La Audiencia Nacional ha confirmado que juzgará al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras doce personas por contratar entre 2004 y 2016 al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su entramado empresarial, el Grupo Cenyt, para la realización de encargos presuntamente ilegales.

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Así consta en un auto de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso El Independiente, en el que los magistrados rechazan los recursos presentados contra el cierre de la instrucción. La Sala respalda la tesis del instructor, el magistrado ahora jubilado Manuel García-Castellón y de la Fiscalía Anticorrupción y considera que no resulta creíble el desconocimiento alegado por la entidad bancaria sobre las actividades encargadas a Villarejo.

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El tribunal avala que los hechos sean enjuiciados como delitos continuados de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos, al apreciar indicios suficientes de que los trabajos contratados al antiguo policía implicaron el acceso ilícito a información reservada y datos de carácter personal sin autorización judicial.

Fuentes jurídicas cercanas a González señalan que "asume la decisión de la Sala con tranquilidad, y en el juicio oral tendrá la oportunidad de esclarecer todas las dudas y demostrar con hechos su inocencia".

Además del banco y de su expresidente, la Audiencia Nacional confirma el procesamiento de varios exdirectivos del BBVA, entre ellos el que fuera responsable de Seguridad Julio Corrochano, el exconsejero delegado Ángel Cano, el exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu y el exdirector de Riesgos Antonio Béjar.

La Sala pone el foco en el sistema de prevención y control de delitos del banco y concluye que no era eficaz, al dejar fuera de cualquier mecanismo de supervisión a la Presidencia Ejecutiva y a la alta dirección. Según los magistrados, existía un núcleo de responsables que podía actuar al margen de los controles internos y cuyas órdenes eran ejecutadas sin cuestionamiento por los subordinados.

En el caso concreto de González, los jueces subrayan que algunos contratos con Cenyt fueron ordenados directamente por el entonces presidente del BBVA, quien ya conocía los métodos de la empresa tras experiencias previas. A juicio de la Sala, no es irrazonable concluir que recurrió a Villarejo después de que otros medios de investigación no dieran resultado.

Los magistrados consideran igualmente razonable inferir que González era consciente de que la información obtenida por Cenyt se conseguía sin respetar la legalidad, mediante el uso de funcionarios policiales para acceder a datos íntimos y a bases de datos reservadas, con injerencia en derechos fundamentales y sin cobertura judicial.

La decisión ahora confirmada trae causa del auto dictado en junio de 2024 por García Castellón, que puso fin a la instrucción de la pieza separada 9 del 'caso Villarejo' y propuso sentar en el banquillo al banco, a su expresidente y al excomisario por estos hechos.