La conmoción y el shock por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ni se habían digerido. El bloqueo y desasosiego en el PSOE que siguieron a la acusación de un tótem para los socialistas se iban a estirar algo más, hasta su declaración ante el juez del 17 y 18 de junio. Ese era el punto en el que se hallaba el partido cuando amaneció este 27 de mayo. Pero pasadas las ocho y media de la mañana sobrevino una fortísima convulsión. Otra más. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó en la sede federal de Ferraz para requerir información sobre los presuntos pagos irregulares del partido a su exmilitante Leire Díez y no salió de allí hasta 13 horas después. En paralelo, practicó registros en las viviendas del exsecretario de Organización Santos Cerdán —en Milagro (Navarra)—, del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y del empresario Javier Pérez Dolset —en ambos casos, en Madrid—.
Los cuatro, imputados por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por varios delitos por formar parte de una presuntamente trama "con cargo a fondos" del PSOE para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno o contra miembros de la formación. También la gerente del partido, Ana María Fuentes, resultaba imputada y se apuntaba a indicios contra Juanma Serrano, expresidente de Correos, y el diputado nacional por Jaén y miembro de la ejecutiva federal Juanfran Serrano, aunque de ambos el juez señaló que habrá que concretar, con el curso de la investigación, su responsabilidad penal.
Otro meteorito para el PSOE. Inmenso. Que se sumaba a los dos anteriores en apenas semana y media: el desastre de las elecciones andaluzas del 17 de mayo y la imputación de Zapatero. En el partido, dirigentes y diputados aseguraban no dar crédito a lo que está sucediendo. Pero enseguida se afanaron en la contención de daños: la presunta red descubierta por Pedraz formaba parte del universo de Cerdán, fuera de las filas socialistas desde hace más de un año, pero no salpicaba a la actual dirección, y advertían de la suma de "casualidades", del agolpamiento de malas noticias judiciales en muy pocos días, una "operación perfectamente diseñada" contra el partido, para minar su ánimo y erosionar a su líder. Una "sincronización" de hechos que a muchos no encajaba. "Sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias", verbalizó el ministro para la Transformación Digital y uno de los hombres más cercanos al presidente, Óscar López. Un hilo discursivo que muchos compartían en el PSOE, aunque otros, los más alejados de la cúpula, no se declaraban tan convencidos y mostraban su "preocupación".
Lo que alimentó las sospechas de la dirigencia socialista fue que el primer dato que se trasladó de la personación de la UCO en Ferraz era que se trataba de un registro por presunta financiación irregular del partido. El susto alcanzó a todos, porque esa es la línea roja que han puesto los socios para dejar de apoyar al Gobierno y fue la que prendió en los primeros compases de la sesión de control al Ejecutivo que arrancó a las 9 en el Congreso, con Sánchez ausente porque justo a esa hora era recibido en audiencia privada por el papa León XVI en el Vaticano. Pero no era así. El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional sí está indagando los pagos del PSOE a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, pero esa causa sigue bajo secreto y, por tanto, se desconoce si de ella se encontrará o no un cabo de supuesta financiación ilegal. Luego ya se supo que los registros domiciliarios y la entrada en Ferraz habían sido lanzados por Pedraz en el marco del caso Leire, por esos presuntos pagos del PSOE a la exmilitante, motejada como fontanera de la formación, para desbaratar procedimientos judiciales.
También generó indignación interna que se hablara de "registros", porque, como después puntualizó Sánchez en su rueda de prensa en la Embajada de España ante la Santa Sede, Ferraz se aprestó a "colaborar" con la UCO. "Hay muchos requerimientos [de información] que se hacen a muchas instituciones por parte de la Guardia Civil y eso no es óbice de nada", explicó. La dirección no opuso ninguna resistencia. El auto de Pedraz, de 50 páginas, habla de la "práctica de requerimiento judicial al PSOE" y, si el partido no lo atendiera —que no fue el caso—, se autorizaba a la UCO a la entrada y registro y a emplear la "fuerza" si fuera "necesario". 13 horas estuvieron los agentes de la Guardia Civil buscando información: abandonaron el cuartel general a las 21.30, aunque una hora antes, hacia las 20.30, marcharon de allí varios coches policiales. Nadie de Ferraz dio explicaciones ni información de qué había ocurrido allí y qué sabía (o no) de lo que pudo hacer la supuesta red. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, mandó a través de redes sociales un mensaje de "tranquilidad": "Somos un partido íntegro".c
El papel de la gerente
Sánchez, en su rueda de prensa, insistió en la "colaboración con la Justicia" de su Gobierno y del PSOE, y prometió actuar "con la misma contundencia" que hace un año, cuando se echó a Cerdán tras un demoledor informe de la UCO que le llevó casi cinco meses a prisión, si hay "nuevos comportamientos irregulares". Pero, al mismo tiempo, y tras enterarse por la prensa de su imputación, defendió la labor de la gerente del partido, Ana María Fuentes, en el cargo desde octubre de 2021, porque ha conducido las cuentas del PSOE de forma "escrupulosa" este tiempo. El auto de Pedraz apunta a la "indiciaria responsabilidad" de la dirigente socialista de los delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado, "al menos como cómplice" y, "en todo, caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil", pues ella emitía "las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez".
