La Unión Europea (UE) ha decidido intervenir ante el desequilibrio competitivo generado por el auge del comercio electrónico de bajo precio procedente de Asia, especialmente de las compañías chinas como AliExpress, Shein o Temu. Tan solo en España, el número de transacciones de comercio electrónico originarias del área Asia-Pacífico se ha triplicado desde 2019, hasta superar las importaciones que llegan de Estados Unidos. Este crecimiento se ha apoyado, en parte, en la legislación europea vigente, que permitía que los paquetes extracomunitarios con un valor inferior a 150 euros entrasen en el mercado comunitario sin pagar aranceles —aunque sí IVA—. Bruselas tenía previsto cerrar estas lagunas fiscales en una gran reforma aduanera en 2028, sin embargo, el incremento acelerado de envíos —especialmente tras el endurecimiento del comercio con Estados Unidos— ha llevado a la UE a adelantar una respuesta provisional antes de culminar la reforma.

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Este viernes, la Comisión Europea ha adoptado la decisión temporal hasta 2028 de empezar a aplicar una tasa aduanera de 3 euros a todos "los paquetes de comercio electrónico con un valor inferior a 150 euros, a partir de julio de 2026", con la intención de "proteger la competitividad de las empresas europeas al igualar las condiciones entre el comercio electrónico y el comercio minorista tradicional". A esta medida se ha referido también el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, quien ha subrayado que "supone un paso importante para asegurar la igualdad de condiciones para las empresas europeas".

Esta nueva tasa tendrá un impacto significativo en España, el país de la Unión Europea más expuesto al auge de las plataformas chinas. Según el informe Competencia desleal y plataformas asiáticas, que ha elaborado la patronal de las empresas de distribución ANGED, en torno al 56% de las compras online de los españoles son importaciones desde otros países y China se ha consolidado como el principal origen de estos envíos, concentrando el 59% del total. Por tanto, el 34% de las compras online realizadas en España proceden de plataformas chinas, lo que equivale a que una de cada tres transacciones digitales se canaliza a través de operadores como Shein, Temu o AliExpress.

El estudio de ANGED también ofrece información sobre el volumen de paquetes que entran a la Unión Europea. Según sus datos, anualmente, llegan alrededor de 4.600 millones de envíos de menos de 150 euros, de los cuales, unos 180 millones tienen como destino España. Y es sobre este volumen masivo de envíos sobre el que Bruselas ha decidido empezar a cobrar. Así, con la aplicación de la nueva tasa aduanera de 3 euros por paquete, la Unión Aduanera de la UE (UAU) podría recaudar en torno a 13.800 millones de euros al año, mientras que los envíos dirigidos al mercado español generarían unos 540 millones de euros anuales.

Productos baratos, riesgos elevados

No obstante, la eliminación de la exención arancelaria no responde únicamente a una cuestión de competencia económica. El Consejo de la Unión Europea también ha advertido de los "riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores, los altos niveles de fraude y problemas medioambientales" asociados a la entrada de este tipo de mercancías.

El Parlamento Europeo ha señalado que el 75% de los productos peligrosos notificados en el sistema SafetyGate proceden de fuera de la Unión Europea. Muchos de estos artículos de bajo precio incumplen las normativas europeas en aspectos clave como la seguridad del producto, el etiquetado, la composición química o la trazabilidad, pese a la entrada en vigor de marcos como el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) o la Digital Services Act (DSA).

En este sentido, una investigación coordinada por las asociaciones de consumidores de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia y España (OCU) concluyó que de los 162 artículos vendidos a través de Shein y Temu que analizaron: el 65% presentaban irregularidades, un 73% de los productos de Shein y un 65% de los de Temu se consideraron defectuosos y uno de cada cuatro fue clasificado como potencialmente peligroso para la salud.

Además, los hallazgos detallan riesgos concretos que se repiten de forma sistemática en este tipo de mercancías. Entre ellos, niveles peligrosos de metales pesados en ropa y joyas, juguetes con ftalatos capaces de alterar el sistema hormonal, así como productos infantiles y para bebés con riesgo de asfixia o estrangulamiento. A estas irregularidades se suma la ausencia o información incompleta sobre ingredientes en cosméticos y la detección de sustancias químicas permanentes prohibidas en la Unión Europea —como determinados PFAS— en las prendas textiles, junto a otros incumplimientos graves de la normativa de seguridad y etiquetado comunitaria.

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