1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades)", según explicaron en una nota de prensa conjunta.

Esta propuesta supondría un coste bruto para las empresas de 862 millones de euros, dado que cada punto de incremento salarial implica un coste de 575 millones de euros, según los cálculos de la CEOE. Pese a ello, supondrían 3.450 millones menos respecto de la propuesta más alta de los sindicatos —UGT y CCOO—, que plantearon una subida del 2,7% (1.216 euros mensuales) si el SMI quedaba exento del IRPF y del 7,5% (1.273 euros mensuales) en caso contrario.

En cualquier caso, la definición final del SMI no dependerá solo del pulso entre sindicatos y empresarios. Será el comité de expertos del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, quien emitirá las dos recomendaciones técnicas sobre las posibles subidas para 2026 —una en escenario con tributación y otra sin ella—. No obstante, la última palabra la tendrá el Ministerio de Hacienda, que deberá decidir si el SMI tributará o no y, en función de esa decisión, se aplicará una u otra de las propuestas elaboradas por Trabajo.


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