De momento, la dirección no avanzó ningún tipo de actuación cautelar contra Fuentes, ni tampoco contra los dos dirigentes sobre los que el juez señala que hay indicios, aunque habrá que "concretar", en su caso, su responsabilidad penal: Juanfran Serrano —mano derecha de Cerdán en Organización y, tras su caída, secretario de Política Municipal de la cúpula socialista—, y Juanma Serrano, expresidente de Correos y primer jefe de Gabinete de Sánchez, antes de su llegada a la Moncloa. Si el magistrado hallara más pistas contra Juanfran Serrano, tendría que elevar una exposición razonada al Supremo para que decida si le investiga o no, dado que es aforado por su condición de diputado en el Congreso por Jaén.
Según lo narrado con detalle por Pedraz, Díez llegó a percibir cuatro pagos de Ferraz de 4.000 euros a través de una empresa de Zarrías y también 27.225 euros a través de una sociedad del abogado Ismael Oliver, igualmente imputado. La supuesta trama que operaba para torpedear causas judiciales y que tenía a Cerdán como jefe pudo intentar sobornar al fiscal José Grinda (con 300.000 euros) o a la empresaria Carmen Pano (con 50.000), imputada en el caso hidrocarburos y que declaró al juez haber llevado 90.000 euros en metálico a Ferraz. La mancha alcanza hasta el PSC y su campaña de las catalanas de mayo de 2024, las que le acabaron llevando a la Generalitat, por las contrataciones publicitarias. La formación del president, Salvador Illa, mandó este miércoles un comunicado insistiendo en su actuación con "total transparencia" y su "colaboración" con la Justicia. El "punto de inflexión" para la supuesta trama, según Pedraz, se produjo a raíz de los cinco días de reflexión de Sánchez, en abril de 2024.
En los pasillos de la Cámara baja, los rostros de los miembros del Grupo Socialista lo decían todo. En shock, incapaces casi de absorber el alud de malas noticias y de titulares que despedía el auto de Pedraz. "Las casualidades no existen. Nuestra gente tiene la sensación de que van a por nosotros, de que buscan el colapso del Gobierno. Es que te da la sensación de que ellos [el PP] juega con las cartas marcadas. Si tienen que investigar, pues que investiguen todo de una vez, pero no así, día a día", apuntaba una parlamentaria al abandonar el pleno, preocupada, como todos. Y cabreada, también como todos.
Pero esta diputada, como otros compañeros, incidía en que, llegados a este punto, solo queda un camino: resistir. "Los nuestros nos piden que aguantemos". Esa fue, además, la señal que mandó por la mañana Sánchez desde Roma: la "estabilidad" de estos ocho años de mandato —se cumplirán, precisamente, el próximo lunes, 1 de junio— es un valor, las investigaciones en curso "no impugnan" la labor del Gobierno, hay tarea por delante por hacer y las generales, por tanto, no se anticiparán. La legislatura es de cuatro años, como prescribe la Constitución, reiteró, y él lo cumplirá, así que los comicios llegarán en 2027.
En el Ejecutivo y en Ferraz, desde luego, se emitía un mensaje de "tranquilidad". "Lo que ha salido es todo el tema de Leire. Pero vamos, menuda trama habríamos montado si hemos confiado en una persona como ella. Todo esto es Santos", apuntaba un alto cargo del Gobierno ya por la tarde, horas después de conocido el auto —a diferencia de la rueda de prensa matutina del presidente—. Este mando del Gobierno insistía en que la gerente, a la que conoce desde hace años, es "muy rigurosa", por lo que no le encaja su participación en la trama. "¿Impacto electoral? Para las municipales y autonómicas [de mayo de 2027] queda un año, y para las generales, un año y dos meses", agregó, dando por hecho, por tanto, que las legislativas llegarán en la fecha prevista, en julio del año que viene, y no antes. Nada moverá al presidente de su intención, creen en la Moncloa, porque los socios, aunque presionen, no se despegarán de la coalición ni se embarcarán en una moción de censura liderada por el PP que tendría a Vox como viajero necesario.
La "gota malaya" para que el partido colapse
Desde la dirección socialista, también llamaban la atención sobre las "coincidencias". El análisis expresado claramente por el ministro Óscar López y que muchos responsables también defendían. "Se trata de una operación perfectamente diseñada", indicaba una integrante de la ejecutiva de Sánchez, sin atreverse a poner cara y nombres a sus autores.
