Como en tantos otros momentos de la legislatura, el Gobierno llega a otro martes de Consejo de Ministros con una negociación abierta, intensa y tensa. Esta vez, para aprobar la revalorización de las pensiones —una cuestión no conflictiva, y que no tiene problemas de refrendo parlamentario— y salvar, a la vez, las medidas antidesahucios que hasta ahora formaban parte del escudo social. Hay distintas fórmulas, distintas vías de escape que el Ejecutivo está tratando con los grupos, y nada está cien por cien claro todavía, aunque el escenario que ha ido ganando fuerza en las últimas horas es que la subida de la paga a los jubilados, junto al escudo social, se quede en un real decreto ley aparte y que por separado se impulse otro solo con la prórroga de la suspensión de los lanzamientos, aunque con más limitaciones que las vigentes, de tal manera que no afecte a los pequeños propietarios. Es decir, dos decretos, y no ya uno solo, como era el propósito inicial de Pedro Sánchez. Pero todo está sobre la mesa y la última decisión la tiene, como siempre, el presidente, que dará la orden a distancia, ya que se encuentra de viaje oficial en Dubái. Él tiene que determinar si se aprueba el paquete, aunque troceado, este martes, la opción más probable, o se lleva para la siguiente reunión del Gabinete, el 10 de febrero. Y, lo más importante, qué materias entran y cuáles quedan fuera. En función de los consensos que pueda tejer el Ejecutivo. Ahora no caben fallos.

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El Gobierno en su laberinto. Obligado a construir alianzas a izquierda y derecha, muchas veces sobre el alambre y con el obstáculo actual de que no tiene interlocución directa con Junts. Eso proclaman al menos las dos partes. Pero los posconvergentes son necesarios para todo. Sus siete votos marcan la diferencia entre el triunfo y el abismo. Por eso la vía para poder conseguirlos es la de trocear el decreto ómnibus que cayó la semana pasada y dividir su contenido en dos normas: un decreto ley con pensiones y escudo social y uno segundo solo sobre vivienda (la congelación de los desahucios).

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El texto derogado incluía medidas que se vienen extendiendo desde la pandemia, como el veto al corte de suministros o el bono eléctrico, además de ayudas a la dana o los incendios

Junts ya hizo caer el pasado 27 de enero, al sumarse a PP y Vox, el real decreto ley que incluía tanto la actualización de las pensiones —con un incremento general del 2,7%— como la extensión del llamado escudo social, un conjunto de medidas que se vienen aprobando año tras año desde la pandemia, desde la prohibición del corte de suministros básicos, hasta el bono social eléctrico y la suspensión de los desahucios para las familias más vulnerables. El texto también recogía ayudas para los afectados por la dana o por los incendios del pasado verano y las entregas a cuenta de las comunidades autónomas.

La prohibición de los lanzamientos es la iniciativa más cuestionada entre las formaciones de la derecha socias del Ejecutivo (PNV y Coalición Canaria y, hasta la ruptura del pasado octubre, Junts), porque entienden que al final acaban "pagando" esa medida los pequeños propietarios, aquellos que tienen una vivienda en alquiler con la que complementan sus ingresos o su pensión y se encuentran con que su inquilino deja de pagar la mensualidad y no lo pueden echar.

Desde 2021 está en vigor un sistema para compensar los impagos y el año pasado Junts pactó con el PSOE una vía más ágil, la de una línea de avales que se dotó de 300 M€ el martes pasado

El Gobierno ya aprobó un sistema de compensación para los caseros en 2021 que, como vienen denunciando los partidos conservadores y admite el propio Ministerio de Vivienda, no funciona, porque se trata de un procedimiento latoso y al que de hecho se han acogido pocos arrendadores en estos años. Junts pactó hace justo un año otra herramienta complementaria, una línea de avales, pensada para que funcionara de manera más rápida y se agilizase el pago al casero. Se llevó al segundo decreto ley ómnibus —el que convalidó el Congreso, con el voto favorable de los posconvergentes y del PP, el 12 de febrero—, pero el Gobierno esperó a desarrollar reglamentariamente la medida hasta el pasado diciembre, y solo lo hizo cuando la formación de Carles Puigdemont rompió con los socialistas y Sánchez reconoció sus "incumplimientos" con ella. Y fue el pasado martes, 27 de enero, cuando el Consejo de Ministros la dotó con 300 millones de euros.

La línea roja del PNV

Ahora, el Gobierno negocia con los grupos para suavizar o rebajar, por tanto, la moratoria antidesahucios. ¿Cómo? El PNV marcó el camino: sacar a los pequeños propietarios de la aplicación de la medida. Es decir, que no se vean afectados aquellos que no son grandes tenedores de vivienda y, por tanto, que un casero con una vivienda en alquiler (o tal vez dos, eso está también por definir) pueda desahuciar a su arrendatario si no abona la renta. La posición de los nacionalistas vascos ya era conocida, pero este lunes su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, la volvió a repetir para que la Moncloa captara el mensaje. Su línea roja.

Para el PNV, igual que para Junts y CC, se debe proteger también a los "propietarios que a veces se convierten en vulnerables al asumir la carga del impago que les impone el Estado"

"Si el Gobierno quiere aprobar un nuevo escudo social, debe incorporar garantías para los pequeños propietarios y así evitar dobles vulnerabilidades. Lo hemos trasladado otra vez, como ya lo hicimos en diciembre: que se amplíe ese escudo, que no obligue a los propietarios con una vivienda en alquiler a asumir que sus inquilinos no les paguen, no se les puede equiparar con los fondos buitre o con grandes tenedores. Claro que hay que ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, pero debe hacerlo el Gobierno. Por eso pedimos que se les exonere de esta medida", manifestó Vaquero en un comunicado remitido a los medios. Es decir, para el PNV, como para Junts y CC, se debe proteger también a los "propietarios que en ocasiones se convierten en vulnerables al asumir la carga del impago que les impone el Estado".

