La lista es larga. La de las deficiencias, los olvidos y las necesidades urgentes. En nuestro país las presas están dispersas por toda la orografía conformando un mapa de 2.453 instalaciones no siempre mantenidas en las mejores condiciones de seguridad. Presas grandes, medianas y pequeñas. De alto riesgo y de peligro moderado en caso de colapso. A la mayor parte de ellas les une una realidad: carecen de las necesarias medidas de seguridad y de los medios, inversiones y recursos para actualizar su puesta a punto. Es la propia Dirección de Agua del Ministerio de Transición Ecológica la que lo reconoce en uno de sus informes: el 60% de las presas requiere actualmente de intervenciones urgentes de seguridad y el 75% de ellas ni siquiera cuenta con un plan de emergencia.

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Y la lista de problemas no acaba ahí: el 32% de las presas de titularidad estatal registra problemas en sus sistemas de desagüe, fundamentales para actuar en episodios de intensas borrascas o DANA como los vividos recientemente. El detalle del análisis es aún más sorprendente. Asegura que seis de cada diez presas presentan carencias estructurales y necesitan mejoras urgentes. Para ello propone un plan de actuación y medidas para el periodo 2023-2033. Acciones que requerirían una inversión en la próxima década de 4.500 millones de euros.

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Fallos en los sistemas de desagüe y planes de emergencia

El informe revela además cierta desidia y falta de implicación en el cumplimiento de las exigencias en materia de seguridad en estas infraestructuras. Reconoce que existe un bajo porcentaje de cumplimiento de las actuaciones incluidas en los planes de revisión de las presas. También que se aplican “criterios subjetivos de priorización en las actuaciones contenidas en las revisiones de seguridad” o que las inversiones en seguridad han sido “insuficientes”. La lista de incumplimientos continúa apuntando que “en un elevado número de presas” faltan documentos de seguridad exigidos por la normativa técnica y que la cantidad de inspecciones de seguridad “todavía es muy reducido”.

Este informe de la Dirección de Agua que radiografía el estado actual de las presas, en particular las 375 de titularidad pública, concluye que durante años el control de la seguridad ha llegado a ser “marginal” por parte de las instituciones y las confederaciones hidrográficas. También detecta falta de personal cualificado, ausencia de planes de emergencia en cientos de presas, déficit formativo en las nuevas generaciones de técnicos…: “La muy elevada formación en materia de ingeniería de presas que se impartía en España fue referencia internacional, pero hoy ese pasado glorioso no es más que ceniza”, llega a afirmar el documento ‘Líneas de actuación para la mejora de la seguridad de presas y embalses 2023-2033’.

Ese arrinconamiento de la seguridad en la lista de prioridades se ha cronificado, según aseguran los expertos consultados. Décadas de cierta desidia en las que el tiempo y las inclemencias climáticas han seguido erosionándolas a un ritmo mayor de lo que lo hacía su mantenimiento. En nuestro país existen 122 presas con más de un siglo de vida y otras 460 que superan los 60 años y en todas ellas los ‘achaques’ empiezan a inquietar.

La herencia de Tous y la sombra de la DANA

Conocer el estado de las tripas de estas estructuras es otro de los aspectos vitales. Poder auscultarlas, tomarles el pulso interno a sus materiales, detectar filtraciones o desgastes, es hoy una urgencia que no siempre se cubre del mejor modo. Maquinaria anticuada o insuficiente e inspecciones en ocasiones inexistentes es lo que denuncian algunos ingenieros de caminos expertos en presas: “El tema de la auscultación es grave. Una cuestión que no requiere de grandes inversiones y que en muchos casos se hace con material oxidado, anticuado. ¿Qué diríamos si los médicos de la sanidad pública nos auscultaran con material de hace 25 años? Así no hay manera de saber cómo se está comportando la presa”, asegura Jesús Contreras, ingeniero de caminos, canales y puertos y vocal de la Asociación Caminos.

Las presas están catalogadas en tres niveles en función del impacto que tendrían en caso de colapsar. En la categoría A, la de mayor gravedad, se encuentran 919 presas. Cerca de 300 de las 375 presas estatales se engloban en esa categoría. En el nivel medio de riesgo, el B, se encuentran 150 y en el rango de menor riesgo, el C, la gran mayoría: las 1.299 restantes. “Si ocurre un colapso en una presa de 'categoría A' hablamos de algo más que de cientos de muertos”.

En la historia de España el caso más dramático se produjo el 20 de octubre de 1982. Aquella tarde una DANA provocó el colapso de la presa de Tous, en Valencia, al acumular tanta agua que rebasó la corona y erosionó su estructura hasta que colapsó a las 19:15 horas. Aquella tragedia provocó 8 muertos y afectó a una treintena de municipios colindantes. Contreras recuerda que más recientemente corrimos un riesgo elevado con la presa de Forata, en Valencia. La entrada de un elevado caudal de agua obligó a un desembalse de emergencia y, pese a los temores, la estructura aguantó.