Para los socialistas, el tormento se desencadenó tras las elecciones andaluzas —que, con la rápida cadencia de los acontecimientos, ya parecen prehistoria—: arrancó con la imputación de Zapatero, al que por cierto Sánchez reiteró su confianza ayer desde Roma, siguió este miércoles con la nueva derivada del caso Leire y continúa este jueves con el comienzo del juicio, en la Audiencia de Badajoz, al hermano del presidente. "Esto es una gota malaya para que alguien se suicide", apuntaba un cargo de la cúpula con evidente consternación, convencido también de que en esta situación agónica solo cabe aguantar: "Si tenemos más de 100 años de vida es por algo. El PSOE está lleno de gente resistente".
La sensación de hostigamiento externo ha permeado en más puntos del partido. "El fondo de armario no está aseado. Eso es indiscutible. Y eso ellos [el PP] se lo pueden permitir, nosotros no. La noticia es Leire, no el caso Kitchen [en fase de juicio en la Audiencia Nacional]. Pero el grado de coordinación y alineamiento de los acontecimientos no es y no puede ser casual. No, tantas casualidades no hay. No se puede ser crédulo ni ingenuo. No significa que no haya cosas feas, pero casualidades no hay", observa un veterano cuadro del partido que señala las nuevas declaraciones de José María Aznar de este martes. El expresidente recuperó aquella frase de noviembre de 2023 con la que pretendió agitar a todo el espectro de la derecha contra Sánchez cuando estaba negociando su investidura con los independentistas a cambio de la amnistía: aquel "el que pueda hacer, que haga", dijo, cobra más sentido en una España que vive una "situación insostenible". "Un descaro sin disimulo", afirmaba este responsable.
"He leído el auto, y de momento no veo ningún delito que haya cometido el PSOE ni su gerente. Soy jurista —expresa un senador—. Sé lo que hay, lo que se escribe y cómo queda todo después". "Sí que hay mucho de eso, de operación de derribo de Sánchez, desde el principio, pero conociendo información del auto también veo cosas inadmisibles y errores que vamos a pagar con un precio altísimo todos. Ahora, la sincronización de los tiempos para la sentencia mediática también lo veo. E informaciones que luego se corrigen después del daño hecho [como la de financiación ilegal] también tiene tela", verbaliza una baronesa provincial.
Para otros dirigentes más alejados de la cúpula, sin embargo, lo sucedido no se puede reducir a una "operación" contra el PSOE. "La clave es que no hay partido, que la gente pensante está fuera, que alrededor [de Sánchez y su equipo] no hay más que la gente cortada a pico y que además los líderes provinciales no saben nada de nada. Estarán perplejos pero no tendrán ni idea de lo que ha pasado allí", manifiesta una dirigente que conoce bien las tripas del partido, pero que asimismo consciente de que ahora mismo el presidente no puede adelantar los comicios "con este clima".
Un barón regional se dice muy preocupado. Sí aprecia "lawfare en el caso de Begoña Gómez", la mujer del presidente, pero no en el resto de causas que asedian a Sánchez y al partido. "Es todo bochornoso. La fontanera, Julito Martínez [el amigo empresario del expresidente Zapatero]... ¿Pero en qué manos ha estado mi partido? —clama este máximo líder territorial—. Es que yo no estoy dispuesto a normalizar todo esto. En mí sí produce vergüenza, y no estoy cómodo conviviendo con todo esto. El PSOE no puede aceptar ni normalizar esta falta de ética en la acción política y orgánica". Para una responsable del sector crítico, la pregunta que muchos se hacen es "si Pedro no sabía nada de esto". "Estamos kaputt", prosigue, "porque, vamos a ver, ¿nos quejamos de lafware y resulta que lo montábamos nosotros? La gente no es idiota y no soportan que nos traten como a idiotas".
El "interés general" no es el adelanto electoral
En cualquier caso, la orden del presidente es la de apretar los dientes y aguantar la tempestad. Con la confianza de que la mala mar pasará. Como ocurrió el verano pasado, cuando el partido se hundió tras conocer la cara que jamás pensó que tendría Cerdán y remontó a la vuelta de vacaciones con la recuperación de la iniciativa por parte de Sánchez. El líder socialista está dispuesto a resistir todas las presiones que vengan. Es momento de pensar en el "interés de los ciudadanos", y no en el "interés partidista" como, a su juicio, defiende el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien la víspera le pidió "cuestión de confianza o elecciones".
"El interés general de los ciudadanos a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis", arguyó. La tesis de la Moncloa es que no va a renunciar a continuar legítimamente al frente del país por mucho que acosen a Sánchez desde distintos frentes.
"No dejamos de recibir palos, y la gente se deprime, pero luego Pedro sale a animarnos —resume un parlamentario nacional—. Así que yo no veo otra opción que aguantar. Yo no le voy a dar el Gobierno al PP fácilmente. Que se lo ganen".
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