Ha sido un año tremendamente complicado para Pedro Sánchez. Las investigaciones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Koldo' han marcado el ritmo de la agenda política del presidente del Gobierno. Sin embargo, las causas que le afectan en el plano personal son las que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra su esposa, Begoña Gómez, y la que dirigió la magistrada Beatriz Biedma contra su hermano, David Sánchez, que será juzgado el próximo mes de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz.

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La investigación contra Gómez cumple este mes de diciembre 16 meses de instrucción. La causa nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias, que la acusó de servirse de su condición de cónyuge del jefe del Ejecutivo para favorecer a empresarios como Juan Carlos Barrabés. Actualmente, está imputada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos.

Posteriormente, el juez amplió el foco hacia su actividad en la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigía la Cátedra de Transformación Social Competitiva, y hacia la supuesta apropiación indebida del software desarrollado por varias empresas para uno de los másteres vinculados a dicha cátedra. También investiga si la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, participó en actividades privadas de la esposa del presidente del Gobierno.

La situación procesal de Gómez empeoró a finales de septiembre, cuando un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, detalló una serie de irregularidades en contratos de Red.es por 8,4 millones de euros adjudicados a empresas de Barrabés, amigo personal de la esposa de Sánchez.

El documento apunta a que las cartas de apoyo que acompañaron el expediente, dos de ellas firmadas por Gómez, pudieron "adulterar" la valoración técnica del proyecto y provocar beneficios para la consultora de este empresario. Hacienda también avisó a la Fiscalía Europea, que asumió parte de la investigación, de que dichas cartas beneficiaron "injusta e ilegalmente" a Barrabés.

Si bien la Audiencia Provincial de Madrid ha propinado varios rapapolvos al juez Peinado —como negarle en reiteradas ocasiones que investigue el papel de Gómez en el rescate de Air Europa—, lo cierto es que ha avalado el núcleo de su investigación. Los magistrados entienden que la relación entre Gómez y Barrabés constituye la "clave" de la causa, al considerar que la cátedra de la Complutense actuó como plataforma de captación de fondos y de proyección institucional.

La Audiencia de Madrid habló en mayo de una "clara desviación de poder" en el comportamiento de Gómez. Subrayó que "aprovechó su proximidad" al presidente del Gobierno "para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias" a cambio de "contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada en un sector novedoso".

En la misma línea, Peinado sostiene que la relación de parentesco entre Pedro Sánchez y su esposa constituye "el origen de los hechos delictivos" que investiga, ya que sin ese vínculo Gómez y el resto de investigados "difícilmente podrían haber puesto en práctica las conductas" que considera delictivas. La causa entra ahora en su recta final: iniciada en abril de 2024, el juez deberá concluir la instrucción en un plazo máximo de cuatro meses.

También consideran "dudoso" que el nombramiento de su asistente recayera en una "amiga íntima" y no en un "funcionario experto en protocolo", lo que apuntala los indicios de que se produjera un delito de malversación. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló que Álvarez participó en decenas de gestiones de uno de los máster que formaban parte de la Cátedra de la Complutense.

El "hermanísimo"

El otro gran quebradero de cabeza judicial para Pedro Sánchez ha sido la causa contra su hermano David, que será juzgado en mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz por su acceso en 2017 a la Diputación de la provincia extremeña. En concreto, ocupó el puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, que en 2022 se transformó en Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

A diferencia de la investigación contra Begoña Gómez, marcada por avances erráticos, la jueza Beatriz Biedma llevó a cabo una instrucción quirúrgica. La causa se abrió a finales de mayo de 2024 —también a raíz de una denuncia de Manos Limpias— y, en apenas un año, la magistrada procesó a Sánchez y a otros diez trabajadores de la Diputación.

Entre ellos se encuentra el recientemente dimitido como líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, tras sus malos resultados en las elecciones autonómicas. Todos serán juzgados por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, si bien no está claro si el socialista lo hará en la Audiencia Provincial o en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dado que estará aforado cuando tome posesión como diputado autonómico.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz sostiene que la plaza fue creada ad hoc para el hermano de Pedro Sánchez y que, aunque formalmente se siguieron los trámites administrativos, se vulneraron los principios de publicidad, mérito, capacidad e igualdad exigidos por la ley. Las resoluciones que culminaron en su contratación fueron, según la magistrada, "injustas y arbitrarias", ya que "crear una plaza pública pensada de antemano para un candidato concreto es ilegal".

Biedma concede relevancia a un correo intercambiado entre los directores de conservatorios de Badajoz con el asunto "El hermanísimo", enviado antes de que la plaza fuera oficialmente adjudicada, lo que a su juicio evidencia que el destino del puesto estaba decidido de antemano. Uno de ellos definió ante la juez la creación de la plaza de coordinador como "un disparate".

La jueza añade que, aunque David Sánchez no tenía vínculos conocidos con Badajoz en ese momento, su hermano ya había sido secretario general del PSOE y visitaba con frecuencia la provincia, por lo que resulta "razonable" pensar que ese entorno político mantenía contactos con personas influyentes en Extremadura.

También será juzgado el extrabajador de Moncloa Luis Carrero, que según la juez utilizó la influencia derivada de "su amistad íntima" con David Sánchez, al que llamaba "hermanito", para lograr la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz.

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