Falta de inversión y personal: el análisis de los expertos

Según Contreras, 24 de las grandes presas de España se cree que tienen los “órganos de evacuación sin garantías y presentan una situación estructural que compromete su estabilidad. Tampoco los elementos de control de sus niveles son operativos: ¿Qué ocurriría si una DANA se concentrara sobre ellas? Recordemos lo que sucedió con Forata”, se pregunta.

Almudena Leal es ingeniera de caminos, canales y puertos y experta en presas. Considera que es urgente que en España se cree un organismo independiente que impulse un cambio en la aplicación e implantación de las medidas de seguridad en toda la red: “Algo así como un Consejo de Seguridad de Presas que sea equiparable al que se aplica a las centrales nucleares, independiente y ajeno a la titularidad de las presas”.

Leal lamenta la escasa inversión en seguridad que se ha venido haciendo en los últimos años. “La Dirección de Agua dedicó 16 millones para 168 presas; eso está muy lejos de las necesidades reales”. En su opinión, existe una falta de “cultura” en el cuidado de estas infraestructuras que podría estar detrás de su situación. Fue Aznar en 2004 quien pasó la responsabilidad de las presas del Ministerio de Fomento al de Medio Ambiente “y ahí todo fue a peor”: “En ese ministerio están más enfocados en otras cuestiones, más vinculados al medio ambiente, a la ecología y no al cuidado de infraestructuras”.

En esa falta de preocupación por este tipo de cuestiones sitúa otra realidad: “Muchas confederaciones hidrográficas han tenido presidentes biólogos, farmacéuticos, abogados… eso nos da una idea de las prioridades. Además, la calidad de los informes técnicos también ha bajado mucho”.

"Si tuvieramos que abrir todas las presas, alguna no abriría"

Denuncia que la falta de inversión se suma a la falta de personal: “Un ejemplo es la Confederación del Guadalquivir: tiene 17 ingenieros para controlar 65 presas y trabajan muchas veces con materiales y maquinaria obsoleta. Así es difícil conocer el comportamiento que está teniendo una presa”. Leal afirma que hay compuertas en algunas presas “que llevan años sin abrirse” y que podrían estar bloqueadas por lodos o acumulación de restos: “Si hoy tuviéramos que abrir todas, seguro que alguna no abriría. Sólo en las presas del Estado, en 220 de ellas, hacen falta inversiones y mejoras estructurales”. Advierte que, si bien el nivel de lluvias actualmente puede ser similar en términos globales, el cambio climático “sí ha provocado que ahora las lluvias sean más torrenciales y localizadas".

Precisamente ayer, ingenieros y ecologistas reclamaron una revisión de presas y embalses en la semana en la que las lluvias torrenciales del último mes y medio han disparado la reserva hídrica a 43.351 hectómetros cúbicos (hm3) y un nivel del 77,3% de su capacidad, el punto más alto en el que se han encontrado los embalses en esta semana del año desde 2014.

Falta de inversión desde 2008

El presidente de la Asociación de Caminos, Canales y Puertos, José Trigueros, considera que que estas estructuras tienen que ser revisadas. Desde su punto de vista, las Confederaciones Hidrográficas "saben que hacer", pero que "no tienen ni suficientes medios humanos, ni suficientes recursos económicos" para llevar a cabo las revisiones necesarias.

Colectivos como Greenpeace han avisado esta semana de que "las compuertas, válvulas y desagües de fondo de construidos en los años 50 y 60 están llegando al final de su vida operativa segura" y ha pedido modernizarlos ya que las infraestructuras antiguas "carecen de la agilidad necesaria" para gestionar las "avenidas sólidas" que traen las nuevas borrascas.

Un reciente informe elaborado por Typsa y la Asociación de Constructores y Concesionarios de Infraestructuras (SEOPAN) cifra en 104.000 millones en los próximos diez años las inversiones que requeriría una correcta gestión del agua y de las infraestructuras existentes en torno a ella. En este caso también se denuncia una progresiva reducción de las inversiones cuyo inicio fijan en 2008. Una caída que en términos de PIB habría pasado de representar el 5,1% al 3,1% actual. Planes hidrográficos que no se ejecutan completamente y cuyos incumplimientos se van acumulando.

Multiplicar por seis la inversión

El presidente de Seopán, Julián Núñez, asegura que las inversiones en el caso de las presas e infraestructuras hidráulicas deberían multiplicarse “por seis para regresar a los niveles de 2009”. En el caso de las presas del Estado, la inversión para el periodo 2026-2035 se estima en 4.644 millones, de los que la inmensa mayoría, 2.950 millones, se destinaría a la mejora de los desagües y otros 1.182 millones a la inversión en programas y medios de auscultación.

Inversiones elevadas para las que Núñez reclama medidas de apoyo financiero de la administración para que los titulares de las presas, en su mayoría concesionarias privadas, las acometan: “La ausencia de un marco financiero que garantice su ejecución hace imposible garantizar su cumplimiento”. Planes hidrológicos que no se cumplen y cuyos incumplimientos se suman a las cada vez mayores exigencias que impone la UE.