El Gobierno ha confirmado la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta, al menos, el 8 de junio de 2030. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de sus dos reactores mediante una orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), poniendo fin a meses de incertidumbre sobre el futuro de la instalación extremeña.
El Gobierno justifica finalmente la prórroga por el nuevo contexto energético internacional, marcado por la volatilidad de los precios del gas y la situación geopolítica en Oriente Medio. Según la resolución, mantener Almaraz operativa hasta 2030 tendrá un impacto "acotado y poco significativo" sobre el despliegue de las renovables y permitirá contribuir a reducir la dependencia del gas. De este modo, la central que durante meses estuvo abocada al cierre se convierte ahora en una instalación con autorización para seguir produciendo electricidad al menos hasta junio de 2030, aunque siempre bajo la supervisión y las exigencias de seguridad del CSN.
La decisión supone modificar el calendario de cierre que estaba vigente desde 2020. Almaraz I tenía prevista su desconexión para el 1 de noviembre de 2027, mientras que Almaraz II debía dejar de operar el 31 de octubre de 2028. La nueva autorización permite que ambas unidades continúen funcionando durante un periodo adicional, siempre sometidas a las condiciones e instrucciones de seguridad establecidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
"Protege de miles de empleos"
María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha celebrado la decisión del Gobierno señalando que "da certidumbre a una comarca" y "protege miles de empleos". A través de redes sociales ha afirmado que con la continuidad de la central nuclear "seguirá latiendo una parte esencial de nuestra tierra" y ha destacado que mantiene en Extremadura "una actividad que durante décadas ha sido fundamental para la vida de tantos pueblos y familias que dependen de ella".
La presidenta extremeña ha considerado además que con esta decisión "se hace justicia con una central que es parte inseparable de la historia y el desarrollo de Extremadura" y ha agradecido a "toda la sociedad extremeña" su movilización en defensa de la continuidad de la planta.
Incertidumbre tras 2030
La prórroga pone fin a un proceso que las tres propietarias de la planta —Iberdrola, Endesa y Naturgy— comenzaron a impulsar formalmente en 2025. Las compañías defendían que la instalación podía seguir funcionando al menos hasta 2030 y reclamaban modificar el calendario de cierre pactado con el Gobierno en 2019. En mayo de 2025, El Independiente adelantaba que las tres eléctricas preparaban una propuesta conjunta para prolongar la actividad de las centrales nucleares hasta 2030.
Durante meses, sin embargo, la continuidad de Almaraz estuvo lejos de estar asegurada. En abril de 2025, el tiempo para revertir el cierre se agotaba y mientras no hubiera una propuesta concreta de las compañías, el escenario oficial seguía siendo la desconexión del primer reactor en 2027. La incertidumbre afectaba también a los municipios del entorno, que habían reclamado públicamente evitar la clausura de una instalación considerada fundamental para la economía de la comarca.
La situación llegó a complicarse durante el verano. En julio, se describía a Almaraz como una central en "vía muerta", ante la falta de avances entre el Gobierno y las compañías y el mantenimiento del calendario de cierre. La negociación estaba condicionada por las diferencias sobre los costes de mantener abiertas las centrales, la fiscalidad y la denominada tasa de Enresa, mientras el Ejecutivo insistía en que cualquier prolongación debía garantizar la seguridad de suministro y no generar un coste adicional para los contribuyentes.
El escenario comenzó a cambiar en octubre del año pasado. Las tres propietarias confirmaron que trabajaban en una petición formal para prolongar la vida útil de Almaraz hasta 2030, mientras la planta continuaba simultáneamente con los trámites administrativos asociados a su eventual cierre. La decisión definitiva seguía en manos del Gobierno y pendiente de la evaluación del regulador nuclear.
La incertidumbre se prolongó durante los meses siguientes y tuvo también una dimensión económica y social. Más de 800 empleos fijos y otros 1.200 vinculados a los periodos de recarga dependen de la actividad de la central, además del impacto sobre los presupuestos de numerosos municipios de la zona. En paralelo, las compañías defendían que habían mantenido un importante esfuerzo inversor para garantizar las condiciones técnicas de la instalación.
El aval del CSN
El último paso técnico llegó el pasado 16 de julio, cuando el Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe favorable a la renovación solicitada, condicionado al cumplimiento de los límites y exigencias de seguridad nuclear y protección radiológica. El dictamen abrió la puerta a que el Ejecutivo adoptara la decisión definitiva. La orden publicada ahora establece precisamente que la continuidad de Almaraz queda subordinada al estricto cumplimiento de las condiciones fijadas por el organismo regulador.
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