A la Mesa del Congreso le ha caído una patata caliente que carece de antecedentes. Lo primero fue tener a uno de sus diputados encarcelado, después suspenderle como parlamentario con todos los derechos inherentes que llevaba esa condición, para terminar decidiendo sobre si debe recibir o no indemnización por cese de actividad una vez que ha renunciado a su acta. Y la última decisión también conduce a confusión desde el momento en que anunció su decisión de jubilarse como la única vía para garantizar unos ingresos fijos. Toda esta concatenación de hechos inéditos tiene un nombre propio: José Luis Ábalos Meco.

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El órgano de gobierno de la Cámara Baja volverá a tratar de la situación del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE en su reunión del próximo martes, una vez que arranca la actividad parlamentaria tras las vacaciones de Navidad. De momento están los servicios jurídicos estudiando si tiene derecho a unos 47.000 euros de indemnización, algo más de 3.000 euros al mes, que es el cálculo aproximado conforme a los años que ha sido diputado.

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La indemnización es incompatible con cualquier otro ingreso público o privado

Miembros de la Mesa consideran que, sin adelantar cuáles pueden ser las conclusiones de los letrados, la indemnización por cese "carece de sentido desde el momento en que no va a incorporarse al mundo laboral sino a jubilarse", pero, sobre todo, porque la indemnización resulta incompatible con cualquier otro tipo de ingreso. Así lo explicita el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios. La indemnización "será incompatible con la percepción de cualquier retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado".

Cuando se trató en diciembre el tema de la retirada del sueldo y de las prerrogativas parlamentarias -una vez el Supremo desestimó su recurso contra su auto de procesamiento y le mantuvo en prisión- "hubo ciertas dudas y se intentó hacer con todas las garantías", narran fuentes parlamentarias a El Independiente. Con posterioridad, muchos de los miembros de la Mesa se enteraron de su pretensión de cobrar, en consecuencia, esa indemnización por cese de actividad, que sí recibió, por ejemplo su sucesor en la secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también imputado por presunta pertenencia a una trama 'criminal'.

Ábalos llegó a acusar a la Mesa del Congreso de tener "prisa" por "suspender mis derechos"

Pero del mismo modo se vieron sorprendidos cuando además anunció su deseo de pasar a ser pensionista "privado de todo ingreso y protección social". Una ausencia de ingresos que le impedía afrontar su defensa y atender necesidades familiares, adujo hace apenas una semana. Ábalos llegó a acusar a la Mesa y a la presidencia del Congreso de tener "prisa" por "suspender mis derechos y deberes como diputado" e impedirle defender "la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación" apelando al artículo 23 de la Constitución.

De sus constantes reclamaciones ante el órgano de Gobierno de la Cámara Baja, dan fe muchos de sus miembros. Su paso al Grupo Mixto se tradujo en distintos escritos para quejarse de vulneración de sus derechos como parlamentario y planteando dificultades que pasaban desde problemas para ubicarle en un despacho en la Carrera de San Jerónimo a carecer de minutaje con el que intervenir en los plenos.

Cuando entró en prisión pidió el voto telemático, que no está ni mucho menos contemplado para estos casos. Todos esos escritos "sí los trajeron a la Mesa y se trataron. No hubo debate porque estábamos todos de acuerdo", dicen las distintas fuentes consultadas. La mesa de la Cámara Baja la conforman tres representantes del PSOE -contando con su presidenta, Francina Armengol-, cuatro del PP, al ser el Grupo Parlamentario más numeroso, y dos de Sumar. De este modo, los partidos de Gobierno se garantizan la mayoría.

Incluso aunque no vaya como punto en la reunión de la Mesa del martes 10, los representantes del PP quieren suscitar este asunto sobre el que admiten sentirse desconcertados por lo novedoso. Explican fuentes populares que "por la relevancia que tiene preguntaremos y los letrados habrán ya elaborado algún documento". Una vez que no se puede acudir a casos anteriores, la idea del PP pasa por "asesorarnos muy bien con los informes de los letrados y por otras vías, porque se decida lo que se decida, se crea un precedente".

El PP sospecha que tras la renuncia al acta de diputado media un pacto con el PSOE

Además, no descartan que tras la decisión de renunciar a su acta de diputado medie un pacto con su antiguo partido, que rescata un voto atrapado en la prisión de Soto del Real (Madrid). Por eso, a pesar de tener claro que indemnización y jubilación son incompatibles, aspecto en el que coinciden otros miembros de la Mesa, finalmente se decida "retorcer" el Reglamento de la Cámara para dar satisfacción a quien lo fue casi todo en el Gobierno de Pedro Sánchez y en Ferraz. Sí es compatible, sin duda, la pensión de jubilación con estar preso.

Pero quizá incluso ni siquiera el próximo martes haya un resolución definitiva de la Mesa de la Cámara. No se descarta algún otro movimiento a la desesperada de Ábalos, ni tampoco nuevos intercambios de documentación antes de poner tomar una decisión, aunque los letrados, dicen en el PP, sean "de parte".