El camino que está explorando el Ejecutivo, como reconocen en la Moncloa, es el señalado por el PNV, bajo el sobreentendido de que también los posconvergentes aceptarán esa fórmula. Eso, por tanto, garantizaría la prórroga de la moratoria antidesahucios, aunque con bastantes más límites a los que existen desde 2021.

La idea del Gobierno, según relatan fuentes de la Moncloa, es que las medidas antidesahucios, más matizadas por la presión de la derecha, se recojan por tanto en un decreto ley específico, separadas de la norma que contendrá la subida de las pensiones y el resto del escudo social. Es decir, que del texto tumbado la semana pasada emanarán dos decretos leyes separados. Uno, el de las prestaciones a los jubilados y de protección de los vulnerables (más ayudas a la dana y a las zonas afectadas por los incendios), compartido prácticamente por todos los grupos, incluido el PP, y otro con la prórroga de la congelación de los lanzamientos, que no afectará, previsiblemente, a los pequeños propietarios, y que el Ejecutivo sacaría adelante, al menos, con su mayoría de investidura.

Sánchez se comprometió este domingo a que la subida de las pensiones saldrá adelante "sí o sí, con o sin el PP". Una medida que podría ayudar a la candidata en Aragón, la exministra Pilar Alegría

Este es plan de la Moncloa, como confirmaban desde el núcleo duro del presidente, aunque advertían de que "no es seguro al 100% que los dos decretos leyes sean aprobados este martes en el Consejo de Ministros. Indudablemente, al Gobierno le conviene lanzar ese mensaje de tranquilidad a 10 millones de pensionistas, parte de ellos votantes del PSOE, y más en plena recta finala de la campaña electoral en Aragón, en la que su candidata, la exministra Pilar Alegría, parte debilitada, con expectativas a la baja y con el riesgo de caer por debajo del suelo de su partido. Precisamente el domingo, en Teruel, en el mitin que compartió con Alegría, Sánchez aseguró que habría subida de las pensiones "sí o sí, con o sin el PP".

Unas 60.000 familias afectadas

Desde el principio la Moncloa tuvo claro que quería salvar como fuera la integridad de su paquete social, y especialmente la moratoria antidesahucios, que beneficia a unas 60.000 familias vulnerables. No solo porque serían difícilmente digeribles para un Ejecutivo de izquierdas las imágenes televisadas de miles de hogares recibiendo órdenes de desalojo. También porque sus socios de izquierda reclaman esa prórroga y presionan para que no se deje caer.

Sumar se abría este lunes a separar el decreto de pensiones del resto del paquete social, siempre que se garantice que este cuente con los votos suficientes para que no quede guardado en un cajón

Sumar, socio de coalición de los socialistas, mostró este lunes su disposición a que se desgajara la subida de las pensiones, siempre que el resto del paquete social se aprobara al mismo tiempo y se garantizara que cuenta con los votos suficientes. El ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun, insistía en que lo importante no era la forma sino que se aprueben todas las iniciativas a la vez. El peligro de dejar la prórroga antidesahucios para más adelante es que finalmente acabara guardada en un cajón y no se reuniesen los apoyos suficientes. Es decir, la clave para Sumar, informa EFE, es que todo se aprobara a la vez en el Consejo de Ministros, troceado o no, y todo fuera a la vez al Congreso.

El titular de Cultura recordó que hace ya un año el Gobierno pactó con Junts la puesta en marcha de esa línea de avales para los pequeños propietarios y estaba dispuesto a hacer algún ajuste en la medida, siempre que no se pusiera en cuestión la protección de las familias con menos recursos. También Pablo Fernández, por Podemos, delegó en el Ejecutivo la forma que asegure la subida de las pensiones sin sacrificar la prohibición de los lanzamientos. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, confirmó que las negociaciones con el Gobierno habían comenzado en la noche del domingo y calificó de "mala excusa" votar en contra de un decreto con una "inmensa mayoría de cosas buenas solo porque hay alguna que no te gusta". Bildu, por su parte, fue quien pactó con la Moncloa la prórroga de todo el escudo social, y desde su grupo en Madrid apuntaban que llevaban trabajando "desde hace varios días" con el Ejecutivo para que las cosas "puedan llegar a buen puerto" y queden aprobadas "todas las medidas" del primer texto.

Sánchez no preside este martes el Consejo de Ministros, dado que tiene agenda oficial en Dubái. Lo hará en su lugar la vicepresidenta Montero, negociadora junto a Bolaños y Rodríguez

Sánchez, por tanto, podría estar a centímetros de aprobar dos nuevos textos con los que fisurar el fracaso parlamentario de la semana pasada y rearmar el bloque de investidura. Él no preside este martes el Consejo de Ministros, dado que tiene agenda en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), con motivo del World Government Summit. Su lugar lo ocupará la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, uno de los miembros del Gabinete que ha conducido las negociaciones, junto con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez. Todo irá al filo de la navaja, como en otras ocasiones de este convulso mandato. Pero en la Moncloa confían en poder ganar la partida.